Vicente Martínez. Alcalde de Xilxes y presidente de la Comisión de Turismo del Partido Popular de la provincia de Castellón.
Imaginemos un municipio que podríamos llamar, por ejemplo, ‘Camins’. Es un municipio catalán de, pongamos, 5.000 habitantes. Ha pasado ya el 9 de Noviembre y los ciudadanos de ‘Camins’ han decidido participar en la consulta soberanista que ha organizado el Gobierno Autonómico. El resultado: el 80% ha elegido pertenecer a España.
¿Por qué pido al lector que imagine esta situación? Pues para hacer ver que el mensaje de que lo más democrático es dejar que la gente vote, el del derecho a decidir, es una gran falacia. ¿En qué situación queda el derecho a decidir de los ciudadanos de ‘Camins’ si el resultado global en Cataluña es el sí a la independencia? ¿Tienen menos derecho a decidir que los de otros municipios? ¿Y si es toda una provincia la que decide no?
El territorio donde se enmarca la consulta es importante, por eso el Gobierno de España y, en esto sí, el principal partido de la oposición, al menos su dirección nacional (no así el titubeante PSPV) recalcan el artículo 1 de la Constitución para oponerse a ese supuesto derecho. Reza nuestra Ley Fundamental que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, de ahí que es inadmisible que una parte del territorio español, da igual si es una ciudad, una provincia o una comunidad autónoma se irrogue el derecho de decidir algo que nos afecta a todos por su cuenta.
Es un principio fundamental de nuestro sistema, no una norma banal. No se puede hacer demagogia tan sencilla engañando a un pueblo durante toda una generación (si no más) esgrimiendo un derecho de autodeterminación dibujado a su gusto.
En fin, dejo aquí la reflexión: ¿Quién defiende el derecho de autodeterminación de los ciudadanos de ‘Camins’?
