La provincia contabiliza 855 mujeres víctimas de violencia machista mientras la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda autonomía con mayor tasa de criminalidad de España
Los órganos judiciales especializados en la provincia de Castellón tramitaron un total de 905 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de este año, según revela el último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hecho público hoy. Los datos oficiales de este periodo reflejan que la provincia atendió a 855 mujeres víctimas de maltrato físico o psicológico en los juzgados de los partidos judiciales castellonenses. A nivel autonómico, las denuncias crecieron un 4,3% y las víctimas un 1,2%, consolidando una preocupante tendencia al alza.
El porqué de este repunte, según los expertos, responde a una mayor concienciación social que empuja a romper el silencio, aunque también a la persistencia de este fenómeno criminal en la sociedad castellonense. De hecho, la Comunitat Valenciana se ha situado como la segunda autonomía con mayor tasa de víctimas de toda España, registrando un índice de 23,9 víctimas por cada 10.000 mujeres. Este indicador sitúa al territorio valenciano muy por encima de la media nacional, que se fijó en 20, siendo únicamente superado por las Islas Baleares.
El silencio en los tribunales
Un aspecto clave del informe sectorial es el número de mujeres que se acogen a la dispensa legal para no testificar. En la provincia de Castellón, un total de 102 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor penal, lo que equivale a que 13 de cada 100 mujeres decidieron dar marcha atrás en el proceso judicial. A nivel regional, las renuncias alcanzaron las 888, divididas de forma casi idéntica entre ciudadanas de nacionalidad española (456) y mujeres de procedencia extranjera (432), lo que evidencia la vulnerabilidad transversal de las afectadas.
La inmensa mayoría de los expedientes incoados en los juzgados penales se inició por la valentía de las propias damnificadas. Las estadísticas demuestran que el 73,3% de las denuncias fue interpuesta por la propia víctima, ya fuera acudiendo de forma directa al órgano judicial o personándose en una comisaría de Policía o cuartel de la Guardia Civil. Por contra, los atestados policiales directos supusieron el 15,5% del total de las intervenciones, mientras que las denuncias presentadas por el entorno familiar apenas representaron una cifra residual.
Alta tasa de condenas judiciales
En el ámbito estrictamente penal, la respuesta de los tribunales de justicia ante los delitos machistas ha sido contundente. Del total de resoluciones definitivas dictadas por los juzgados del territorio valenciano, el 85% de las sentencias fue condenatoria, lo que supuso el castigo penal para 1.990 agresores. Este porcentaje de éxito punitivo se elevó de manera extraordinaria hasta el 93,7% de condenas cuando los casos fueron juzgados en primera instancia por los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer.
Asimismo, la presión policial y la protección de las afectadas se tradujeron en la tramitación de 1.347 solicitudes de órdenes de protección en la autonomía, de las cuales se terminaron adoptando un total de 1.072 órdenes, logrando un repunte interanual del 15,5%. En el desglose de la actividad, los juzgados específicos de la provincia de Castellón dictaron un total de 118 órdenes de protección definitivas encaminadas a salvaguardar la vida y la integridad física de las denunciantes de las comarcas del norte.
Medidas cautelares civiles y penales
Para asegurar la efectividad de este amparo, la justicia ordenó 2.307 medidas penales de protección directas. Entre las herramientas más comunes aplicadas por los magistrados destacaron las órdenes de alejamiento (982) y las prohibiciones de comunicación (888). A estas se sumaron 635 medidas cautelares civiles destinadas a regular el entorno familiar de forma provisional, incluyendo la suspensión del régimen de visitas a 150 progenitores y 105 casos de retirada de la guarda y custodia de menores de edad.
Ante la gravedad del balance trimestral, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha mostrado su profunda preocupación por esta “realidad criminal innegable” que azota a la provincia. La presidenta ha recordado que los datos judiciales reflejan únicamente la punta del iceberg de un problema donde mucha violencia permanece oculta por el miedo, por lo que ha realizado un llamamiento urgente a todas las administraciones para dedicar más recursos materiales y ha instado a las víctimas a utilizar los canales del “teléfono 016” para salvar sus vidas.
