La crisis fronteriza de agosto evidencia los límites del control de masas, la parálisis logística del Estado y la urgente necesidad de una reforma legislativa en la Unión Europea.
Sentados cómodamente en el salón de casa, repasando las crónicas de los telediarios, resulta sencillo teorizar sobre los graves sucesos ocurridos a principios de agosto en Ceuta. Sin embargo, el análisis riguroso exige, ante todo, determinar qué ha pasado exactamente en esta plaza española. Hasta la fecha, existe una preocupante tendencia a camuflar los hechos bajo distintos eufemismos; un baile de nombres que, en el fondo, solo busca difuminar la gravedad de los conceptos.
En crisis fronterizas precedentes se hablaba de "asalto" cuando un grupo de personas violentaba el perímetro terrestre para cruzar ilegalmente desde Marruecos. El antecedente más grave, registrado en 2021, contabilizó entre ocho y diez mil personas. En este último episodio, la cifra ha pulverizado los registros situándose entre las setenta y ochenta mil personas. Ante tal magnitud, el término "invasión" se impone por puro peso demográfico, aunque cambiar el vocabulario no añade mayor gravedad objetiva a un escenario que ya es crítico. Asalto, ocupación o invasión describen la misma fractura soberana.
Más allá de los nombres, debemos calibrar el riesgo real que supone para la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la convivencia cívica o el funcionamiento de los servicios públicos, la ocupación de decenas de miles de personas en un espacio urbano de apenas 18,5 kilómetros cuadrados. Para entender esta asfixia territorial, baste recordar que Castellón de la Plana supera los 111 kilómetros cuadrados. Que una ciudad duplique su censo por un quebrantamiento violento de las fronteras europeas, dinamitando el sistema jurídico y la convivencia de una nación, reviste una gravedad sin precedentes modernos. De ahí el estupor de la comunidad internacional y de la Unión Europea, primera agredida al verse vulnerado el espacio Schengen.
Resulta imprescindible empatizar con los ceutíes y el pavor que genera contemplar las calles colapsadas por contingentes masivos que han accedido ilegalmente. Pero el desconcierto se multiplica al observar cómo la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha visto desbordada e incapaz de atajar el problema de raíz. El control de masas tiene un límite cuantitativo infranqueable a partir del cual la policía pierde su eficacia; un límite dictado por la propia naturaleza democrática y los fundamentos legales bajo los que opera.
La Policía Nacional regula con éxito a más de ochenta mil personas cada semana en el Estadio Santiago Bernabéu, y desplegó un dispositivo impecable durante la Copa del Mundo. Sin embargo, aquellas eran masas pacíficas que aceptaban las reglas del juego. Cuando la multitud se vuelve anárquica o violenta, los recursos policiales solo son eficaces hasta donde lo permiten sus medios y la especialización de sus unidades.
Es cierto que, en pleno agosto, las plantillas policiales se encuentran mermadas por las vacaciones estivales y los concursos de traslados. No obstante, esto no justifica que la respuesta institucional durante las primeras cuarenta y ocho horas haya sido tan tenue y lenta. Estos síntomas de parálisis ya se han apreciado en otras emergencias recientes en España, lo que invita a reflexionar sobre una excesiva burocratización de la operatividad. Movilizar a cientos de agentes exige prever transporte, alojamiento y manutención, una logística que en la época estival del sur de España es compleja, pero no imposible para un Estado moderno.
Esta crisis no presentaba un escenario inédito. Por ello, resultaba exigible un Plan de Actuación automatizado que activara de inmediato la respuesta logística, coordinando el traslado urgente, por vía aérea o marítima, de las unidades policiales especializadas en control de masas. Es seguro que este escenario figuraba en los análisis de los responsables públicos, conscientes de que un desafío de estas características terminaría materializándose tarde o temprano.
Tampoco encuentra fácil explicación la renuncia a aplicar la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015), cuyos criterios de gravedad extrema, dimensión, urgencia y transversalidad se cumplían rigurosamente. Quizá la declaración de un estado excepcional, como el de sitio bajo la premisa de una "guerra híbrida" o la desestabilización del funcionamiento del Estado o de sus instituciones, no ofreciera las herramientas más idóneas. Sin embargo, y aun sin decretar medidas de excepción, la movilización del Ejército ha sido ejemplar. El despliegue de sus vehículos blindados no solo aportó activos estratégicos en el terreno, sino que envió un mensaje de disuasión claro para quien quisiera escucharlo. Con todo, conviene no olvidar que la función constitucional de las Fuerzas Armadas está orientada a la neutralización del enemigo mediante el uso de la fuerza letal y cuenta con límites jurídicos muy definidos.
Pasados los días, la crisis persiste bajo la sombra de nuevas oleadas fronterizas. Mientras tanto, el Instituto Anatómico Forense roza el colapso al albergar cerca de un centenar de cadáveres, y los servicios públicos se ven desbordados por el papeleo, reseñas y necroreseñas, perfiles de ADN, localización de menores y expedientes de expulsión.
Este desafío estructural no se va a solucionar con parches: ni con barreras neumáticas flotantes, ni mediante el acuartelamiento permanente de miles de agentes, ni fiando la seguridad a unos acuerdos con Marruecos que sistemáticamente se incumplen. La solución definitiva exige reformar la ley europea de extranjería con un mensaje contundente y sobre todo permanente: la entrada irregular en la Unión Europea debe acarrear la pérdida inmediata del derecho a residir. El arraigo no puede seguir siendo la salida automática a la ilegalidad si queremos desactivar el efecto llamada. Solo fijando pautas firmes y comunicándolas con claridad en los países de origen se podrá empezar a canalizar este descontrol.
