La Comisión de Investigación de las Fiestas de Castellón cierra las comparecencias y se cita para conclusiones a finales de abril
Los exalcaldes de Castellón, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, y el exconcejal de Fiestas, Ximo Torres han confirmado por escrito, que respetaron la autonomía de la Junta de Fiestas para gestionar, contratar y organizar, en función de los estatutos de 1988, hasta finales del 2014; pero también, la falta de medios para poder fiscalizar las cuentas desde el Patronato, de nueva creación, entre 2014 y 2015. La Comisión de Investigación cierra las comparecencias y se cita para finales de abril.
Esperanza Molina /Castellón Información
Esta tarde ha concluido de forma oficial la Comisión de Investigación de las Fiestas de Castellón, en lo que concierne a comparecencias y presentación de declaraciones.
El acto ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde, además de los políticos, los funcionarios y los periodistas, han estado presentes estudiantes de periodismo de la Universidad Jaume I de Castellón.
Hoy no ha habido comparecencias. La presencia de declarantes se cerró ya en el mes de enero con los representantes actuales de las fiestas.
Pero quedaban temas por tratar, como la lectura de las respuestas remitidas por escrito, de los exalcaldes de Castellón, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, así como del exconcejal delegado de Fiestas, Ximo Torres.
El último excusó su asistencia personal por motivos médicos. Los otros dos ya confirmaron en su día, que no comparecerían pero que responderían a las preguntas que se les formulara, por escrito.
De esta manera, hoy se han leído esas declaraciones.
En los tres casos la batería de preguntas fue muy amplia pero las respuestas han mostrado una total coincidencia en numerosos aspectos.
Por ejemplo, los tres han señalado la total autonomía e independencia de las Juntas de Fiestas, en función de los estatutos que fueron aprobados por el Ayuntamiento, con el respaldo unánime de todos los grupos municipales en 1988.
Los tres han señalado, que desconocían si la Fundación de Fiestas, como tal, estaba registrada, porque cuando estuvieron al frente suponían que, pasados tantos años, ya debería haberlo estado desde que se constituyó en 1988.
Los tres han señalado también, que no contrataron, no fiscalizaron las contrataciones por separado, que la Junta de Fiestas podía gestionar, podía contratar, podía programar, y solo estaba obligada a presentar su presupuesto para ser incorporado a las previsiones económicas de la gestión municipal anual, y su liquidación posterior, también, para ser incorporado a la liquidación del presupuesto municipal, después de ser aprobado por el Patronato Municipal de Fiestas, que siempre lo respaldó de forma unánime.
Ese presupuesto, una vez liquidado, se transformaba en cifras contables y se pasaba al control del Tribunal de Cuentas.
De esta manera, ninguno de los tres admitió conocer nada sobre contrataciones, declaraciones a la Seguridad Social, o declaraciones a Hacienda.
No supieron si se contrataba a menores, si se respondía por los trabajadores ni sus cotizaciones. No supieron nada, porque la Junta presentaba el antes y el después como hechos consumados pero “con mucha documentación”, indicaron los tres por separado.
De la misma manera, reconocieron también que las objeciones del secretario y el interventor fueron repetidas, siempre las mismas y de forma periódica, cuando se presentaban los presupuestos de Fiestas y cuando se cerraban, pero reiteraron, nunca se realizaron objeciones puntuales sobre ninguna contratación.
Visto de esta manera, los dos excalcaldes y el exconcejal de Fiestas, señalaron que entendían que se trataba de una “situación regular”, porque se realizaba según estatutos aprobados por unanimidad en 1988, y respaldados siempre por todos los grupos políticos.
Declararon también, que era la Junta la que contrataba y adjudicaba, sin concurso publico, amparada por sus estatutos, que las Corporaciones que los precedieron respetaron, en función de como se crearon en 1988.
¿Cuándo cambiaron las cosas?, les preguntaron. Y también aquí hubo coincidencia en las declaraciones, cuando se aprobó que Castellón tenía que someterse a las normativas de ‘Gran ciudad’ y se reconoció a Castellón como tal.
