Jordi Navarrete: "El Gobierno no puede dejar solos a los ayuntamientos ante un problema de tal magnitud"
Castellón Información
La declaración de inconstitucionalidad de parte de la regulación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor Añadido de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como "plusvalía" supone un alivio para los contribuyentes, pero una asfixia para los ayuntamientos.
La sentencia tiene efectos desde su publicación en el BOE el 15 de junio de 2017, por lo que, desde ese momento, los procesos judiciales o de revisión en vía administrativa, deberán tener en cuenta la sentencia dictada y anular, en su caso, las liquidaciones dictadas, devolviendo las cantidades pertinentes.
"No solo las devoluciones, sino los ingresos que dejarán de percibirse, tendrán un efecto directo sobre las arcas municipales al ser un tributo propio de los mismos" señala Jordi Navarrete, senador por Compromís, que ha reclamado que "el Gobierno no deje solos a los ayuntamientos ante un problema de tal magnitud". Los reajustes y restricciones a los que se han visto sometidos han limitado el margen de maniobra de los sector local. Desde el establecimiento del techo de gasto hasta la tasa de reposición, pasando por los recortes competenciales y presupuestarios, ha llevado a que la ya conocida "asfixia municipal" no permita a muchos municipios poder gestionar adecuadamente sus recursos.
El vínculo directo entre la ciudadanía y la Administración se da en este primer nivel territorial y el castigo a éste se refleja en la merma de la calidad de la atención y la reducción de la capacidad de reacción, disminuyendo la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los distintos municipios. "Es menester, pues, dar una solución real y efectiva para así paliar los efectos negativos a nivel económicos dados por la declaración de inconstitucionalidad de parte del IVTNU, debiendo ser el Estado el encargado de proveer de presupuesto necesarios a las entidades locales y no las comunidades autónomas que, como en el caso de la valenciana, ya se ven suficientemente castigadas por la infrafinanciación e infrainversión estatal" ha explicado el senador. Compromís ha presentado una moción que reclama la implicación del Gobierno en dotar de recursos a los municipios afectados y una nueva regulación constitucional del impuesto acorde a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad.
La sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional se pronunció sobre la impugnación del método de cálculo de este impuesto, el cual se basaba en dos elementos: por un lado el valor catastral y por otro el número de años desde el anterior a la transmisión (con un máximo de veinte). Así, desde el transcurso del primer año siempre se entendía dada una plusvalía, independientemente de si ésta se daba o no en realidad. Ello suponía que, independientemente de darse o no de un incremento real del valor de ese terreno, hecho que va en contra del principio constitucional de capacidad económica: la tributación vendrá configurada atendiendo a la riqueza. En resumen, si no se da incremento del valor no puede haber hecho imponible.
