El juicio se prolongará durante once sesiones en octubre y noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón
El presidente de la empresa Escal UGS en 2013, Recaredo del Potro, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, han declarado hoy en la primera sesión del juicio por el llamado caso Castor, el almacén subterráneo de gas frente a la costa de Castellón. Ambos han defendido que "nadie en la población sintió los seísmos mientras inyectábamos el gas". Del Potro y Martínez Dalmau son presuntos responsables de un delito contra el medio ambiente que causó más de 500 seísmos frente a la costa de Castellón provocando daños materiales en muchas viviendas y una gran alarma social entre la población
S. Barberá/Castellón Información
La Audiencia Provincial de Castellón ha acogido hoy la primera sesión del juicio conocido como ‘caso Castor’, el almacén subterráneo de gas frente a la costa de Vinaròs, en el que están acusados el que fuera presidente de la empresa Escal UGS, Recaredo del Potro, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, como presuntos responsables de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. En el mismo juzgará la responsabilidad de ambos en más de 500 seísmos que se produjeron debido a la inyección de gas en la plataforma Castor. Los hechos ocurrieron entre los meses de septiembre a octubre de 2013 cuando la actividad de la mercantil generó un aumento de los terremotos en la zona que ocasionaron daños. La acusación pública solicita una petición de 6 años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.
El juicio ha arrancado con una gran repercusión mediática en el que más de 25 medios de comunicación se han acreditado para seguir este procedimiento que causó una gran alarma social provocada por estos seísmos y por los daños materiales que se vivieron en las localidades castellonenses de Vinaròs y Sant Mateu y las de Amposta y Sant Carles de la Ràpita en Tarragona.
El primero en prestar declaración ha sido el presidente de la empresa Escal UGS en 2013, Recaredo del Potro, quien ha manifestado que se encargaba de realizar “labores de asesoramiento y de representación ante instituciones, pero no ejecutivas”. Durante su declaración, a preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal, ha explicado que “hicimos todos los ensayos que nos había pedido el Observatorio del Ebro sobre la resistencia de las rocas y en todos los resultados fueron sumamente satisfactorios. En ningún momento conseguimos fracturar en ninguna roca”.
Del Potro ha reiterado en varias ocasiones que siguieron las recomendaciones del Observatorio del Ebro y mantenían informado al Ministerio de los planes de trabajo que realizaron en cada momento. A pesar de que la actividad de inyección de gas en el almacén Castor se realizó en tres periodos separado del año 2013, esto es del 13 al 27 de junio, del 19 al 23 de agosto y del 2 al 17 de septiembre, no fue hasta este último periodo cuando fueron alertados de los movimientos sísmicos que estaban ocurriendo en la costa de Castellón y en algunas localidades del interior. En este sentido, ha asegurado que “nadie en la población sintió esos seísmos mientras estábamos inyectando gas en el almacén”, en relación a que los microseísmos se sintieron jornadas posteriores a la inyección de gas. Y ha agregado que "se sintieron unos días después y a 20 kilómetros de la plataforma y no estaba claro que que esto era del almacén Castor". Además, también ha argumentado que la zona en la que se ubicó la plataforma Castor “sigue siendo la zona de menor peligrosidad de seísmos de la costa desde Francia a Gibraltar” y esto es algo que ya tenían en cuenta antes de ubicar allí la plataforma, “y esta calificación no ha sido modificada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)”.
Ha explicado que los incrementos de presión para inyectar gas fueron muy por debajo del límite recomendado, ya que ha señalado "lo máximo era 49 bares y se aplicó como mucho 7".
A preguntas de la abogada que representa como acusación particular a la Asociación de Afectados por la plataforma Castor (Aplaca), del Potro ha señalado que durante los días que ocurrieron los microseísmos se encontraba fuera de España, pero adelantó su viaje para informarse de todo lo ocurrido.
También ha explicado que el 16 de septiembre se decreta la paralización del almacén de gas, pero si no se llega a decretar “hubiéramos seguido trabajando en la plataforma”. Posteriormente, el 18 de junio de 2014 se prorroga la paralización y entonces desde la empresa renuncian a la concesión “porque la paralización era indefinida y eso hacía inviable el proyecto”.
Declaración del consejero delegado y testigos
Por otro lado, el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, ha señalado que previamente a la puesta en marcha de la plataforma, en el mes de marzo de 2009 ya cumplían con toda la autorización administrativa del proyecto. Y ha señalado, a preguntas de la fiscal, que “de los 13 pozos que se hicieron, 4 eran para monitorizar los movimientos sísmicos”.
Al igual que el expresidente de Escal UGS había manifestado anteriormente, Martínez Dalmau ha señalado que en el caso de que no se hubiera paralizado la inyección, habrían seguido con nuevos trabajos. “la última vez que inyectamos fue el 17 de septiembre donde todos los movimientos sísmicos habían sido muy pocos”.
Tras los dos acusados, también han declarado cuatro testigos, tres de ellos en calidad de miembros de consejo de administración de la empresa Escal UGS que han confirmado que “las cosas en su día se hicieron exquisitamente correctas”. Y el último testigo de la primera sesión del juicio ha sido el director del Observatorio del Ebro que, en septiembre de 2013, fecha en la que se ocurrieron los microseísmos se encontraba en funciones al estar recién incorporado al cargo. Este ha señalado que “la zona donde se ubica el Castor es una zona de baja sismicidad porque los análisis así lo indican”.
