La empresa afirma que no hay impacto ambiental pero el mismo proyecto apunta a una actividad altamente contaminante rodeada de población
Los vecinos de la zona oeste de Castellón han presentado ya cientos de alegaciones en el Ayuntamiento en contra de la solicitud de licencia ambiental, para la implantación de un "almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD)" con una capacidad de producción de 850 toneladas/día junto a la carretera de Alcora.
Como ya publicó Castellón Información, el proyecto de la empresa que solicita la licencia ambiental fundamenta su petición en que, según ellos, será de bajo impacto ambiental. Pero, además, y esto es lo más importante, que la zona donde quiere implantarse, conocida como Sector Cassanya, es Suelo Urbanizable No Ordenado de uso Terciario y residencial.
Las contradicciones de la petición de licencia
La empresa se acoge a dos artículos de la Ley del Suelo, para amparar su 'legalidad', que producen indefinición en cuanto a los usos compatibles con la calificación de esos terrenos en el Plan General.
De una parte, la empresa califica su proyecto como de 'industrial' con bajo impacto ambiental, y por otra justifican sus derechos en que lo que piden es una licencia 'provisional', que tendría cabida en un suelo que no está 'ordenado'.
Sin embargo, según la documentación aportada, no resulta coherente la actividad industrial propuesta con una empresa de bajo impacto ambiental, todo lo contrario. El mismo proyecto en alguno de sus apartados califica la industria de "actividad dentro del Grupo A" (el de mayor control por contaminación).
Industria junto a núcleos de población con reserva dotacional educativa
Y es que, en su documentación la empresa deja entrever que se situaría en una zona aislada, cuando la realidad es que se encuentra junto a núcleos de población con viviendas de primer uso, y donde, según la ficha del Plan General, incluso se podrían reservar suelos para uso dotacional educativo.
El objetivo de la empresa es el de crear un "almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD)". Esto es, utilizar esos solares para descargar y almacenar los desechos procedentes de demoliciones y escombros (donde se mezcla de todo). Proceder después a su clasificación y reciclar después los residuos de construcción, como hormigón y ladrillos para darles una nueva vida útil.
Eso significa el paso y trasiego de camiones de gran tonelaje, la descarga de los camiones en las campas abiertas, cerca de las viviendas; la acumulación de residuos, y posteriormente el tratamiento de los escombros una trituradora de hormigón, que a su vez generarán contaminación acústica, vibraciones y contaminación ambiental por partículas de polvo.
La 'provisionalidad' de la licencia
También es cuestionable que se trate de una industria de ubicación provisional, y aquí es donde la estrategia de la empresa se encuentra de frente con alguno de los artículos de la Ley del Suelo que ellos mismos quieren utilizar a su favor.
Y es que, según esos artículos, las actividades 'provisionales' no podrán alterar el futuro desarrollo de ese suelo... Pero claro, en ese solar particular, la empresa es propietaria de gran parte de ese suelo, por lo que no es previsible que una vez realizada la inversión se traslade toda la actividad a una nueva ubicación en el plazo de los cinco años previstos.
Además, este tipo de actividad sí condicionará el desarrollo terciario y residencial de la zona, porque ningún promotor querrá desarrollar el suelo junto a un almacén como el que se pretende implantar.
Las alegaciones advierten además, de que autorizar ahora la planta podría condicionar o incluso dificultar el desarrollo futuro del sector Cassanya, tanto por el impacto ambiental como por la posible incompatibilidad entre una planta de residuos y los usos urbanos previstos en el planeamiento.
En ese sentido, los escritos señalan que la instalación podría generar un “efecto disuasorio” sobre futuras inversiones y sobre la transformación urbanística prevista para esta entrada de la ciudad.
Los vecinos piden que se deniegue la licencia
Esto y mucho más es o que indican los vecinos de la zona oeste en sus alegaciones.
Los vecinos rechazan la implantación de la instalación promovida por la mercantil Demoliciones y Servicios Menguilló S.L. en el entorno del sector Cassanya, un ámbito urbanístico de carácter principalmente terciario y residencial compatible, situado junto a zonas habitadas y áreas en desarrollo urbano.
