El juez decreta el sobreseimiento provisional por presuntas irregularidades cometidas en torno a la infraestructura, “El despilfarro o la inadecuada gestión no son, por si mismos, constitutivos de delito”
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, ha acordado hoy el sobreseimiento provisional por la causa abierta por las supuestas irregularidades del Centro de Convenciones de Castellón, cuyo proyecto se diseñó pero no llegó a construirse. El juez, tras practicar todas las diligencias acordadas y propuestas por las partes, indica que “El despilfarro o la inadecuada gestión no son, por si mismos, constitutivos de delito”. Y determina que “Hay indicios, pero no material probatorio”.
Esperanza Molina/Castellón Información
Que el Centro de Convenciones de Castellón no pasó de ser una ‘chapuza’ en cuanto a su gestión por la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, admite pocas dudas. Y que la chapuza tuvo un coste de casi 3 millones de euros para los bolsillos de todos los valencianos, tampoco. Sobre todo, porque una vez diseñado el macro proyecto, encargado al arquitecto Santiago Calatrava, y anunciado a platillo por la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón, no ha llegado a realizarse.
Pero el problema no es intuir o saber que las cosas no se hicieron como debieron, sino buscar y poder probar quien tuvo la culpa de tanto desatino, y tener las pruebas para poder llevarlo a juicio y exigir responsabilidades.
Esto es lo que le ha ocurrido al titular del juzgado de instrucción número 5 de Castellón, que intentó, a lo largo de últimos meses, depurar responsabilidades y exigirlas judicialmente. “Existen indicios, confiesa el juez, pero no material probatorio”, y sin pruebas, no se puede seguir adelante.
El juez ha acodado esta mañana el sobreseimiento provisional de la causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión del Centro de Convenciones de Castellón, después de practicar todas las diligencias acordadas por las partes personadas, y después de que la fiscalía solicitará la des imputación de los actores principales de esta causa.
La instrucción del sumario se inició la pasada primavera. Ante los indicios con los que se encontraba el juez imputó a varias personas, entre ellos al arquitecto autor del proyecto, Santiago Calatrava, que cobró 2,7 millones por el mismo.
Cuando inició la instrucción del caso, el juez imputó a Calatrava, pero también pidió responsabilidades a su estudio, a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana; solicitó informes al Ayuntamiento de Castellón y a la Generalitat Valenciana.
Dada la categoría del arquitecto, que con mayor o menor acierto ha sido el artífice de obras mundialmente conocidas, con su imputación el Centro de Convenciones de Castellón pasó de ser el mal sueño de la Generalitat, a llenar los titulares de los medios de comunicación locales e internacionales.
Al cabo de 6 meses, la cosa, de momento ha acabado en ninguna parte.
Antecedentes
La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), se fundó en 1996, cuando Eduardo Zaplana presidía la Generalitat Valenciana, con el objeto de “realizar cuantas actuaciones sean precisas para lograr la el desarrollo del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras "Área Parque Temático" Benidorm-Finestrat y del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras "Ciudad de la Luz", todo ello en la provincia de Alicante.
En el 2002 modificó y amplió su objeto social con el fin de “promover e impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de aquellos proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat”
En este sentido, la Sptcv, como sociedad dependiente de la Generalitat Valenciana, era una plataforma ideal para promover diferentes actuaciones en las tres provincias, con una cierta autonomía de gestión.
En marzo del 2007, en pleno periodo electoral, y ante el descontento de la provincia de Castellón, para quien tanto Valencia como Alicante siempre habían sido mejor tratados por el Consell, la Sptcv aprueba y propone a Castellón la construcción de un edificio singular, que, desde el punto de vista arquitectónico, se convirtiera en un elemento icónico que otorgara a la ciudad una repercusión internacional. Para ello propone la contratación de Santiago Calatrava.
Sobre esta base, se suscribe un protocolo de intenciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento; y la Sptcv encarga formalmente al arquitecto Santiago Calatrava, la construcción del Centro de Convenciones, con el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, así como, posteriormente, la dirección de la obra.
El arquitecto, a su vez, incluye sus condiciones: “La no obligación de inscripción del Registro General de la Seguridad social a sus trabajadores; el sometimiento a los tribunales españoles, y la no sujeción del Impuesto de Actividades Económicas”. Posteriormente se acordarían las líneas del proyecto, contenido, y honorarios.
