Presentan una declaración institucional en el Ayuntamiento de Castellón por el aumento de la carga de trabajo y la espera en los juzgados de violencia de género
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de abril en la que reclama más medios personales y materiales para los juzgados de violencia de género, así como la revisión de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Según el portavoz popular, Sergio Toledo, la aplicación de la 'Ley Bolaños' ha incrementado la carga de trabajo en estos órganos judiciales y ha provocado retrasos en la tramitación de los procedimientos. El grupo municipal sostiene que la reorganización del sistema judicial, que incluye la transformación de juzgados en tribunales de instancia y la ampliación de competencias, se ha llevado a cabo sin la dotación suficiente de recursos.
Entre los efectos señalados, el PP destaca que desde el 3 de octubre los juzgados de violencia de género también instruyen casos de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, lo que, según su valoración, ha contribuido a duplicar los tiempos de espera en algunos casos.
La formación añade que distintos operadores jurídicos han advertido de retrasos de varios meses en señalamientos y de una situación de saturación en estos juzgados. También apuntan a la falta de personal, la reducción de refuerzos y problemas en la implantación tecnológica como factores que agravan la situación.
Ante este escenario, el PP plantea instar al Gobierno de España a aumentar el número de plazas judiciales y reforzar los medios disponibles para garantizar una atención “adecuada y eficaz” a las víctimas.
La Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia forma parte de la reforma estatal del sistema judicial orientada a reorganizar los órganos judiciales y mejorar su funcionamiento. Entre sus medidas figura la creación de tribunales de instancia y la redistribución de competencias. Su implantación ha generado debate entre formaciones políticas y profesionales del sector jurídico por su impacto real en la carga de trabajo y los tiempos de respuesta.