De esta forma, se iniciaron los cambios para transformar los estatutos de la Junta de Fiestas, constituir un Patronato, y modificar el sistema de control. Esto sucedió a lo largo de 2014.
Durante este ejercicio y, coincidiendo con lo que afirmaron en su día los técnicos municipales, 2014 fue un año de transición. Cuando el Ayuntamiento aprobó el presupuesto e incorporó los números de la Fiestas, lo hizo a la antigua usanza; cuando se liquidó el presupuesto del 2014, también. Era un periodo de transición.
¿Qué ocurrió para que 2015 no fuera muy diferente a los anteriores ejercicios?. Otra vez coincidencia de criterios entre Alfonso Bataller y Ximo Torres (Alberto Fabra ya no estaba en Castellón, ejercía como presidente de la Generalitat). Y la culpa, dijeron, la tuvo la crisis. En función e la Ley de Administraciones locales y la estabilidad de las instituciones, se controlaron los pagos, la deuda, las inversiones, los préstamos… pero también lo que se denomina oficialmente como ‘tasa de reposición’, que en lenguaje coloquial es la convocatoria de plazas para la contratación de personal.
El Ayuntamiento estaba en crisis, afirmaron, no tenía capacidad para incorporar nuevos trabajadores, ni personal suficiente para dotar al Patronato de Fiestas de los técnicos que hubiera necesitado para ejercer un mayor control fiscalización de la gestión de la Junta de Fiestas.
Y así, llegaron las elecciones, el cambio de gobierno, el relevo al frente de la Junta de Fiestas…
Y aquí la única nota chirriante de la jornada, lo concerniente al ‘dinero de caja’, que se autorizaba para que la Junta de Fiestas pudiera hacer frente a temas puntuales.
Un procedimiento que el exconcejal de Fiestas, en su declaración, consideró habitual, porque la Junta tenía que pagar gastos que no podían retrasarse y, que pese al informe discordante de los técnicos, dijo, se hacía antes y se ha hecho ahora con respecto a la gestión de la actual Junta de Fiestas del 2016.
Pero… ¿Si es así… por qué los concejales del Grupo Municipal Popular votaron en contra de la liquidación de la cuenta de caja en julio de 2015?, planteaba otra de las preguntas que se le formularon. A lo que Ximo Torres respondió, sin cortarse un pelo, (en su texto por escrito): “no lo se, que se lo pregunten a Carlos Feliu y María España”.
Y no hubo mucho más.
En una declaración por escrito no se podían presentar nuevas preguntas, pedir aclaraciones ni matizar contenidos. Había lo que había.
La Comisión de Investigación de las fiestas cerraba su fase comparecencias, de recogida de datos, al menos en lo que concierne a testimonios.
Ahora toca la segunda parte. Los grupos municipales deberán estudiar toda la documentación recogida y realizar sus conclusiones, si es que no las tienen ya, o no confirman las que ya tenían antes de las comparecencias.
El Grupo Municipal Popular ha solicitado tener acceso a datos sobre los dos últimos años, sobre todo, a las actas de la Junta de Fiestas…
Poder acceder por vía informática y poder trabajarlo por la tarde… Y aquí un problema, porque la jornada de los técnicos municipales no se prolonga por la tarde, y como se comentó a este respecto, El Ayuntamiento ya había tenido que contratar a una persona, de forma extraordinaria para que recopilara toda la información que se ha ido utilizando en la Comisión. Un gasto añadido. ¿Querría el PP incrementarlo?, pensaron algunos.
De momento, la Comisión se disuelve, pero se cita para el próximo 24 de abril. Para entonces, habrán pasado ya las Fiestas de la Magdalena del 2017. Habrá discurrido incluso la Semana Santa. Y será la primera reunión para intentar consensuar conclusiones. Lo que salga para entonces… El tiempo lo dirá.
