El inicio de este procedimiento, del que se podrían beneficiar alrededor de 2.500 residentes extranjeros de los más de 50.000, ha generado largas colas en distintos puntos de la ciudad
Día histórico para miles de personas residentes en Castelló que buscan regularizar su situación administrativa en España. Y es que este jueves ha comenzado el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras tras su publicación definitiva este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un procedimiento del que se podrían beneficiar alrededor de 2.500 residentes extranjeros de los más de 50.000 que residen en nuestra ciudad.
Así, el inicio de este proceso ha generado una notable afluencia desde primera hora de la mañana con largas colas en distintos puntos de la ciudad, como en la sede del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, ubicada en la ronda Mijares (antiguo Amics), así como a las puertas del Ayuntamiento, donde decenas de personas se han concentrado para solicitar información.
Cabe recordar que el consistorio tan solo se limita a facilitar la hoja de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad, en caso de que fuese necesario. De esta manera, el trámite deberá ser realizado por el propio interesado o, en su caso, a través de un profesional autorizado, como un gestor o un abogado.
En cuanto al calendario, el plazo para la presentación de solicitudes por vía telemática se ha iniciado este 16 de abril, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. La vía presencial requiere contar con cita previa y se podrá presentar la solicitud en las oficinas de la Seguridad Social y Correos. El proceso se prolongará hasta el 30 de junio.
Los requisitos para poder iniciar el procedimiento
La capital de la Plana cuenta, a fecha de 4 de diciembre de 2025, con 186.676 personas empadronadas, de las cuales 51.394 son extranjeras, lo que representa alrededor del 27% del total de la población.
Sin embargo, no todos ellos podrán acogerse a esta regularización extraordinaria. La medida está dirigida a residentes en situación administrativa irregular, así como a quienes hayan solicitado protección internacional. Asimismo, quedan excluidos quienes se encuentren inmersos en otros procedimientos de regularización en curso, salvo en aquellos casos que hayan sido desestimados por el Estado.
Y a todos estos condicionantes se suman, además, otros requisitos específicos. Los solicitantes deberán acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, será necesario demostrar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses previos a la solicitud y carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen.
En cuanto a la documentación, se exigirá pasaporte en vigor, certificado de antecedentes penales y pruebas que acrediten la permanencia en España, como empadronamiento histórico, facturas, abonos de transporte, envíos de dinero o informes médicos, entre otros.
