Araceli De Moya reclama soluciones urgentes ante la subida de precios y la falta de vivienda nueva, con medidas que incluyen agilización urbanística, desalojo exprés e incentivos fiscales
La Coordinadora Autonómica de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Araceli De Moya Sancho, ha presentado un paquete de propuestas concretas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda en la región, donde los precios han subido más de un 17 % interanual y la disponibilidad de vivienda nueva en Valencia era de solo 137 unidades a finales de 2025.
De Moya ha exigido al Gobierno central y al PSPV abandonar el bloqueo y sumarse a soluciones que ya funcionan en otros países europeos. Según ella, la situación constituye una emergencia habitacional convertida en emergencia social, agravada por la DANA y por una oferta de vivienda nueva que se ha desplomado un 82 % desde 2019, mientras el 37 % de los contratos de alquiler en Valencia corresponden a viviendas de temporada y la ocupación ilegal crece.
Entre las medidas planteadas por Ciudadanos destacan:
- Agilización urbanística, reduciendo de 10-20 años a 3-5 años los plazos de habilitación de suelo.
- Desalojo exprés, con procedimientos judiciales rápidos ante ocupación ilegal e inquiokupación.
- Arbitraje rápido y gratuito, para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos sin saturar los juzgados.
- Incentivos fiscales, con bonificaciones a propietarios que alquilen a precios asequibles y reducción de cargas sobre la primera vivienda.
- Colaboración público-privada, con cesión de suelo público y avales para facilitar el acceso a la primera vivienda y ampliar el parque de alquiler asequible.
De Moya ha criticado la inacción del Gobierno y del PSPV, recordando que la Ley de Vivienda de 2023 no redujo los precios y que el PSPV votó en contra de medidas que habrían protegido a los propietarios frente a la ocupación ilegal. La coordinadora ha insistido en que “una generación entera no puede seguir esperando” y ha pedido un Pacto de Estado por la vivienda que priorice el interés de los ciudadanos sobre los acuerdos de partido.
