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La Conselleria de Sanidad, que ha despedido a 17 trabajadores del Hospital Provincial sin negociación colectiva, se dispone a sustituir su actividad profesional con los trabajos extraordinarios y prolongaciones de jornada del resto de personal. No habiéndose cumplido todavía la fecha establecida para poner final a la relación laboral de estas 17 personas, afectadas por la lista de despidos de la administración Montón con el Consorcio, la Dirección Médica está en proceso de prever cómo se cubre su funcionalidad profesional, habiendo propuesto, para ello, al resto de personal la realización de horas extraordinarias y de prolongaciones de jornada.
De esta actitud de la gestora sanitaria, merecedora de ser calificada como escandalosa e intolerable, sin cesar en la continuidad del engaño, se desprende la necesidad de la continuidad de la actividad profesional, o lo que es lo mismo, que los puestos de trabajo afectados por la regulación de empleo pretendida y aplicada en el Consorcio son definitivamente estructurales, es decir, que realmente están dotados de contenido asistencial y, por tanto, había necesidad de mantener los puestos.
Además, siendo que con esta medida se está incrementando el coste de los puesto de trabajo eliminados, se entiende que el único efecto de la medida del despido radica en la destrucción de los puestos de trabajo, medida que lejos de estar justificada, cada vez más aparenta obedecer a otros criterios.
Siendo que el informe en el que basan la decisión de efectuar despidos aún no ha visto la luz pasándose la responsabilidad de publicación de una administración a otra, se plantea la duda de con qué criterios se ha elaborado la lista de despidos si la actividad necesita ser igualmente desempeñada. Además, si las directrices del plan de ordenación elaborado por dos cátedras de la Universidad Jaume I supuestamente indicaban que podía prescindirse de estos 17 puestos, con el mantenimiento de la actividad tampoco se cumple con lo recomendado, a colación de lo que se plantea la duda de si el interés último radica en la justificación de una maniobra más amplia, de ataque a los derechos de los trabajadores y a la sanidad pública.
Desde CCOO, calificamos la medida de sustitución de puestos de trabajo por horas extraordinarias y prolongaciones de jornada de intolerable y ofensiva al derecho laboral y a las políticas de protección del empleo público, e instamos a la Conselleria de Sanidad a que cese de inmediato una práctica denigrante para los trabajadores e impropia de un grupo político erigido desde la clase obrera.
