El PSPV denuncia "el plan de Mazón y Camarero para dejar caer las residencias públicas y privatizar su gestión"
La Directora General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), María José Rico, se ha reunido esta mañana con la alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, para abordar la actual situación del CEEM (Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental Crónica) de la localidad. Rico ha señalado que “según un informe elaborado por el arquitecto del IVASS ha visto unas deficiencias y ha aconsejado la evacuación del edificio” y añade que “lo hemos adoptado por un problema de seguridad para los usuarios y familiares y para los trabajadores”.
Desde la Generalitat afirman que se ha procedido al traslado temporal de los usuarios del Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Albocàsser a Bétera. "Esta medida preventiva se ha tomado para garantizar la seguridad de los residentes y del personal, tras un informe técnico que ha alertado sobre posibles daños estructurales en el edificio y ha considerado necesaria la evacuación".
María José Rico ha señalado que la Generalitat está trabajando en una solución definitiva “que garantice un entorno seguro y digno para los usuarios del servicio" y ha recalcado que "no estamos cerrando el centro, estamos protegiendo a las personas. Nuestra voluntad es mantener este recurso en la provincia de Castellón, mejorarlo y seguir avanzando en la calidad de los cuidados".
Además, ha subrayado que, desde el IVASS, "se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar una transición tranquila, respetuosa y acompañada tanto para los usuarios como para los trabajadores del centro, con la colaboración y acuerdo de usuarios y familias, así como del Comité de Empresa". En este sentido, ha informado que se han iniciado los trámites para hacer efectivo el traslado de los 25 residentes y los profesionales a las nuevas instalaciones del CEEM del IVASS en Bétera, mientras que las personas usuarias del servicio diurno serán atendidas en el Hospital Provincial de Castellón.
La responsable del IVASS señala que “vamos a enviar los usuarios y trabajadores a un centro que tenemos en Bétera, esto es provisional porque tenemos que adoptar luego otra solución definitiva”. Rico afirma que “cuando llega Mónica Oltra en 2018 se revierte este centro al sistema público, promete una serie de obras, pero la realidad es bien distinta porque nos encontramos con que el gobierno del Botánic invirtió únicamente unos 20.000 euros en parchear la cubierta del edificio y esto contrasta con toda la política que ha hecho el gobierno del Botánic en estos 8 años de abrir, inaugurar y construir centros nuevos desantendiendo por completo los que tenían, por ejemplo el de Albocàsser”.
Albalat: "Es la Generalitat quien debe mantener estas instalaciones"
Estas afirmaciones las ha realizado tras las manifestaciones realizadas esta mañana en una rueda de prensa convocada por el PSPV en la que alcaldesa de Albocàsser ha explicado que “hace cerca de dos semanas, de repente, nos comunicaron que el centro de enfermos mentales crónicos que funciona desde 2005 está en ruinas y que hay que desalojarlo”.
Albalat ha señalado directamente a Mazón y Camarero por haber llevado el centro a esta situación. “Es la Generalitat quien debe mantener estas instalaciones, y no lo ha hecho. Ahora quieren cerrar el centro y enviar a los residentes a un polígono industrial de Bétera, lejos de sus vidas, de sus rutinas y del pueblo donde están plenamente integrados”, ha criticado. “El centro no es un hospital, es su casa. En Albocàsser viven, trabajan, van al bar… Se les rompe la vida”.
La alcaldesa ha denunciado que “la situación actual del centro es de absoluta incertidumbre”. “El desalojo todavía no se ha ejecutado, pero el abastecimiento de alimentos ya empieza a fallar. Los trabajadores no saben qué será de su futuro laboral. Y, además, cuando intentamos acceder al centro con un técnico para comprobar el estado real del edificio, nos impidieron la entrada. Eso no es una forma de gobernar ni de respetar a un pueblo que siempre ha estado al lado de este proyecto y de esta gente”.
El PSPV denuncia que "Mazón desmantela los servicios públicos"
En la comparecencia ante los medios, el PSPV-PSOE ha denunciado este martes que Mazón y Camarero “han pisado el acelerador” en su plan de desmantelamiento de los servicios sociales públicos con el único objetivo de “favorecer el negocio privado a costa de la dignidad y la atención de las personas más vulnerables”. La coportavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, ha señalado que “nada les importa cuando hay dinero de por medio, aunque eso signifique repetir el modelo Cotino y recortar en lo más esencial, como son los derechos y la vida de las personas”.
En una rueda de prensa acompañada por las alcaldesas socialistas de la Vall d’Uixó, Tania Baños, y la de Albocàsser, Isabel Albalat, Gómez ha advertido que el Consell “está dejando caer deliberadamente los recursos sociales de gestión pública mientras abre la puerta a su privatización con una vergonzosa modificación de la ley de servicios sociales inclusivos”.
Los casos de la Vall d’Uixó y Albocàsser, ha subrayado, son “dos ejemplos claros del desprecio del gobierno de Mazón y VOX a las personas mayores, con dependencia o enfermedades mentales crónicas”. En la Vall, según han explicado, se ha comunicado el cierre de la residencia de personas mayores sin ninguna alternativa para los usuarios, mientras que en Albocàsser, han señalado que se ha ordenado el desalojo inminente del centro para enfermos mentales crónicos —sin informar al ayuntamiento— que ahora serán trasladados a otras instalaciones ubicadas a dos horas de la localidad y con pocas garantías para las trabajadoras.
