La petición formal obliga a la alcaldesa, Amparo Marco, a convocarlo antes de 15 días
El Ayuntamiento de Castellón reeditará el Pleno de Corrupción de febrero de 2018, solo que esta vez ha sido solicitado por el Grupo Popular y el objetivo es el de sacar los colores al PSOE, aunque estas cosas… las carga el diablo. El pleno ha sido solicitado formalmente a la alcaldesa y Amparo Marco tiene ahora un máximo de 15 días para convocarlo. La antesala de Fallas y Magdalena tendrá pólvora y mascletà, y otros temas judiciales como aderezo.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Hace poco más de un año, en el pleno ordinario de enero, y en pleno debate político con acusaciones de corrupción hacia los integrantes del PP, el concejal popular Juan José Pérez Macián dejó caer el guante. “Si quieren hablar de corrupción, quizá debería convocarse un pleno para discutirlo”. ¿Fue una metedura de pata o una provocación más que programada?
Castelló en Moviment recogió el guante, buscó las firmas que necesitaba y solicitó formalmente su convocatoria como pleno extraordinario (ningún integrante del PP firmó la petición). Eran principios del mes de febrero de 2018. El 23 de ese mismo mes se desarrollaba la sesión…
Pero como donde las dan las toman, las cosas no salieron tal como pensaban los grupos de PSOE, Compromís o Castelló en Moviment.
Es más, en un momento de euforia y ataques por parte de estos grupos, el portavoz adjunto del Grupo Popular se venía arriba y escenificaba un giro de tuerca que pocos habían previsto… salvo quizá los integrantes del PP.
Pérez Macián anunciaba, que su grupo había llevado ante la Fiscalía la compra de una vivienda por parte del líder de Castelló en Moviment en la Marjalería, por si pudiera ser constitutiva de delito…
Y para completar la contraprogramación a las acusaciones recibidas durante meses por la trama Gürtel, anunciaba también la presentación de una querella, que también escenificaba, contra el secretario autonómico para el empleo, Enric Nomdedéu y la entonces vice alcaldesa, Ali Brancal, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos municipales y falsedad en documento público.
Como es normal, se lio.
Y se lio más aún, porque Compromís afirmó que iban de farol y Castelló en Moviment se alarmó de veras y solicitó seguridad personal por la situación de la mencionada vivienda… Pero no, los del PP cumplieron con lo dicho.
En lo que concierne a la vivienda del concejal de CseM, el fiscal no consideró que hubiera delito, al menos con la documentación que tenía sobre la mesa, aunque recordaba al PP, que estaba en su derecho de interponer una querella.
Pero en lo que afecta a los miembros de Compromís, El juzgado aceptó la querella y abrió una investigación… y como parte de esta instrucción declaró investigados a Enric Nomdedéu y a Ali Brancal.
Aquel pleno de la Corrupción dio para mucho, tanto como para provocar el cese en cargos y delegaciones de Ali Brancal por la aplicación el Código de Buen Gobierno.
La historia amenaza con reeditar una segunda parte, solo que ahora, quienes han solicitado el pleno extraordinario son los concejales del Grupo Popular, que han presentado el escrito formal en el registro.
Los concejales del Grupo Popular solicitaron inicialmente, que la alcaldesa compareciera en el pleno ordinario de febrero, previsto para el próximo jueves… para que hablara de su compañero, el ex concejal del PSOE Toni Lorenzo, y su investigación en la trama de la Subdelegación del Gobierno.
La alcaldesa, no solo tiró balones fuera, sino que le dio la vuelta a la tortilla, y presentó a su vez, una decisión de comparecer, de forma voluntaria en el pleno, pero el de marzo, y no para hablar de su concejal, porque no le toca, sino para referirse a un informe de la UCO, relacionado con la Operación Púnica, de 2015, que afecta al ex alcalde Alfonso Bataller y al concejal Pérez Macián, del PP, que oportunamente se hizo público el mismo día en el que el Tribunal comunicó la investigación de Lorenzo.
Y en esta guerra de “yo la tengo más grande”, el PP optó por la herramienta que le quedaba, solicitar formalmente un pleno extraordinario, que la alcaldesa está obligada a convocar en un plazo máximo de 15 días.
El objeto directo de esta demanda es intentar poner contra la pared a la alcaldesa del Grupo Socialista, porque uno de sus concejales, hasta hace menos de un mes, también se encuentra ahora investigado judicialmente, y también por una presunta malversación de fondos públicos relacionada con el caso de las facturas de la subdelegación del Gobierno de Castellón.
El Grupo Popular entiende que, pese a que Lorenzo dimitió de su acta de concejal, los casi cuatro años como parte del equipo de gobierno al frente de áreas como la de Personal, Hacienda o Policía Local, podrían guardar alguna similitud en sus funciones, con las que está investigando el Juzgado con respecto a la Subdelegación de Gobierno.
En el escrito que justifica su petición señalan textualmente: “Las responsabilidades delegadas que ha ejercido durante estos casi cuatro año guardan suficientes similitudes con las funciones y circunstancias de aquella etapa que están siendo investigadas judicialmente” Y añaden: “Tanto es así, que asaltan razones sospechosas de irregularidades en la adjudicación y ejecución y puesta en marcha del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse); la adjudicación de las mochilas tácticas y linternas de la Policía Local; e incluso en el proceso de selección de director de la Banda Municipal y Presidente dela Mesa de Contratación, actualmente investigado judicialmente, y sobre la responsabilidad de quien le delegó esas competencias, esto es, la alcaldesa”.
Rematan su escrito con la solicitud de acuerdo para “Crear una Comisión No Permanente de Investigación con objeto de analizar los procesos de adjudicación y ejecución y puesta en marcha del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse); la adjudicación de las mochilas tácticas y linternas de la Policía Local; y la gestión del proceso de selección del director de la Banda Municipal de Música.
Con todo esto, el mes de marzo se anuncia más que calentito.
En lo municipal, el Pleno extraordinario de la Corrupción II, solicitado por el PP para hablar de Lorenzo, deberá celebrarse antes de mediados de marzo; y el 21 del mismo mes, está programado el ordinario donde la alcaldesa ha pedido comparecer para hablar de la trama Púnica de 2015.
En lo judicial, el día 13 de marzo tendrá que prestar declaración Toni Lorenzo por el Contencioso Administrativo de la Banda Municipal. Y el 21 de ese mes se reuniría la Sala de la Audiencia Provincial para dirimir si rechaza o admite el recurso presentado por las defensas de Enric Nomdedéu y Ali Brancal, contra el auto de la juez que permitía la apertura de los sobres aportados como prueba por la acusación…
Sin fecha, pero sin pausa, también se conocerá qué ocurre con el Contencioso Administrativo admitido a trámite por la destitución del que fuera presidente de la Junta de Fiestas; pero además, también hay querellas criminales de por medio que podrían estallar antes de las elecciones nacionales o locales…
Y a todo esto, Fallas y Magdalena llaman a la puerta. ¡Menuda mascletà!
