Jorge Fuentes. Embajador de España.
Montesquieu escribió en 1748 'El espíritu de las leyes' una de las obras fundamentales para la construcción de la democracia moderna basada en la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en la existencia entre ellos de contrapesos que permitían combatir adecuadamente el despotismo monárquico.
En los países políticamente más desarrollados, ese equilibrio de poderes sigue produciéndose con toda meticulosidad. Si observamos lo que está ocurriendo en España en los últimos años, incluso en los últimos meses, será necesario concluir que, desgraciadamente en nuestro país existe una democracia de baja calidad y ello debido fundamentalmente a la sumisión de los poderes legislativo y judicial a los dictados del ejecutivo.
Veamos lo que está pasando en España con el poder judicial. Como consecuencia de los numerosos casos de corrupción y de otras lacras políticas, el país está inundado por sus cuatro costados por gravísimos casos que están reclamando a gritos la acción decidida de los tribunales.
Ya vemos que los casos están siendo juzgados con resultados desalentadores que hacen temer lo peor. Hace algunas semanas los jueces absolvieron al ex Ministro de Fomento José Blanco, dando así carpetazo al caso “Campeón”. Hace pocos días ha ocurrido lo mismo con el caso “Faisán” imputando con 18 meses de cárcel (es decir, que no pisarán la prisión) a dos imputados de responsabilidad media que, en modo alguno, hubieran podido actuar sin autorización del Ministro del Interior --a la sazón, Rubalcaba—e incluso del Presidente del Gobierno.
Vimos también cómo se rebajaba la condena al ex Presidente balear Jaume Matas y en su día, cómo se exculpaba al Presidente valenciano Camps por una absurda acusación de cohecho.
Puedo equivocarme y ojalá lo haga pero por la marcha que llevan las cosas, lo más probable es que los casos pendientes, queden también en agua de borrajas. Y si no, fíjense en lo que está pasando en cada uno de esos casos.
Los Pujol se envuelven en la bandera catalana y chantajean al gobierno central amenazándole con crispar el separatismo. En el caso Noos, el juez José Castro está siendo denigrado desde todos los flancos y en especial por el propio fiscal del caso que debería ser su gran apoyo y principal acusador de los imputados pero que se ha convertido en gran defensor de éstos. En el caso de los ERES de Andalucía, la juez Alaya –una de las personas con más arrestos en este país—necesita protección policial pues se ha convertido en enemigo número uno de los sindicatos. Y en el caso Bárcenas en que aparentemente estaba implicada media cúspide del PP, el ex tesorero se está quedando más solo que la una.
¿Qué indica todo esto? Varias cosas.
Que el poder judicial no es, con frecuencia, independiente.
Que el ejecutivo es intocable.
Que meterse en un partido o en un sindicato es de las mejores cosas que se pueden hacer si uno quiere sentirse bien arropado en este país.
Porque si, por el contrario, un ciudadano de a pie tiene que habérselas con los tribunales, pues ya lo saben, “Juicios tengas y los ganes”.
