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viernes, 17 de mayo de 2024 | Última actualización: 21:55

Acabar con los desahucios es tarea de todos

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Iñaki Vallejo. Concejal de Castelló en Moviment.

Estamos hartos de buscar soluciones a los problemas de pérdida de la vivienda por causas económicas, y ningún político actualmente es capaz de hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda que reconoce la Constitución.

La lucha está en la calle y tienen que ser ciudadanos organizados los que presionen a bancos e inmobiliarias para que den una solución a cada caso. A esto se suman otros colectivos como Procuradores y Tribunales que están haciendo una densa campaña informativa para que los afectados por estos procedimientos puedan buscar una solución habitacional

Es una batalla sin fin, y que sólo puede resolverse por un acuerdo nacional de garantía de la vivienda.

Tenemos una legislación hipotecaria primitiva y de abuso, que viene de 1909 y que impide soluciones globales. Por eso, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se promueve la incorporación a los programas de los partidos políticos cinco exigencias que resuelvan definitivamente el problema de la vivienda:

1- Dación en pago retroactiva. Actualmente se aplica a un número muy restringido de personas que ya están excluidos socialmente. Se trata de aplicarla antes de llegar a ese estado.

2- Alquiler asequible, como la opción de vida segura, estable y a un precio asequible.

3- Detener los lanzamientos de la vivienda habitual sin alternativa habitacional.

4- Vivienda social,impedir que los pisos estén vacíos para evitar que sean objeto de especulación.

5- Suministros garantizados, como base para una vida digna.

Ya no podemos poner color político a este planteamiento, tan solo voluntad de reforma, sobre todo cuando miembros del Partido Popular ya acuden a las movilizaciones para paralizar los procesos de ejecución hipotecaria.

Es sencillo con estos mínimos resolver el problema de exceso de vivienda en oferta, equilibrar el mercado y aprovechar una situación crítica de sobreconstrucción para garantizar el derecho a la vivienda.

No hace falta ser economista de altos vuelos para entenderlo, e intentar buscar otro planteamiento sólo va encaminado a justificar un enriquecimiento de entidades privadas en momentos de crisis.