El Plan Local de residuos sale adelante, y se rechaza el Plan anti ocupación ilegal porque son viviendas de 'bancos malos'
El pleno Ayuntamiento de Castelló ha aprobado por mayoría la nueva ordenanza para el impuesto de Plusvalía, que no se cobrará hasta que sea definitiva. También ha salido adelante el Plan Local de Residuos pero se ha rechazado la propuesta popular para crear un plan anti ocupación ilegal de viviendas, entre otras cosas, porque “van a menos” y solo ocupan las viviendas de la Sareb, ‘el banco malo’
Esperanza Molina/ Castellón Información
El pleno del Ayuntamiento de Castelló se parecía mucho a la antesala de un médico de atención primaria. Casi todos los concejales se encontraban afónicos, constipados o con dolores por todo el cuerpo. Eran las consecuencias de la semana de Magdalena en la que, afirman, se mojaron mucho y pasaron mucho frío.
Con todo, la sesión se ha desarrollado con normalidad.
En la plaza Mayor se congregaban vecinos de la Marjalería y de la avenida de Lidón.
Los primeros protestaban porque la cota freática de la zona ha subido mucho con las últimas lluvias y con el caudal que llega de la parte alta del término municipal. Afirman que el agua se les mete dentro de casa pero los tornillos de Arquímedes y los bombeos no se ponen en marcha.
Los segundos mantienen su rechazo a las obras de la avenida.
Antes de la sesión la alcaldesa ha bajado a hablar con unos y con otros. Se ha preocupado por las inundaciones de la Marjalería y ha prometido pasar a visitar personalmente la zona por la mañana.
Por otra parte, muchos de esos vecinos querían subir y presenciar la sesión en la sala de plenos, pero el ayuntamiento mantiene todavía las restricciones sanitarias que limitan el aforo del salón y solo permitió que pudieran subir seis de ellos.
Minuto de silencio
La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid. Luego los puntos del orden del día pasaron sin pena ni gloria ni debates ni comentarios. Así se aprobó el Plan Local de Residuos de Castelló, con la abstención de Ciudadanos.
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Plusvalía
La mayoría del pleno, con la sola excepción de VOX, votó a favor de la nueva ordenanza que modifica el impuesto de Plusvalía. Se trata de la fiscalidad que graba el beneficio obtenido en la venta de un inmueble, y que constituye una parte importante del presupuesto municipal.
Como se recordará, el Tribunal Supremo emitió el pasado mes de septiembre una sentencia por la que anulaba definitivamente el impuesto de la Plusvalía al considerar que las fórmulas aplicadas no eran justas para los ciudadanos. La sentencia generaba un revuelo general entre todos los ayuntamientos del territorio nacional, que veían como mermaría una de sus principales fuentes de ingresos.
El Gobierno aprobaba pocos días después un Real Decreto para modificar algunos de los artículos de este impuesto para volver a ponerlo en circulación. Un Real Decreto que ya ha sido recurrido al considerar que el Gobierno debería haber gestionado un proyecto de ley y no tenía capacidad para gestionar de forma unilateral la modificación la ley anterior.
Para los ayuntamientos tampoco ha resultado tan sencillo. La normativa actual indica que cualquier tipo de ordenanza fiscal que se quiera aplicar o modificar debe seguir unos procedimientos, tampoco se puede aplicar de forma automática y eso quiere decir que, una vez aprobada inicialmente por el pleno deberá salir a exposición pública y volver de nuevo a pleno antes de que entre en vigor.
Las transacciones paralizadas tras la anulación de la sentencia y las compra-ventas de inmuebles realizadas después del pasado octubre se podrán comenzar a liquidar cuando la Plusvalía se apruebe definitivamente.
Tal como ha explicado el concejal de Hacienda, David Donate, la nueva Plusvalía solo se aplicará en el caso de que la venta del inmueble se realice por un importe menor del que tenía cuando se adquirió, es decir, cuando se haya obtenido un beneficio, y en este caso, sujeto también a las excepciones que ya se contemplaban.
