La institución recuerda a las administraciones los deberes legales que inciden en una gestión forestal sostenible, planificación territorial y en la coordinación entre administraciones
El Defensor del Pueblo pide a las administraciones reforzar las medidas de prevención de incendios forestales y mejorar la resistencia y recuperación de los montes frente al fuego. Esta solicitud, que se concreta en recordatorios de deberes legales, se formula tras analizar la información recibida de las administraciones en respuesta a una veintena de actuaciones de oficio que la institución inició tras los graves incendios ocurridos el pasado verano, y la necesidad de comprobar el grado de cumplimiento de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en agosto de 2022, a través del Decreto- Ley 15/2022. La implantación de las medidas propuestas, según la información recibida, requiere de un impulso. “Sólo así se podrá hacer frente a uno de los principales problemas medioambientales del país: los incendios forestales como factor de degradación de los ecosistemas naturales”, considera la institución. La provincia de Castellón ha registrado este año un importante incendio que se originó en el mes de marzo en Villanueva de Viver y se prolongó 19 días quemando un total de 4.700 hectáreas. El año pasado también fue escenario de otro gran incendio en Bejís.
El Defensor del Pueblo señala, tanto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como a las comunidades autónomas y a las diputaciones forales, que “el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios. Y esto obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención”.
Para ello, se recuerda que “es necesario avanzar en la implantación de una gestión forestal sostenible y que es aconsejable incrementar la superficie forestal de calidad, donde la mezcla de especies autóctonas aumente la biodiversidad y genere masas forestales con mayor capacidad para recuperarse tras un incendio, e incide en que se ha de priorizar un uso racional del recurso que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales”.
Asimismo, desde la institución se subraya que “la planificación territorial y urbanística ha de preservar el uso del suelo forestal de la urbanización, y que las administraciones públicas tienen la obligación de ejercer rigurosamente la potestad de restablecer la legalidad urbanística con el fin de evitar que se consoliden urbanizaciones ilegales en los montes. Es crucial asegurar la coherencia entre política forestal y urbanística”.
Los recordatorios de deberes legales remitidos apuntan también que “las administraciones públicas han de asumir y enfrentar el incremento de recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción, la indemnización de los daños y la restauración de los montes”.
Es, además, preciso disponer de un marco de actuación e intervención común y consensuado que garantice la coordinación de distintas administraciones y organismos públicos, así como el empleo eficiente de los recursos disponibles. “El fuego no entiende de fronteras ni de competencias por lo que se hace necesario disponer de un marco común que garantice una coordinación eficiente de las unidades de extinción. Las administraciones deben dotarse de equipos multidisciplinares convenientemente formados y capaces de intervenir, no solo en las acciones de extinción sino en la evaluación de las medidas de gestión que haya que aplicar en cada lugar”.
Incendios forestales en 2022
Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que elabora con la información suministrada por las comunidades autónomas, administraciones con competencias exclusivas en la prevención y extinción de los incendios forestales en sus respectivos ámbitos territoriales hasta el 31 de octubre de 2022 en España se habían quemado 265.090 hectáreas forestales.
En cuanto al número, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2022, en España se declararon 10.081 siniestros, 6.939 conatos (menos de una hectárea afectada) y 3.142 incendios (más de una hectárea).
De estos últimos, 56 fuegos se califican como grandes incendios (aquellos de más de 500 hectáreas), una cifra que sólo se ha superado en este siglo en 2006, cuando se contabilizaron 58 grandes fuegos, según la información disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El primer gran incendio registrado este verano se declaró el 8 de junio en el municipio malagueño de Pujerra. Se calcula que fueron destruidas por las llamas en torno a 4.800 hectáreas y alrededor de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas.
El más grave de los fuegos afectó a la Sierra de la Culebra (Zamora), una reserva de la biosfera en la que ardieron casi 30.000 hectáreas en junio y una superficie similar en julio.
