El juez viene a decir ahora que, si todos los políticos que tienen redes sociales tuvieran que ser investigados, se saturarían los juzgados
El Juez de la pieza separada nº 10 de la Audiencia Nacional que investigaba ‘La Operación Púnica’ en Castellón, ha archivado el caso en el que se imputaba a un ex alcalde de Castellón, Bataller, y el ex concejal Pérez Mácián. El archivo se produce ocho años después de que se iniciara la investigación en el Ayuntamiento de Castellón. No hay indicios ni se pude establecer delito. Y según el juez: si todos los políticos que tienen redes sociales tuvieran que ser investigados, se saturarían los juzgados.
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid ha archivado la pieza separada nº 10 de la Operación Púnica de Castellón, por la que estaban investigadas 5 personas: el exalcalde de Castellón, Alfonso Bataller, el ex concejal, Juan José Pérez Macián, dos técnicas y el empresario Alejandro de Pedro Llorca. A todos ellos se los acusaba de haber podido utilizar dinero público para mejorar la imagen reputacional de Alfonso Bataller.
Tras varios años sin que se hayan realizado nuevas diligencias ni se haya apreciado la comisión de delito, el juez entiende, que salir en las redes sociales no es delito.
¿Qué era la Operación púnica?
En 2014, a instancias de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil iniciaba una macrooperación de detenciones en todo el territorio nacional denominada Operación Púnica. Se trataba de averiguar si empresarios y políticos de diferentes instituciones podrían formar parte de una trama de corrupción que habría adjudicado servicios por valor de 250 millones de euros.
Entre los detenidos, como presunto cabecilla de la trama se encontraba Alejandro de Pedro Llorca, consultor y empresario con residencia en Valencia. Y la acusación se realizó en base a que algunas de sus empresas habrían intentado ‘mejorar’ la imagen reputacional de políticos y alcaldes a través de medios de comunicación, como diarios digitales, que estaban interrelacionados entre sí.
Como consecuencia de aquella investigación se puso el ojo de mira sobre todos los ayuntamientos y políticos que habrían podido contratar los servicios de estas empresas.
El Ayuntamiento de Castellón, en el punto de mira
Cuando se inició la investigación, uno de los ayuntamientos que salieron a relucir fue el de Castellón.
Se supo entonces, y así lo explicaron miembros del gobierno y la oposición, que el Ayuntamiento de Castellón había contratado varias inserciones de publicidad en uno de los digitales de esta red, con la empresa Madiva Editorial, de Alejandro de Pedro Llorca.
El revuelo que se generó entonces fue enorme, hasta el punto de que se produjo una intervención simultánea de agentes de la Guardia Civil en varios ayuntamientos de España, entre ellos: Denia, Gandía, Valencia y Castellón.
De aquella investigación, en Castellón, se llegaron a detectar dos contrataciones de publicidad que el ayuntamiento no llegó a pagar. Una vez que había salido a la luz la trama y el nombre de las empresas denunciadas, Castellón paralizó el pago de aquellas inserciones publicitarias.
Las consecuencias políticas de la Púnica en Castellón
Como resultado de todo aquello, el cabeza de lista de la candidatura del PP, que fue la más votada, aunque sin mayoría absoluta, Alfonso Bataller, dimitió antes de tomar posesión de su cargo y dejó al frente del Grupo Popular a Begoña Carrasco.
La suma de las minorías de Izquierda: PSOE, Compromís y Castelló En Moviment, firmaron el Pacto del Grau y se hicieron con el gobierno municipal.
Pieza Separada Nº 10 e Informe de la UCO
La Operación Púnica dio lugar, a su vez, a varias piezas separadas, entre ellas, la número 10, que afectó al Ayuntamiento de Castellón.
El hecho de que Castellón hubiera tenido contactos con los empresarios que dirigían las empresas investigadas, dio lugar a un informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil en enero de 2019.
El contenido del informe de la UCO
Y sí, en el informe de la UCO se hablaba de conversaciones, de propuestas, por parte de estos empresarios al entonces alcalde (2014) de Castellón, Alfonso Bataller.
Según aquellos documentos, conversaciones grabadas, investigaciones, quedó patente, que aquellos empresarios sabían muy bien quien era Alfonso Bataller, y que lo habían puesto en el punto de mira como un potencial cliente que podría llegar a contratar sus servicios.
Con lo que no acertaron, tal como se vería después, fue con la desconfianza natural de un alcalde que ya había pasado por un infierno cuando se lo llegó a investigar por una de las tramas de Gürtell, de la que fue exonerado.
