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miércoles, 15 de abril de 2026 | Última actualización: 19:12

Hacienda defiende la rebaja fiscal del Consell y amplía deducciones en el IRPF

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La Generalitat impulsa una reforma para garantizar ingresos y extender beneficios fiscales a rentas medias, con mejoras que alcanzan hasta 60.000 euros

La Generalitat apuesta por una reforma fiscal que combina rebajas tributarias con suficiencia financiera, al tiempo que amplía las deducciones en el IRPF para llegar a las rentas medias en la Comunitat Valenciana.

La directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, ha subrayado esta estrategia durante la presentación del informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2026. Comunitat Valenciana', elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Valencia. El documento analiza la situación normativa y recaudatoria de las comunidades autónomas y detecta tendencias comunes.

Entre las principales medidas, la Generalitat ha elevado los umbrales de renta en deducciones sociosanitarias hasta 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en conjunta. También ha incorporado una nueva deducción para formación musical y ha ampliado las ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento, que se duplican en el primer hijo y se triplican a partir del tercero.

Además, la administración autonómica ha aplicado una reducción progresiva de la carga tributaria, que no ha impedido un aumento de los ingresos. Según los datos de ejecución presupuestaria, la recaudación ha crecido más de un 13 % en la última liquidación.

Domínguez ha señalado en estilo indirecto que el Consell busca garantizar la suficiencia financiera sin desincentivar el esfuerzo, la inversión ni la movilidad. También ha defendido que España necesita una reforma profunda de la imposición patrimonial, con una simplificación del impuesto sobre el patrimonio y una redefinición del papel de los tributos sobre sociedades y donaciones para corregir la acumulación de riqueza.

Asimismo, ha indicado que, mientras no llegue esa reforma estatal, las comunidades autónomas deben adaptar sus políticas fiscales mediante el uso de sus competencias normativas, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema tributario.