Se prevé también el establecimiento de medidas coercitivas a las entidades financieras propietarias de viviendas deshabitadas, que así consten inscritas durante más de tres años en el Registro de Viviendas Deshabitadas. La multa la podrán imponer los ayuntamientos anualmente por un importe equivalente al duplo de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles hasta que se produzca la efectiva ocupación de la vivienda.
Los socialistas de Castellón han presentado una declaración institucional para que el pleno municipal se adhiera a la proposición de ley del PSPV en las Corts Valencianes contra los desahucios. La iniciativa permite intervenir cuando se inicia el proceso de ejecución y antes de que se dicte la orden judicial. Esta medida evitaría el 60% de los desahucios y permitiría a las familias afectadas quedarse en sus casas a cambio de un alquiler social.
“El disfrute de una vivienda digna es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, pero para llevarlo adelante es preciso que los poderes públicos adopten las medidas que posibiliten su ejercicio real y efectivo”, indica la portavoz del grupo socialista. Amparo Marco también recuerda que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que “la Generalitat garantizará el derecho a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos”.
Dos familias al día perdieron su vivienda en la ciudad de Castellón durante 2012. De enero a diciembre los juzgados de Castellón ordenaron casi 2.000 desahucios y solo en el partido judicial de Castellón perdieron sus casas 354 familias. Otras 4.300 están pendientes de frenar los desahucios.
La iniciativa socialista plantea la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción de compra a suscribir por la entidad financiera titular del crédito, el propietario ejecutado y la Generalitat, por un plazo de tres años, a la finalización del cual el arrendatario podrá optar por la compra o por continuar con el arrendamiento durante dos años más. La renta anual que abonará la Generalitat en ese periodo será del 3% anual del precio.
En el caso de que la entidad financiera se negase a formalizar el contrato de arrendamiento, la Generalitat procederá a tramitar la expropiación del usufructo temporal de la vivienda por un plazo máximo de tres años. El valor del justiprecio será del 2% anual del que corresponda a la vivienda y la persona beneficiaria contribuirá a sufragar dicho justiprecio en cuantía no superior al 50% de los ingresos de la unidad familiar.
