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viernes, 26 de abril de 2024 | Última actualización: 14:15

Colomer pregunta a Moliner sobre la reforma local del PP, y que el PSOE recurrirá

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El portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, ha indicado que “los servicios públicos no solo cumplen una función social y solidaria, pero como el PP se rige por criterios economicistas, todos aquellos que no sean rentables se eliminarán".

El secretario general del PSPV de la provincia de Castelló y portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, pregunta al presidente de la Institución Provincial de Castelló, Javier Moliner, “si la diputación está preparada para asumir todas las competencias que la reforma de la administración local quitará a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes”. Colomer ha lanzado esta cuestión tras la aprobación definitiva este jueves de la Reforma Local del PP, y que el PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional, “ante la decisión del Gobierno de Rajoy de imponer esta ley que va a demoler el orden municipal, los servicios públicos y el bienestar que estos aportan a los ciudadanos”.

Por ello, el portavoz socialista quiere conocer si la Diputación de Castelló, la cual ha sido partidaria a la reforma y la ha defendido desde el minuto cero, cuando para los socialistas es una tragedia democrática para la autonomía local,  “ha hecho un estudio del impacto que tendrá en los pueblos de Castelló debido a la confiscación de competencias a los consistorios en todas aquellas materias que la ley indica”.

En este sentido, Colomer ha lamentado que, en virtud de esta ley, “los municipios dejan de ser una Administración Territorial con un elenco competencial propio y característico, y pasan a ser entidades subordinadas que deben ejecutar materialmente las competencias que les deleguen las Comunidades Autónomas”. Asimismo, Colomer ha insistido en que “se va a producir un traspaso universal de competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las Diputaciones Provinciales, con el claro objetivo de usarlas como canal para traspasar los servicios locales a manos privadas, de forma que se ajusten tasas y precios públicos para asegurar el lucro de las empresas y las subidas tributarias a las familias”.