José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Mi padre, que en paz descanse, hombre con muchos defectos, como casi todos, pero que decía algunas verdades como puños, porque así lo creía, una de ellas era la tan conocida "con las cosas de comer no se juega".
Lo anterior no es óbice para que cada uno entienda, a su libre albedrío, qué son ‘esas cosas del comer’, ni que la madurez de un Estado democrático se demuestra con la posibilidad de expresar libremente cada uno aquello en lo que cree y a manifestarlo como mejor le parezca dentro de los límites que el ordenamiento jurídico a todos nos otorga.
La libertad de decidir qué coche compro, qué tipo de ropa visto, con quien me relaciono, en qué trabajo (esto con la dichosa crisis menos), así como si me gusta más la playa que la montaña, o si tengo creencias religiosas o no, entre otras miles de opciones, entran dentro de la libertad del individuo, en las que el Estado no debe intervenir en modo alguno, aunque tentaciones no les faltan.
Dentro de estas libertades, que conforman parte de esas cosas con las que no se juega, se encuentra el cómo y el donde se educan los hijos de cada uno de nosotros.
Cuando se proclama este derecho constitucional y se exige su cumplimiento, quienes no lo comparten comenten dos errores graves en su exposición, que, de modo alguno, pueden quedar sin respuesta; uno es el asociarlo a los colegios concertados exclusivamente, es decir, aquellos de iniciativa social que se sostienen en parte con fondos públicos y, por tanto, sometidos a los mismos criterios y exigencias que los de titularidad de la Generalitat; y el otro el que se trata de una demanda de la Iglesia Católica en España, por ser la titular de la mayoría de estos Centros educativos.
Los dineros con los que se sostienen parcialmente estos centros provienen de los Impuestos que pagamos todos, incluidos los de las familias que llevan a sus hijos a estos colegios y que también los pagan, como cualquier hijo de vecino.
Cabe destacar que en nuestra Comunitat este año se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de baremación para la elección de centro que no tiene en cuenta qué quieren las familias, pues no valora en modo alguno al centro elegido en primera opción.
Craso error comete quien cree que esto solo afecta a las familias que eligen un centro concertado y católico. Manifestaba recientemente un director de colegio público de Castellón que esta falta de valoración por la primera opción elegida provoca que familias que han elegido en cuarta o quinta opción un colegio, se les otorgue la plaza antes que a aquellos que lo han solicitado en primera, con lo que la permanencia en el centro será la mínima posible, siendo un grave problema en la actualidad en colegios con una matriculación muy baja, todos públicos, algunos incluso por debajo de los límites establecidos.
Por cierto, también se paga por todos mantener aulas con ocho, diez o doce alumnos en las escuelas de titularidad pública en el casco urbano de Castellón, sin ir más lejos.