Según manifestaciones de Calatrava, “para elaborar los diferentes proyectos se establecieron unos honorarios por la elaboración del Master Plan, el anteproyecto y el proyecto básico, de 2,7 millones de euros –que respondía al 4,5% de un “presupuesto orientativo”, que se estableció inicialmente en 60 millones de euros”. Adicionalmente, se estableció una retribución de un 4% del coste del proyecto como honorarios por el proyecto de ejecución y por la dirección de obras. Dado que el edificio no llegó a construirse, Calatrava no percibió esta última cantidad.
Hasta ahí coinciden todas las partes que han declarado en el proceso de instrucción… El edificio se construiría sobre una parcela 16.000 metros cuadrados, con un coste de 60 millones de euros. El Ayuntamiento aportaría los terrenos y la Generalitat Valenciana pagaría los gastos de proyección y ejecución.
Pero la polémica se dispara cuando el arquitecto triplica las dimensiones y el importe final de la obra. Según Calatrava, fue como consecuencia de una llamada realizada por el entonces presidente Francisco Camps. Según otras fuentes, el Ayuntamiento de Castellón habría manifestado la necesidad de ampliarlo, aunque no hay constancia de ello. En cualquier caso, todos afirman ahora, que no se le habría encargado tanto, no tan caro ni tan grande. Se hablaba ahora de una parcela de 50.000 metros cuadrados, y de un proyecto que casi triplicaba su coste inicial.
Pero se lo encargaran o no, y fuera Francisco Camps quien le expresara o no este programa de necesidades, lo cierto, es que la maqueta se presentó en la subdelegación del Gobierno Valenciano y recibió todos los para bienes de todas las administraciones presentes: La Generalitat, el Ayuntamiento, la diputación… En resumen, de acuerdo o no, todos ellos manifestaron tácitamente el conocimiento del proyecto, sus dimensiones, y no pusieron pegas.
Pero la Generalitat, comenzaba a tocar la crisis. El proyecto, ‘para quedar bien con Castellón’ costaba demasiado, y entonces comenzaron las conversaciones para pedirle al arquitecto que retomara el proyecto inicial, que redujera volumen y presupuesto.
Según se recoge del auto del juzgado y de las declaraciones realizadas durante la instrucción, Calatrava no era contrario a realizar el proyecto por fases, o incluso modificar su contenido a lo que le indicaban. El juez manifiesta por ello, que no entiende como, en aquel momento, la Generalitat no asume lo que ya había comprometido.
A partir de entonces, las cosas se complican, la Sptcv acusa al arquitecto de no haber cumplido con el encargo. Calatrava, por su parte, reclama el cumplimiento del contrato y los pagos pactados.
Finalmente y según se certifica en el juicio, el entonces conceller Gerardo Camps autoriza el abono a Calatrava la deuda pendiente para evitar demandas por parte del despacho de abogados del arquitecto. Esto sucedía a finales de marzo del 2011.
El Centro de Convenciones, con proyecto pagado, no llegaría a construirse. La Generalitat dio largas, no había dinero, ni entonces ni ahora. El Ayuntamiento tampoco podía presionar, una sentencia tumbaba el Plan General, el Pai de Els Mestrets de donde planificaba obtener los terrenos, también era recurrido, y las arcas municipales estaban vacías.
En su auto, el juez recoge las diferentes declaraciones y certificación de los hechos, relatados anteriormente. Pero las dudas siguen sobre la mesa.
¿Tenía reservado el dinero la Generalitat y la Sptcv para encargar el proyecto del Centro de Convenciones?, o ¿solo era una medida electoralista que se fue a pique porque la Generalitat ya soportaba una deuda que no dejó de crecer?
¿Por qué se contrata directamente a Calatrava sin ningún estudio previo para este proyecto?¿quién encarga la ampliación?, ¿Quién se hace responsable del diseño inicial o del que finalmente se presenta en la maqueta, y que según la Sociedad de Proyectos Temáticos no respondía a lo que se le había pedido?. Si el proyecto de Calatrava no era válido, si no era lo que se le había pedido, si ya no había intención de llevarlo adelante, ¿por qué se exponía la maqueta en Fitur?
El juez reflexiona finalmente, para indicar, que la instrucción de un posible delito, debe encontrar pruebas suficientes para poder desembocar el procedimiento en un juicio oral que demuestre o no que se ha cometido. Pese a albergar todas las dudas, que seguramente comparten la mayor parte de los ciudadanos, el juez no puede llegar más allá. “El despilfarro o la inadecuada gestión no son, por si mismos, constitutivos de delito”. .
En cualquier caso, el juez señala que un sobreseimiento provisional, puede obedecer a varios motivos. Uno de ellos que no estuviera debidamente justificado la perpetración del delito”, que no es lo mismo que un sobreseimiento libre por la ausencia de indicios. “lo que fueron indicios, siguen existiendo”.