“Estamos ante las consecuencias de una política hecha por y para unos pocos, que baja impuestos a las grandes élites económicas mientras empobrece los servicios públicos que necesita la mayoría de los valencianos y valencianas”, ha afirmado Gómez. “Han destruido el Pla Convivint y han dicho abiertamente a los ayuntamientos que no construirán más infraestructuras sociales públicas, pero sí que pueden contactar con empresas privadas. Eso es el mismo esquema que vimos con Cotino”, ha añadido.
El caso de la Vall d'Uixó
La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha lamentado que la consellera Susana Camarero haya "ignorado" durante meses cerca de 50 peticiones de reunión y que la única respuesta de su gabinete "haya sido para comunicar el cierre de la Llar Sagrada Família sin ninguna alternativa sobre la mesa". “Quizá la consellera está demasiado ocupada intentando salvarle los muebles judicialmente al president Mazón y por eso no tiene tiempo para escuchar a los alcaldes y alcaldesas que le trasladamos problemas reales”, ha señalado. “La Vall d’Uixó no merece este trato”.
Ante esta situación, ha explicado, “desde el ayuntamiento hemos tenido que asumir por nuestra cuenta y riesgo la búsqueda de una solución para garantizar la seguridad de los residentes y evitar que sean trasladados a otros municipios. Ahora podrán seguir viviendo en la Vall, en unas instalaciones nuevas y dignas de forma temporal, a la espera de que la Generalitat construya una nueva residencia en nuestra ciudad”, ha afirmado. A este respecto, ha recordado que el consistorio ya se ha adelantado y ha ofrecido a la consellera terrenos públicos en el Carmadai para construir una nueva residencia.
Por otro lado, Baños ha desmontado los intentos de la Conselleria de responsabilizar al ayuntamiento por no haber hecho obras estructurales en la residencia para evitar el cierre. “Estamos hablando de una competencia exclusivamente autonómica. Pedir a un ayuntamiento que invierta 10 millones de euros en una residencia es como pedirle que construya una escuela. No tenemos ni la competencia, ni la capacidad legal ni económica para hacerlo”, ha incidido.
El Ayuntamiento ni ha realizado las reformas necesarias ni ha buscado soluciones, limitándose ahora a anunciar unilateralmente su cierre, de una residencia que gestiona y de cuyo edificio tiene el derecho de usufructo, ya que es titularidad de un tercero.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales desmienten que el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó asuma el coste de los mayores, ya que esas plazas están financiadas a través del contrato programa de la Conselleria de Servicios sociales por un valor de 1.737.123,84 euros.
La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha tenido y tendrá como prioridad el bienestar y la seguridad de los mayores de la residencia Sagrada Familia de La Vall d’Uixó.
Frente a la falta de gestión y dejadez del Ayuntamiento, el Consell ha garantizado en todo momento la financiación de las plazas mediante el contrato programa de la Conselleria, con la inversión anual de más de 1,7 millones de euros.
Cabe recordar que la residencia es de gestión municipal financiada por la Generalitat pero el inmueble donde se ubica es propiedad de un tercero.
Una residencia que no cumple la normativa y que el Ayuntamiento no ha reformado
Ante esta situación y con informes negativos de octubre de 2023 tanto del ingeniero técnico industrial municipal como de los técnicos de la Conselleria en los que concluyen que el edificio incumple la normativa vigente en materia de seguridad, el Ayuntamiento ni ha reformado el centro ni ha buscado ninguna solución que no sea traspasar la residencia a la Generalitat.
El actual gobierno autonómico ha mantenido varias reuniones con la alcaldesa y el concejal de servicios sociales para solucionar este problema. Pero el traspaso que exige el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó no es posible, porque la Generalitat no está legitimada a adquirir el inmueble donde se ubica la residencia. Es imposible transmitir el derecho de titularidad de la residencia del ayuntamiento a la Generalitat porque la titularidad del derecho es de un tercero (Caixa Rural Sant Isidro). La única titularidad sobre infraestructuras que el ayuntamiento podría transferir sería la del derecho de usufructo (no de propiedad) sobre el inmueble en el que se ubica la residencia.
Un traspaso imposible que pretende ocultar su inacción
El Ayuntamiento de La Vall d’Uixó ha intentado justificar su inacción exigiendo a la Generalitat la asunción de la residencia, pero este traspaso es inviable, ya que el inmueble no es de titularidad municipal sino de Caixa Rural Sant Isidro.
La Generalitat no puede adquirir la propiedad de la residencia ni asumir al personal municipal, ya que el edificio pertenece a un tercero. La única opción del Ayuntamiento sería transferir el derecho de usufructo, no la propiedad, lo que en ningún caso soluciona el problema de fondo.
La Generalitat garantiza la atención a los mayores
Desde el Consell afirman que "siguen apostando por la colaboración público-privada y mantiene su compromiso con los mayores, garantizando la financiación de las plazas tal y como lo ha hecho hasta ahora. La prioridad de la Generalitat ha sido, es y será velar por la seguridad y el bienestar de los mayores, trabajando para que ningún residente quede desatendido".
En última instancia, el PSPV registrará preguntas parlamentarias y una Proposición No de Ley para exigir el mantenimiento de todos los recursos sociales públicos y evitar su traslado. “Gobernar es proteger a los más vulnerables, no entregarlos a los intereses privados”, ha añadido Gómez.
