El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobó por unanimidad la declaración de apoyo al pueblo gitano, que fue recibida con aplausos del público asistente
El pleno del Ayuntamiento de Castellón correspondiente al mes de marzo discurrió sin altercados, lo que no deja de ser una buena noticia, y hasta cierto punto, una anormalidad para lo que había sido el desarrollo de sesiones anteriores.
La noticia de la jornada surgía en los últimos minutos de la sesión, a raíz de una pregunta formulada por Compromís.
La agrupación valencianista recordó a la primera autoridad, que ya hace más de seis meses que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió prescindir de personal para la protección de la Reserva Marina de las Islas Columbretes de Castellón. Esa decisión reduce los sistemas de vigilancia y pueden dar lugar a numerosas infracciones que pondrían en peligro el ecosistema del archipiélago.
Como se recordará, Las Columbretes pertenecen a término municipal de Castellón. El conjunto de islas fue declarado como Parque Natural (1988). Su gestión en tierra corresponde a la Generalitat Valenciana.
A su vez, el entorno marino está declarado Reserva Marina, por lo que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ambos organismos llevaban un sistema de gestión y protección conjunta, mediante el que que alternaban equipos de, al menos dos personas que se relevaban cada 15 días. La decisión del Ministerio, de reducir su intervención pone en un brete la continuidad del sistema de protección que debe de estar integrado por varias personas.
En su pregunta, Compromís reconocía, que todos los organismos de peso en Castellón, la provincia y la Comunitat Valenciana han protestado la decisión con la aprobación de manifiestos y declaraciones institucionales a los que el Ministerio ha hecho oídos sordos. Ni siquiera ha respondido.
Ante esta situación, Compromís preguntaba a la alcaldesa, si no le correspondía a ella adoptar medidas más contundentes, ya que las Columbretes forman parte del término municipal de Castellón. Y si no sería más adecuado que Begoña Carrasco solicitara directamente una entrevista en el Ministerio para intentar llegar a algún tipo de acuerdo para la protección de las Columbretes.
La alcaldesa de la ciudad no tuvo reparos en responder, que Compromís tenía razón, que iba a recoger el guante y que iba a solicitar esta entrevista en Madrid. Ahora bien, rogaba a los portavoces de todos los grupos, del gobierno y de la oposición, que la acompañaran en el viaje y en la reunión con el ministerio para demostrar la unidad de la Corporación en la defensa de su territorio.
Como se trataba de un ruego, no hubo votación, pero los otros grupos asistieron desde sus bancadas.
Rechazada la moción de Compromís sobre la vivienda joven
En el mismo pleno, el equipo de gobierno rechazó una moción presentada por Compromís para la creación de ayudas al alquiler joven al considerar que ya se trabaja en esa línea.
La concejala de Vivienda y Juventud, Ester Giner, señaló que el Ayuntamiento ha creado una partida específica destinada a este fin y enmarcó la política municipal en una estrategia más amplia orientada a aumentar la oferta y el parque público de vivienda, así como a actuar sobre las causas estructurales del acceso al alquiler.
La alcaldesa, Begoña Carrasco, avanzó que la previsión es incorporar los remanentes en el pleno de abril, lo que permitirá dotar estas ayudas con una cuantía más elevada de la que había solicitado Compromís, que rondaba los 500.000 euros.
Declaración en apoyo del pueblo gitano
El pleno del Ayuntamiento también aprobó por unanimidad una declaración institucional en apoyo a los derechos del pueblo gitano. Miembros del Secretariado Gitano de Castellón recibieron con aplausos esta declaración. Y la alcaldesa indicó con cara de felicidad, que daba las gracias a este secretariado, porque, gracias a ellos, la Corporación se había puesto de acuerdo.
Como estaba previsto, se aprobó por unanimidad una declaración institucional para exigir al Gobierno central la mejora del servicio de Cercanías en la provincia. El acuerdo reclama más inversiones, la ejecución de actuaciones pendientes y la modernización de infraestructuras, estaciones y material rodante, además de evitar que el impulso al transporte de mercancías perjudique al servicio de pasajeros.
Asimismo, la corporación municipal dio luz verde a varias declaraciones institucionales con motivo del Día Mundial del Párkinson y el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Informe de intervención sobre el Patronato de Turismo
En el apartado de Ruegos y Preguntas, y tras la participación de Compromís, la alcaldesa Begoña Carrasco manifestó que ella tenía una pregunta para los grupos de la oposición. Esta iniciativa resultó tan inesperada como novedosa. Por lo general son los concejales los que preguntan y el equipo de gobierno el que responde...
Pero aquí la alcaldesa mencionó que ella también era concejal, luego estaba en su derecho... ante las protestas de la oposición se consultó a la secretaria del Pleno, que vino a decir, que en este apartado podían preguntar los concejales para que la alcaldesa respondiera.
Sea como fuere, el equipo de PP y VOX lo llevaban todo bien planificado. De lo que se trataba era de poder dar su versión sobre la auditoría del interventor municipal sobre los contratos menores del Patronato de Turismo. Es decir, el documento con el que Compromís y PSOE han ido a Fiscalía por si de él se desprende que pudo haberse cometido delito de fraccionamiento de contratos.
El concejal de Impulso Económico, Juan Carlos Redondo, dio cuenta del informe de Intervención correspondiente al ejercicio 2021, en el que se recogen contratos menores por valor de más de 6,1 millones de euros. Según afirmó, según ese documento tampoco se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y se apunta a un posible fraccionamiento. Claro, que en ese momento quien gobernaba era la coalición de PSOE, Compromís y Podem.
Redondo añadió, que el Patronato de Turismo recurrió a este tipo de contratación en el 75,45 % de los casos en 2022 y en el 77,51 % en 2023, porcentajes que, según indicó, superan los que motivaron la denuncia ante la Fiscalía por parte del anterior equipo de gobierno.
