El decreto ley suspende temporalmente nuevas autorizaciones, endurece las sanciones a las VTC y flexibiliza parte de la normativa del taxi
El Consell ha aprobado un decreto ley que modifica la regulación del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana con el objetivo de establecer un nuevo marco de convivencia entre ambos sectores y reforzar la seguridad jurídica tras las recientes resoluciones judiciales que han afectado a distintas normativas sobre movilidad.
La nueva norma modifica el Decreto Ley 4/2019 de las VTC y la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana e incorpora medidas de ordenación, control y planificación que afectan tanto a los profesionales del taxi como a las plataformas de transporte con conductor.
Entre las principales novedades figura la suspensión temporal, durante un máximo de dos años, de nuevas autorizaciones de taxi en las áreas de prestación conjunta y de nuevas autorizaciones estatales VTC en la Comunitat Valenciana, mientras se elabora un informe sobre la situación de la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores.
Nuevas sanciones para las VTC
El decreto incorpora un régimen sancionador específico para las VTC, una de las principales reclamaciones planteadas por ambos sectores durante las negociaciones.
Las infracciones muy graves podrán ser castigadas con multas de hasta 6.000 euros e incluirán la inmovilización inmediata del vehículo.
Entre las conductas sancionables figuran la captación de clientes en la vía pública sin contratación previa, la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado.
Además, los ayuntamientos podrán asumir competencias para tramitar, resolver y recaudar las sanciones derivadas de estas infracciones.
Más flexibilidad para el sector del taxi
La nueva regulación amplía de una a tres el número máximo de licencias ordinarias que podrá acumular una misma persona titular. En el caso de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, el límite podrá alcanzar las cinco autorizaciones.
La norma mantiene la ratio general de una licencia por cada mil habitantes, aunque permitirá otorgar nuevas autorizaciones cuando exista una demanda acreditada de servicio o sea necesario aumentar la flota adaptada.
Asimismo, desaparece la obligación de dedicación exclusiva al taxi, aunque se mantiene la incompatibilidad entre ejercer como taxista y ser titular o conductor asalariado de una VTC.
El decreto también regula la transmisión hereditaria de las licencias y contempla mecanismos específicos para los casos en que los herederos sean menores de edad.
Las VTC podrán realizar transporte urbano de forma provisional
Respecto al sector VTC, la norma habilita provisionalmente a las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana para prestar servicios urbanos durante un plazo máximo de dos años o hasta que concluya el estudio técnico previsto por la Generalitat.
Además, desaparece la obligación de esperar 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio, una de las restricciones que afectaban a estas autorizaciones.
Más capacidad de decisión para los municipios
El texto también facilita la extinción de áreas de prestación conjunta a petición de alguno de los municipios integrantes y mantiene la posibilidad de que las ciudades de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis decidan no integrarse en dichas áreas.
La medida refuerza la capacidad de decisión de los ayuntamientos sobre la organización de los servicios de transporte urbano en sus respectivos municipios.
