En el debate sobre los flujos migratorios masivos suele imponerse una narrativa bienintencionada pero profundamente ingenua: la idea de que los desafíos demográficos se solucionan sumando números al censo, como si las personas fueran únicamente unidades de producción. Sin embargo, el verdadero examen de cualquier política de regularización no se mide en el mercado laboral del primer mes, sino en la ventanilla del centro de salud, en la ratio de las aulas y en las listas de espera del quinto año. La sostenibilidad de nuestro estado del bienestar no es elástica; tiene costuras, y están a punto de reventar.
Pretender incorporar a millones de nuevos ciudadanos a medio plazo a través de la reagrupación familiar —una proyección que equivale a incrementar la población nacional en un diez por ciento— sin un plan de contingencia presupuestario es un ejercicio de funambulismo político. El problema no estriba en la procedencia de quienes llegan, sino en la física más elemental del sector público: es imposible dar servicio a más usuarios con las mismas infraestructuras. Nuestro sistema de bienestar ya arrastra deficiencias estructurales crónicas; inyectarle una demanda masiva y concentrada en el tiempo es la receta perfecta para el deterioro definitivo de lo común.
Pensemos en la sanidad. El Sistema Nacional de Salud ya se encuentra en una situación de huelga encubierta y saturación estructural, con la atención primaria desbordada y citas con especialistas que se demoran meses. La llegada de grandes contingentes poblacionales requiere dotaciones sanitarias inmediatas. Pero los recursos humanos no se crean por decreto: formar a un médico especialista en España exige más de una década de inversión y formación académica. Introducir millones de cartillas sanitarias adicionales al sistema sin haber multiplicado previamente el personal médico solo se traduce en una cosa: peor atención para todos y mayor desprotección para los más vulnerables.
La educación pública corre la misma suerte. El reto no se limita a poner más sillas en las aulas. Una integración social efectiva exige aulas de acogida, profesores de apoyo y programas específicos de inmersión lingüística y cultural para evitar que los colegios de determinados barrios se conviertan en guetos de segregación socioeconómica. Cuando el Estado firma autorizaciones masivas pero se desentiende de la financiación educativa posterior, condena a las escuelas públicas a gestionar la precariedad, dinamitando el ascensor social que la educación debería garantizar.
A esto se suma el colapso administrativo y de seguridad. Desde la tramitación de expedientes en unas oficinas de la Seguridad Social ya colapsadas, hasta el despliegue policial necesario para garantizar la convivencia en barrios que crecen a un ritmo vertiginoso. Formar a un policía de la Escala Básica requiere un mínimo de tres años entre oposiciones, academia y prácticas. Las infraestructuras de transporte, los servicios sociales de los ayuntamientos y el acceso a la vivienda —hoy convertido en un drama nacional— sufren el mismo desfase temporal: los proyectos urbanísticos tardan lustros en materializarse, mientras que la presión demográfica se ejerce desde el primer día.
El error de cálculo es mayúsculo. Quienes defienden estas medidas bajo la premisa de salvar las pensiones olvidan que una parte sustancial de la población reagrupada ingresa directamente en las llamadas clases pasivas (menores en edad escolar y ascendientes mayores de 65 años). No se está aliviando la carga del Estado; se está multiplicando.
La verdadera solidaridad y la cohesión social no consisten en abrir la puerta para luego repartir escasez. Si queremos seguir presumiendo de una sanidad universal, una educación digna y unos servicios públicos de calidad, debemos entender que la capacidad de acogida de un país está estrictamente ligada a su capacidad de inversión estructural. Ignorar esta realidad no nos hace más humanitarios, solo nos hace más irresponsables.
A todos los buenos maestros les gusta rematar sus clases con un gran ejemplo que ilumine a sus alumnos, los ejemplos presentan una mayor dificultad cuando debe ser previsiones de futuro inciertos, porque para ello se debe teorizar mucho sin saber si vas a acertar exactamente. De igual modo si intentamos calibrar el impacto en nuestra sociedad de esta última regularización extraordinaria, ya que desde algunas ópticas sociales podría decirse que inyectar esa cantidad de activos humanos podría tener muchos beneficios, en un país con una de las tasas de natalidad más baja de la UE y de envejecimiento acelerado de la población, siendo beneficioso para la sostenibilidad de las pensiones o para la revitalización de las zonas rurales, es teorizar y dar ejemplos no contrastados, de la misma forma que si describiéramos todos los efectos negativos de un choque demográfico expansivo como ese.
La invasión sufrida este verano en Ceuta, si en un primer momento desvió nuestra atención a un problema más propio de una guerra hibrida o de graves alteraciones del orden público, pasados más de dos meses y cronificado el problema, nos ofrece una visión que nos abre la perspectiva al ejemplo del maestro que hablábamos antes, en estos momentos lo que tiene Ceuta es una población inyectada de forma súbita de más del 10% de su población habitual y que es lo que ocurre, y aquí ya no hay que teorizar, que se han producido determinados efectos muy claros en la habitabilidad ordinaria de la ciudad, en principio hay una saturación general demográfica en la urbe, los espacios públicos no son respetados, la convivencia está enrarecida, hay un aumento objetivo de la delincuencia y una inseguridad que se palpa en sus habitantes, los servicios públicos están desbordados y no cumplen su función, y existe el temor de un estallido social imprevisto en su forma y alcance.