En cuanto al cálculo del impuesto, el Real Decreto establecía varias formas de calcularlo. Pero en este sentido, se recomienda que la persona afectada consulte con un experto la que mejor le convenga dentro de esa legalidad.
No a un Plan contra la ocupación ilegal de viviendas
Como se preveía, se ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, que proponía la creación de un Plan anti ocupación ilegal de viviendas, y la creación de una oficina que pudiera asesorar a los vecinos que han sido víctimas de estas prácticas sobre los protocolos a seguir.
En defensa de la propuesta, Begoña Carrasco, explicaba que “éste es un problema más de inseguridad ciudadana que afecta tanto a los propietarios del inmueble ‘okupado’, como al resto de vecinos, que tienen que soportar comportamientos incívicos, peleas y amenazas, como han denunciado en múltiples ocasiones los residentes en fincas ‘okupadas’ de la calle Dean Martí, de la calle Borriol y en el Raval Universitari o de viviendas de la Marjalería. Cabe recordar que la semana pasada se produjo un homicidio frente a un edificio okupado de la calle Marqués de Salamanca en el que un okupa mató a otro a golpes quedando el cuerpo sin vida en medio de la calle”, explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco.”.
Es más, explicaba Carrasco, “según datos de las plataformas de afectados por ‘okupaciones’ ilegales, más del 80% de las mismas no son de familias necesitadas. Está constatado que alrededor de la ocupación ilegal existen organizaciones y mafias que cobran hasta 3.000 euros por facilitar ‘okupaciones’, y favorecen la comisión de hechos delictivos. Y según se desprende de los datos oficiales del Ministerio del Interior los 'okupas' toman casi mil viviendas al año en la Comunitat Valenciana”. “De enero a septiembre del 2021, indicaba la portavoz del PP, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia de 90 casos de ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Castellón, es decir, una media de
diez al mes. Se trata de una cifra similar a la registrada durante todo el 2020 (ese año las denuncias ascendieron a 134), pero muy superior a las de años atrás.
Para Carrasco, el Ayuntamiento, como institución más cercana, “tiene medios y capacidad para ayudar a dar una respuesta social a un problema que muchas veces sobrepasa la capacidad de los propietarios o vecinos afectados. Ayuntamientos como el de Madrid ya se han puesto en marcha activando el denominado Plan Integral de Lucha contra la ocupación ilegal, además de haber creado la denominada ‘Oficina Antiokupas’”.
Por último, la iniciativa de los Populares también insta al gobierno municipal a firmar un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, con el fin de que el Ayuntamiento se implique económicamente en la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, por parte de los colegiados, a propietarios o comunidades de vecinos afectados. Un convenio en la misma línea que ya existe para el caso de los desahucios, con el fin de cubrir todo el espectro de problemas existentes en el área de la propiedad de una vivienda.
Sin embargo, estos argumentos han sido del todo insuficientes para la concejal de Vivienda, que ha respondido en calidad de representante del equipo de gobierno, Mª Jesús Garrido.
Garrido ha apuntado que los datos que aportaba Carrasco no eran reales (pese a que la portavoz del PP los hubiera tomado de fuentes oficiales). Y tampoco se ha cortado un pelo al afirmar, que la cosa no era tan grave, ya que las viviendas ocupadas pertenecen a los bancos de la Sareb (banco malo) y no a pequeños propietarios particulares.
Sobre esa base, Garrido se ha centrado más sobre las viviendas vacías de la capital de la Plana que sobre las que se ocupan ilegalmente, y no ha entrado ni en la existencia de mafias que se hacen con viviendas y las proporcionan a otras familias mediante alquileres irregulares, como había denunciado Carrasco.
“Si estas viviendas se dispusieran a la ciudadanía con un alquiler que no superara el 30 % de los ingresos el problema de la ocupación se habría acabado”, ha afirmado Garrido. Y también ha apuntado que “ya existe un convenio firmado con el Colegio de Abogados que se encarga de atender todas las problemáticas relacionadas con la vivienda y que no hay constancia de la recepción de casos relacionados con la ocupación. Ha resaltado que la Oficina de Vivienda trabaja a pie de calle para asesorar a la ciudadanía.
