El PP pide respeto a la alcaldesa de Onda y amenaza con romper el pacto de lealtad si se ataca a los ayuntamientos
La Diputación de Castellón ha aprobado hoy el Plan Castellón 135, que conllevará inversiones para los municipios de la provincia y ha reclamado por unanimidad las ayudas de Gobierno y el Consell para recuperar las playas tras el temporal Gloria. En ruedos y preguntas, la diputada Vicente-Ruiz del PP ha pedido respeto de la Diputación a los ayuntamientos y, concretamente para la alcaldesa de Onda. De no ser así amenazan con romper el pacto de lealtad.
EM/ Castellón Información
La Corporación Provincial ha celebrado pleno ordinario, de forma telemática, en el que ha aprobado definitivamente el Plan de cooperación provincial de obras y servicios de la Diputación Provincial de Castellón, para el año 2020.
Los puntos fundamentales de la sesión de hoy se han centrado en la necesidad de recuperar la provincia, el litoral y su interior para hacer frente tanto al temporal Gloria y sus efectos, como a las consecuencias económicas de la pandemia del Covid.
Agilizar ayudas del temporal Gloria
En este sentido, se ha aprobado una moción del Partido Popular, con una enmienda de adhesión de PSOE, sobre la necesidad de agilizar las ayudas por los daños ocasionados por el temporal Gloria en el litoral de Castellón.
Este punto que, finalmente ha salido adelante por unanimidad ha presentado dos versiones de una misma película. La defendida por Ciudadanos (Cristina Fernández) y PP (Vicent Sales), y la planteada por PSOE (Santi Pérez) y Compromís (Ignasi Garcia).
Si todos estaban de acuerdo con la necesidad de invertir en estas infraestructuras, las divergencias se centraban en aspecto de índole política. Según Fernández, las ayudas de Bruselas para el temporal Gloria no han llegado a la provincia, porque el Consell y el Gobierno central no han cumplido sus deberes.
En la misma línea, Sales indicaba que todos los mecanismos que comenzaron a ponerse en marcha en marzo se paralizaron tras el decreto de Alarma, y son los municipios los que con mucho esfuerzo y pocos medios intentan mejorar la imagen del litoral para no perder totalmente la temporada turística.
Por parte de Compromís, Ignasi Garcia ha votado a favor, porque no se puede dar la espalda a las inversiones que merece la provincia. Pero todo ello después de indicar que la regresión del litoral es consecuencia de malas prácticas urbanísticas y grandes macro construcciones como la del Puerto de Valencia.
El Grupo Socialista ha dado una de cal y otra de arena. Santi Pérez ha apostado por las inversiones en el litoral, pero ha defendido a los gobiernos autonómicos y central, porque la situación de la emergencia sanitarias ha provocado retrasos.
Paralelamente también ha apoyado la recuperación de las infraestructuras marítimas de la costa, al tiempo que se ha sumado a las críticas efectuadas por sus socios en cuanto a que el litoral de Castellón está en plena regresión, y la contaminación ha provocado un cambio climático, por lo que cada vez será más difícil hacer frente a los temporales de mar y nieve.
Con todo, después de aprobada la moción, la Diputación también respaldaba por unanimidad una Declaración Institucional para paliar los daños ocasionados por las lluvias registradas entre el 31 de marzo y el 1 de abril.
La mayor polémica de este pleno giró en torno a moción, presentada por el grupo Popular, para “solicitar al Gobierno de España la suspensión de la disposición adicional cuarta del anteproyecto de ley de educación (ley CELAÁ) relativo al cierre de los centros de educación especial”. Y se volvió a enredar en el turno de Ruegos y Preguntas.
Educación Especial
Como ya había anunciado, el Grupo Popular entiende que el Gobierno prepara en su nueva Ley de Educación un cierre progresivo de los Centros de Educación Especial.
Esta posibilidad ya generada ya el temor de los padres de los niños con discapacidad que ahora reciben programas especiales para su educación y la superación de sus problemas. “no hablamos por nosotros, hablamos por los padres”, explicaba la diputada Elena Vicente-Ruiz, que consideró abusivo que el plazo de alegaciones se hubiera cerrado el 25 de abril en pleno estado de emergencia sanitaria. También preguntaba si Diputación piensa hacer dejación de sus funciones con el centro de Penyeta Roja.
Le respondió la vicepresidenta Patricia Puerta. La diputada del PSOE desmintió que la Ley de educación tuviera ese objetivo. Señaló que se había comenzado a tramitar antes del estado de alarma y manifestó que no había intención de cerrar estos centros.
La moción fue rechazada con los votos de PSOE y Compromís.
El PP amenaza con romper el acuerdo de lealtad
Ya en Ruegos y Preguntas, la diputada popular, Elena Vicente-Ruiz apeló a ‘la buena filosofía’ de José Martí (el presidente sonreía al escucharla), para pedir respeto por todos y cada uno de los 135 municipios de la provincia. El fondo de su alegato se centraba en las críticas realizadas desde el equipo de Gobierno de Diputación contra la alcaldesa de Onda. “Los 135 alcaldes merecen un respeto. Lamentablemente un diputado del equipo de Gobierno increpó a la alcaldesa Carmina Ballester”. De persistir o repetirse este comportamiento, amenazó, el Grupo Popular romperá el acuerdo de lealtad y de consenso. Martí no respondió.
Alianza para la Recuperación Verde de la UE
En otro estado de cosas, La Diputación de Castellón ha aprobado una Declaración Institucional para adherirse formalmente a la Alianza Europea para la Recuperación Verde (Green Recovery Alliance). El ente provincial se ha convertido así en la primera institución pública en el Estado español en apoyar este manifiesto promovido por el comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que solicita a los gobiernos de la Unión que tengan en cuenta criterios para la sostenibilidad y el medio ambiente en las estrategias que se lleven a cabo para reconstruir la economía europea después de este periodo de recesión provocado por la Covid-19. A día de hoy, el texto ha sido secundado por más de 200 cargos públicos, personalidades, empresas y entidades del tercer sector de toda la Unión Europea.
Para el diputado provincial de Ciclo integral del Agua, Renovables, Residuos y Reciclaje, Ignasi Garcia, “Europa ha sido clara en la hora de promover este mandato, que precisamente dice que tiene que ser la obra pública verde la que reactive la economía de nuestras comarcas, a la vez que nos prepara para enfrontar la emergencia climática, una amenaza que nunca ha dejado de estar aquí en pesar de la emergencia por el coronavirus”. “Ahora, hay que hacer extensible esta declaración a todos los para que quede clara la hoja de ruta” para la reactivación de la ocupación, ha dicho.
El pacto verde subraya que «lucha contra la pandemia es la principal prioridad”, pero añade que, atendido a las consecuencias que tendrá la Covid-19, «Europa tiene que dar una respuesta económica coordinada fuerte para superar un golpe más duro que el que supuso la crisis de 2008». Según este manifiesto internacional, la vía para dar esa respuesta es realizar «inversiones masivas» que deberán “desencadenar un nuevo modelo económico europeo" que gire alrededor de los "principios ecológicos y de protección de la biodiversidad”.
