El presupuesto no entrará en función, como pronto, en mayo, y no podrá ejecutarse a lo largo de 2020
El Grupo Municipal Popular ha denunciado la situación de parálisis que vive el Ayuntamiento de Castellón como consecuencia de los desacuerdos internos del Acuerdo de Fadrell. El presupuesto, ha indicado Begoña Carrasco está prorrogado y el de 2020, como pronto, no entrará en vigor hasta el mes de mayo, eso significa que no se podrá ejecutar el apartado de inversiones y no se sacan a concurso servicios con contratos caducados. "Es un verdadero desastre"
EM/ Castellón Información
El Grupo Municipal Popular ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar la situación de parálisis en que vive el Ayuntamiento de Castellón. Las crisis internas del Acuerdo de Fadrell, se ha traducido, indicaba Begoña Carrasco, en una prórroga de los Presupuestos de 2019 y un retraso de tal cariz de los del 2020, que, aunque los aprobaran durante el mes de febrero, no estarían en vigor hasta el mes de mayo.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denuncia el bloqueo provocado por la crisis de gobierno que impide que se hagan inversiones estratégicas para la ciudad. “El Desacord de Fadrell sí tiene consecuencias para los castellonenses. Con un presupuesto prorrogado no hay margen para aprobar nuevos contratos de obras y servicios. No hay gestión, no hay inversión, no hay avances y, por tanto, no hay solución a los problemas que tienen los castellonenses”, señala.
Eso genera también, indicaban los populares, en que no se pueden sacar a concurso los contratados caducados, por lo que los servicios necesarios para la ciudad se prorrogan sobre contratos anteriores y las facturas se pagan con reconocimientos extrajudiciales de crédito, informados negativamente por los técnicos municipales. Solo en el pleno del mes pasado, comentaba carrasco, se aprobaban obligaciones de pago por valor de más de 7,5 millones de euros.
Las comisiones plenarias de la semana pasada estaban prácticamente vacías de contenido... "el pleno del jueves va a ser muy, muy cortito".
Carrasco ha aclarado que la ciudad sigue funcionando gracias a los 1.200 funcionarios que todos los días hacen que los asuntos administrativos más inmediatos salgan adelante.
“Por más que lo nieguen los portavoces de los tres partidos del ‘Acord de Fadrell’, no hay gestión, no hay inversión, no hay avances y, por tanto, no hay solución a los problemas que tienen los castellonenses. La ausencia de presupuesto sí tiene consecuencias negativas: bloquea decisiones estratégicas para la ciudad”. manifestaba la portavoz del Grupo Municipal Popular.
En lo que concierne a los contratos caducados, Begoña Carrasco afirmaba: “El Negociado de Compras está trabajando ahora mismo con cuatro contratos de compras y suministros vencidos, desde el 2017. Y otros cinco vencen a lo largo de este año 2020. Y por si todo esto es poco, hay ahora mismo otros 8 contratos de compras y suministros que han sido prorrogados en este año 2020, dentro de la política de prorrogar sistemáticamente los contratos que está siguiendo este Ayuntamiento”.
Y es que, recordaba, con un presupuesto prorrogado no se puede echar mano del dinero. No se pueden aprobar nuevos contratos de obras y servicios. Y es por eso, “que el equipo de gobierno de Amparo Marco aprobó en la última junta de gobierno local, la celebrada el 23 de enero de 2020, una prórroga del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de las zonas de juegos de la ciudad, sabiendo que no iba a poder licitar uno nuevo. Significa esto que el consistorio renuncia a sacar el contrato de nuevo a licitación y, por tanto, los castellonenses salen perdiendo, porque no hay posibilidad de que se presenten más ofertas y disminuya el coste del servicio por la puja de la concurrencia competitiva que lleva aparejado el proceso”, subraya la edil popular.
Para el Grupo Popular, “el desconocimiento, la desidia, la falta de organización y de control del equipo de gobierno de este Ayuntamiento le cuesta a los castellonenses muchos miles de euros, puesto que renunciar a sacar los contratos a concurso supone renunciar también a ahorros de carácter económico, además de cerrar la puerta a un derecho legítimo que tienen todas las empresas de poder trabajar con la administración. Es decir, se rompe el principio de igualdad de oportunidades que debe regir en una institución pública”.
Por otra parte, avanzaba Carrasco, de los contratos que sí consiguen sacar a licitación, acaban recurriéndose, "como ha pasado con el concurso de limpieza de colegios en el que se acaba de presentar un contencioso-administrativo. Que se presenten estas situaciones, podría ser normal, el problema es que que como se abren los concursos tan tarde, ya caducados, no da tiempo a que se resuelvan antes de que venzan".
