Miguel Bataller. Ciudadano del Mundo y Jubilado.
En las administraciones públicas del Estado español, habida cuenta de la gravedad de la situación económica y financiera que estamos pasando, no queda más remedio que elegir entre una de dos estas posibilidades.
Nuestros políticos han estado abusando durante muchos años de la posibilidad de nombrar a cuantos asesores han querido de una forma arbitraria, para ejercer un tipo de nepotismo absolutamente innecesario, ya que en la función pública disponían de técnicos cualificados, para esos desempeños.
Con la llegada de la democracia creo recordar, se gestó una Ley del Funcionario muy a la española, que convertía poco menos que en un imposible, el despido de cualquier funcionario, a menos que sus delitos fueran de una gravedad extrema.
Esa dificultad, acompañada de un sentimiento corporativo que ha ido creciendo a lo largo de los años, nos ha llevado a aceptar como “normal” lo que nunca debió de serlo, y es la “invulnerabilidad funcionarial”.
El latiguillo con el que suelen responder siempre estos servidores públicos escudándose en el “yo he aprobado unas oposiciones”, debe de ser contestado en todo momento por los españoles de a pie con un “al aprobar las oposiciones, sólo demostraste tu preparación para llevar a buen término tu puesto de trabajo, pero en ningún caso tu responsabilidad profesional para ganártelo cada día de tu vida”.
Estoy cansado de escuchar ese lugar común.
Ese blindaje irracional en mi opinión, ha venido a demostrar que es imposible que cuando se pone una manzana sana, en un cesto con alguna podrida, nunca la sana descontamina a las podridas, y muy al contrario, acaban todas pudriéndose.
Como es habitual, todos los que hemos iniciado nuestra vida profesional, lo hacemos cargados de ilusión y buenos propósitos.
Pero mientras en el ámbito de la empresa privada uno no puede descuidarse, y tiene que ganarse el puesto de trabajo cada día con su dedicación y su esfuerzo, en el mundo oficial ese espíritu de superación y esa dedicación absoluta, suele dejar paso en demasiados casos a una indolencia e irresponsabilidad, que viene favorecida por la certeza de que uno no va a perder ese puesto de trabajo.
Esa es una de las mayores lacras de nuestra sociedad actual, y no quiero que nadie se sienta aludido a nivel personal, pues soy consciente, de que pese a mi exposición siempre ha habido y habrá funcionarios responsables y cumplidores de sus obligaciones, pero en mi opinión, no son la norma sino más bien la excepción.
Y como consecuencia de esa indolencia e irresponsabilidad, imagino que nació como una solución de emergencia para nuestros administradores la figura del “asesor”.
Y queriendo solucionar en problema (el de los “funcionarios irresponsables”) se generó otro, que ha ido creciendo de una manera alarmante (el de los “asesores innecesarios”)
Mientras España “nadaba en la abundancia”, nos acostumbramos a sufrir a los primeros y a tolerar a los segundos, pero llegadas “las vacas flacas” nos encontramos con la imposibilidad de poder pagarles a los dos y llega la difícil elección.
Nuestros administradores públicos, ya sean responsables de alcaldías, diputaciones o gobiernos autonómicos o centrales, se ven obligados a recortar gastos, para aligerar déficits públicos insostenibles.
¿Cómo van a solucionar esa situación?
Esa es la pregunta que me hago, y dudo si van a ser capaces de modificar la Ley del Funcionario, bajándoles de sus pedestales para dejarles al nivel del resto de los ciudadanos que deben de ganarse cada jornada su puesto de trabajo, con lo cual presumiblemente sobrarían muchos en las administraciones del Estado, o van a optar por terminar con la figura del “asesor”, enfrentándose entre ellos al tener que dejar sin trabajo a muchos parientes y amigos de sus compañeros en la vida política, con el desgaste que ello lleva consigo.
Una de las dos cosas habrá que hacer, ya que si no “globalizamos la decencia” asumiendo los riesgos necesarios, seguiremos sufriendo los efectos de una “indecencia globalizada” que nos ha llevado a la situación insostenible en la que estamos.
Y que tengan en cuenta tanto los funcionarios como los políticos, que “el haber ganado unas oposiciones o unas elecciones, sólo les garantizan la posibilidad de poder demostrar su idoneidad para el desempeño digno de sus funciones, y no les da ninguna patente de corso, si no demuestran ser dignos de merecerlo en su labor diaria”.