Las alegaciones registradas solicitan la denegación de la licencia ambiental y de cualquier autorización urbanística provisional.
El documento argumenta que el proyecto no puede considerarse una actividad industrial ordinaria compatible con el entorno, sino una planta de gestión y valorización de residuos con procesos de trituración, almacenamiento exterior, movimiento continuo de camiones y generación potencial de polvo, ruidos y vibraciones.
Movilización vecinal desde el inicio del proyecto
La presentación masiva de alegaciones se produce después de varias semanas de movilización vecinal contra una instalación que ha generado preocupación en barrios próximos y entre residentes de la zona oeste de Castellón.
Las alegaciones también sostienen que las medidas correctoras ambientales no bastan para resolver una eventual incompatibilidad urbanística del uso solicitado. Según el escrito presentado, la actividad “no constituye un uso terciario ni un uso industrial compatible con el residencial”.
Pendiente de los informes municipales
El expediente deberá continuar ahora su tramitación administrativa con el análisis de las alegaciones y la emisión de los informes técnicos y urbanísticos municipales sobre la viabilidad del proyecto.
La instalación está sujeta a licencia ambiental y la empresa pide una "evaluación ambiental simplificada", aunque si se considera el desarrollo real de la actividad y su cercanía a los núcleos de viviendas, necesitaría de un informe de impacto ambiental mucho más amplio.
Reunión con la alcaldesa
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, tiene programada una reunión con los vecinos de la zona oeste esta tarde, para hablar del almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD)"
Declaraciones políticas
El PSOE de Castellón ha presentado esta mañana una alegación que se suma a las presentadas por los vecinos.
El PSPV de Castelló ha acusado hoy al gobierno municipal de Begoña Carrasco de “incumplir el Plan General” para permitir la instalación de una planta de almacenamiento, tratamiento y trituración de residuos de construcción y demolición en el entorno de la carretera de l’Alcora, junto a zonas residenciales y centros educativos del distrito oeste. Así lo han denunciado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta; el portavoz adjunto, José Luis López; y el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, quienes han exigido la denegación de la licencia ambiental, han anunciado la presentación de alegaciones por parte del PSPV y han mostrado su respaldo a las registradas por los vecinos y vecinas afectados.
José Luis López ha señalado que “el gobierno de Carrasco está intentando trasladar a la ciudadanía la idea de que este proyecto es inevitable y que el ayuntamiento no puede hacer nada, y eso no es verdad”. En este sentido, ha recordado que la licencia ambiental “la tramita el actual gobierno municipal” y que el informe urbanístico “puede ser favorable o desfavorable”.
El PP culpa de cuanto ocurre al Plan General del anterior gobierno
Por su parte, el portavoz del El PP sostiene que el origen del conflicto urbanístico está en la modificación del Plan General aprobada por el anterior gobierno socialista y acusa al PSOE de intentar ahora capitalizar políticamente la protesta vecinal.
El portavoz del Gobierno municipal, Vicent Sales, asegura que el actual ejecutivo “escuchará y atenderá” las alegaciones presentadas por los vecinos de la carretera de l’Alcora, aunque rechaza las críticas del PSOE al considerar que “fueron quienes generaron el problema”.
Según Sales, el anterior PGOU diferenciaba con mayor claridad entre suelo residencial e industrial y fue la revisión urbanística impulsada por los socialistas la que abrió la puerta a implantar actividades como la planta de valorización de residuos en el entorno de Cassanya.
El portavoz popular acusa además al PSOE de generar “alarmismo” y “confusión” entre los residentes al hablar de un vertedero, cuando el expediente tramitado corresponde a un almacén y planta de valorización de residuos de construcción y demolición.
El equipo de Gobierno defiende que el procedimiento administrativo garantiza ahora la participación vecinal mediante el periodo de alegaciones y mantiene que estudiará los escritos presentados antes de adoptar una decisión sobre la licencia.