Claro que Bataller entendía la necesidad de mejorar su imagen en aquellos tiempos, y de eso se hablaba también en el informe. Eran momentos complicados, las nuevas tecnologías estaban en alza, y sus precursores convertían aquellas nuevas tecnologías en el genio mágico de todos los logros…
Pero Bataller, como señalaban sus allegados, no solo era ‘desconfiado’, sino también excesivamente prudente con los fondos públicos. Más gestor que político, se había visto obligado a reducir servicios, abaratar costes para hacer frente a una crisis económica que había afectado de lleno al Ayuntamiento.
Bataller no fue pieza fácil. Además, delegaba constantemente en sus colaboradores más cercanos, dudaba, preguntaba, y lo sometía todo a una lupa inmensa.
Tan solo lograron ‘colarle’ muchas promesas y dos inserciones de publicidad para dos campañas municipales.
Pero cuando en octubre de 2014 saltó a la actualidad nacional la Operación Púnica y el nombre de las empresas que podían estar implicadas, Bataller dio un paso atrás y ordenó que no se pagara ninguna de aquellas dos inserciones.
Y así lo explicó después, por activa y por pasiva, aunque ya no había quien le quitara el ‘san benito’ de encima.
El juzgado imputa a los políticos de Castelló
Con el Informe de la UCO y la apertura de la pieza separada Nº 10, la Audiencia Nacional accedió a la petición de la Fiscalía para imputar formalmente a políticos y técnicos de varios ayuntamientos, entre ellos el de Castellón.
En Castellón fueron declarados como investigados, Alfonso Bataller, que ya había renunciado a la política y había vuelto a su puesto de trabajo en el Hospital; Juan José Pérez Macián, que repitió como concejal de Castellón en las elecciones de 2019; y dos técnicas municipales, en labores de comunicación y coordinación de alcaldía en 2014.
El juzgado archiva la causa y exonera a los imputados
Ahora, con fecha de 16 de octubre de 2023, el Juzgado Central de Instrucción de Madrid ha declarado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.
En su razonamiento el juez afirma: que “no hay manera de establecer una línea divisoria entre el protagonismo que le corresponde a una persona como consecuencia de la actividad social está llamada a desempeñar desde la institución en la que ejerce su cargo y la obra social creada desde la institución que representa”.
Y añade: Afirmar que, un perfil público en una determinada red social de un político que ostenta un cargo público es ‘publicidad personal’ supone, sencillamente, abstraerse de la realidad social del momento en el que nos encontramos. Si se tuviera que instar a una investigación penal por cada uno de los políticos de este país que tuviera una red social a su nombre, para poder discernir si se trata de publicidad institucional o personal, o que contrate empresas de marketing para examinar si realmente promociona su nombre o la institución, no solo se saturarían los juzgados de instrucción, sino que se estaría desnaturalizando el ordenamiento penal”.
Concretamente y, sobre el caso del Ayuntamiento de Castellón, indica el auto: “Del estudio del procedimiento se desprende que no se ha acreditado que las empresas de Alejandro de Pedro EICO/Madiva hicieran trabajos reputacionales para mejorar la imagen personal del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller en los términos expuestos en el fundamento de derecho anterior. En las actuaciones consta tan solo un informe preventa elaborado por las empresas EICO/Madiva, y un informe de reputación en buscadores de septiembre de 2014. No se ha constatado que estos informes, especialmente el último, que hace un análisis de redes sociales, tenga una dimensión puramente personal o particular, dirigido a analizar cuestiones de índole personal del Sr. Bataller, desconectadas de su dimensión institucional. Por el contrario, el análisis se articula sobre la proyección institucional de éste.
El mismo auto hace referencia al certificado del secretario general del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en el que consta “dicho ayuntamiento no abonó cantidad alguna a las mercantiles Eico/Madiva…
No consta igualmente, añade, que las facturas fueran relativas al pago de ningún tipo de asesoramiento político, o relativas a la búsqueda de influencias”, punto en el que contradice las conclusiones del informe de la UCO de enero de 2019.
Y señala también: “La precariedad de los indicios acumulados una vez concluida la instrucción y oídos los investigados, no permiten apreciar la existencia de un concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar en el delito del artículo 436 CP imputado como primera infracción que arrastra al resto de las infracciones: falsificación de documento mercantil del artículo 392 CP; prevaricación en artículo 404 CP; malversación de caudales del artículo 432 CP; y cohecho del artículo 419 CP.
De este modo, indica más abajo, “examinada la pieza, debe procederse al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de JA Bataller, JJ Pérez Macián, CQA, PTA y Alejandro de Pedro Llorca al reputarse que, de los hechos investigados, no ha resultado debidamente acreditada la comisión de delito alguno.
