Susana Ros. Diputada socialista por Castellón en el Congreso.
Se han cumplido 7 años de su aprobación. Ley de Autonomía Personal. Reconocimiento de derechos y de justicia social. En esta Ley muchos compromisos, esperanzas y reconocimiento para los que más necesitan de un Gobierno que combata la desigualdad y apueste por la igualdad de oportunidades. Pero en 2 años del PP todo ha desaparecido. En nuestra Comunidad Valenciana no ha llegado a aplicarse por la manipulación política y partidista de los gobiernos del PP. Incluso con dictámenes judiciales obligándoles a su aplicación y reconocimiento de derechos a los ciudadanos han sido insensibles. Su objetivo es claro y evidente: debilitar el Estado del Bienestar para volver a la beneficiencia. Miles de personas con dependencia severa o gran dependencia están falleciendo sin ser atendidos. Los recortes indiscriminados en Sanidad y Servicios Sociales se suman al vaciamiento de la Ley de la Dependencia y la reforma de la Administración Local, que desmantela justamente esta red básica de servicios sociales en el ámbito local y abre las puertas a las privatizaciones.
La pobreza, el copago de muchos y cada vez más prestaciones y servicios sanitarios, han adquirido en nuestro país proporciones inaceptables para una sociedad que quiera llamarse decente. El actual gobierno es indiferente al sufrimiento de los que peor están pasando esta crisis y de los que más necesitan de los servicios públicos. Miles de personas en situación precaria esperan su prestación, y los que la tienen, la han visto reducida o han de aportar más dinero de su bolsillo para estar, por ejemplo, en una residencia, pagar medicamentos, desplazarse a los centros de salud…..
Es evidente que en la España de Rajoy, el más débil paga más. Cuanto más pobre, más enfermo y más mayor seas pagas más. El Gobierno del PP está ejecutando una destrucción paulatina del Sistema de Dependencia. Cada diez minutos un dependiente se queda sin prestación.
Agencia Tributaria
Todo empezó el pasado mes de noviembre, cuando saltó la noticia de que una inspectora de Hacienda había sido fulminantemente destituida, tras negarse a aceptar las instrucciones políticas y desestimar un recurso de la multinacional CEMEX por el que esta empresa se hubiera beneficiado de un regalo fiscal de más de 450 millones de euros. Tras la salida de la inspectora, comenzó una cadena de dimisiones que han provocado una situación de escándalo y crisis sin precedentes en la Agencia Tributaria. Nunca se había vivido una crisis igual en la Agencia. Pedimos una Comisión de Investigación para que se explique, conozca y comparezcan todos los responsables. Para que se sepa la verdad. Para Garantizar el respeto a la independencia y autonomía. Para que no se quiebre el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
