El PSOE pide la “dimisión inmediata” del responsable de Movilidad al “existir indicios suficientes en la causa por posible tráfico de influencias o conducta ilícita”. El PP aboga por la presunción de inocencia
La Audiencia Provincial de Castellón ha reabierto la investigación por el caso de las multas impagadas de la zona azul por parte del concejal de Movilidad en el Ayuntamiento, Cristian Ramírez.
Así lo ha dado a conocer este viernes el PSOE, que recurrió el auto del Jugado de Instrucción número 5 tras decretar el sobreseimiento de la causa. “El juzgado nos ha dado la razón y va a reabrir la investigación para esclarecer si el motivo por lo que estas multas no fueron pagadas esconde un hecho delictivo”, ha avanzado el edil Jorge Ribes.
Esta novedad en el ‘caso multas’ supone, para el PSOE, un cambio de escenario, pues “hasta ahora se trataba de un tema político e incluso social, pero ahora es una cuestión judicial porque Ramírez tiene que dar explicaciones en sede judicial”.
Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Castelló, ha insistido en que “se reabre el caso porque la elevada cantidad de multas sin pagar (134) es muy llamativa” y “existen indicios suficientes para investigar el caso por posible tráfico de influencias o conducta ilícita” al tratarse del encargado de la zona ORA.
Con todo, los socialistas han exigido responsabilidad políticas, ejemplaridad y transparencia y han pedido “la dimisión inmediata” de Ramírez o su destitución por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco. “Es incompatible gestionar el área de Movilidad con estar investigado en una causa judicial. Si la alcaldesa no actúa será cómplice”.
Compromís: "Carrasco no puede mantener más al concejal de Movilidad"
Compromís per Castelló ha reaccionado a la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de reabrir la investigación contra el concejal del Partido Popular Cristian Ramírez. Ignasi Garcia ha señalado que "Begoña Carrasco no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló al señor Cristian Ramírez, a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul".
"Al final, lo que está pidiendo la Audiencia Provincial de Castellón es lo mismo que pedía Compromís: que la señora Carrasco aclare cómo es posible que a concejales del PP les desaparezcan las multas, y es mejor saberlo por ella antes que por una sentencia judicial".
La Audiencia no determina culpabilidad pero pide que se investiguen los hechos
El 'caso de las multas' del concejal Ramírez, comenzó a principios del año 2024. Fue a raíz de unas denuncias realizadas al Grupo Municipal Socialista de Castellón.
Los vecinos de una determinad calle habían protestado porque había un coche que aparcaba de continuó en una zona azul, con una tarjeta de residente que no se correspondía a la zona; pero que además acumulaba multas y más multas por pasarse del periodo permitido por el sistema de la Ora.
Como resultado de aquellas denuncias, el Grupo Socialista consultó la 'memoria de la web de la ORA', que entonces permitía acceder a datos propios y ajenos. Y comprobó que la matrícula del vehículo denunciado correspondía al concejal Ramirez del PP; para más delito, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón.
Además de la acusación política, Patricia Puerta, en nombre del Grupo Socialista, inició diligencias judiciales. Según la web de la ORA, que el concejal del PP había llegado a acumular 167 denuncias por estacionamiento indebido en una de las calles de la ciudad.
Parte de aquellas multas fueron pagadas en tiempo y forma, pero no todas. Se comprobó entonces, que había 134 denuncias impagadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024. Toda la documentación se puso en manos de la Fiscalía.
El concejal Ramírez procedió entonces a pagar todo lo que 'tuviera pendiente' en la Oficina de Recaudación, con sus correspondientes recargos. Y también solicitó certificados de esta Oficina y de la empresa de la ORA de que había saldado todas sus deudas. Sin embargo, parte de aquellas multas habían prescrito, la mayoría por la imposibilidad de notificar legalmente esa infracción.
El juzgado acuerda el sobreseimiento provisional
El 25 de marzo de 2025 el Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Los demandantes interpusieron entonces un recurso de reforma, que también fue desestimado el 26 de mayo de 2025. Con todo, se presentó un nuevo recurso de apelación, que fue admitido a trámite, pese a que la misma Fiscalía aconsejó su desestimación el 20 de junio de 2025.
Fue entonces, el pasado 18 de diciembre, una vez recibidas las actuaciones que se habían realizado, en septiembre; cuando se acordó remitir la causa al juzgado de instrucción de procedencia para que remitiera en la debida forma el testimonio de actuaciones adjuntado (en el que inicialmente faltaban todas las hojas impares).
Con fecha de 20 de enero de 2026, la Audiencia se atiende el recurso de apelación que indicaba que no se habrían cumplido los preceptos de 'falta de motivación en la resolución de sobreseimiento'. El recurso señalaba también: que "se han aportado elementos suficientes que acreditan la anormalidad en el funcionamiento de la oficina de recaudación del Ayuntamiento. añadía: "se entiende necesaria la práctica de las diligencias de investigación precisas para, en su caso, constatar si se ha llevado a cabo alguna actuación por parte del encargado de la Zona Ora o de alguna otra persona dirigida a anular o revocar la denuncia o sanción que le correspondiera por las multas impuestas".
Con todo ello, la Audiencia Provincial entiende que se debe estimar el recurso y que han de realizarse las diligencias de comprobación e investigación necesarias para ver qué ha ocurrido con las 134 denuncias.
Tras estos razonamientos, la Sala acuerda revocar el sobreseimiento , y que se practiquen las diligencias de investigación pertinentes para la debida comprobación e investigación de los hechos denunciados.
Esto es, en lo que afecta a Ramírez, el procedimiento se reabre y puede volver a ser investigado, tanto él como otras personas señaladas por la acusación.
Pero la Sala no falla sobre la culpabilidad o la inocencia de Ramírez. Solo pide que se investigue y se habrán las diligencias solicitadas.
El PP aboga por la presunción de inocencia
Preguntados por esta investigación, tanto la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, como el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, abogaron por la presunción de inocencia del concejal Cristian Ramírez.
Para empezar, señalan que no han recibido notificación alguna por parte del juzgado, y que el mismo concejal carecía de la información facilitada por parte del PSOE esta mañana en rueda de prensa.
Entienden que ahora el juzgado debe de realizar las diligencias necesarias. Sales recuerda que Ramírez pagó en la Oficina de Recaudación sus facturas pendientes. Y en cualquier caso, se trataría de un asunto administrativo que podría dr lugar a una multa. No es un delito penal.
Es cierto, que el PSOE solicita que se investigue a personas concretas, de la Oficina de Recaudación o de la empresa de la ORA. Si se demostrara que hubo alguna intervención interesada, el factor de lo penal sí tendría peso en esta causa. Eso lo tendrá que resolver la investigación.
Por otra parte, el PP no toma posiciones en cuanto a la destitución del concejal Ramírez solicitada por la oposición. Primero que se demuestre que no es inocente. Y segundo, que es un trámite administrativo...
Finalmente, habría que recordar, que el famoso Código Ético que aprobó el Ayuntamiento de Castellón en 2013, a petición de PSOE, Compromís y IU, dejó de estar en vigor en la legislatura pasada. Aquel 'terrible' código ético' por el que PSOE y Compromís pidieron la cabeza de cualquiera a quien se acusara formalmente de un delito, fue modificado por estos dos grupos cuando gobernaban en la pasada legislatura; precisamente para que no les afectara a ellos.
