Castellón pide que la Romeria de les Canyes sea reconocida por la Unesco y las Columbretes como Reserva de la Biosfera
El Pleno de Castellón ha aprobado dos declaraciones institucionales para que la Romeria de les Canyes sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco; y las Islas Columbretes, como Reserva de la Biosfera para ampliar su protección. El pleno ha aprobado por mayoría la Ordenanza de Movilidad. A partir de ahora, los patinetes tendrán que estar homologados y los conductores deberán llevar casco y tener seguro.
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Castellón, correspondiente al mes de noviembre, ha escuchado los nombres de las mujeres asesinadas por sus parejas durante el último año, y de sus hijos fallecidos. Ha sido un momento tenso tras el que se ha guardado un minuto de silencio.
La única nota discordante fue pronunciada posteriormente por VOX, quien indicó que el mismo derecho tenían los hombres que habían fallecido también a mano de sus parejas.
Ordenanza de Movilidad
En el apartado del Despacho Ordinario El pleno aprobó por mayoría, con el sí de PP y VOX y el no de Compromís y PSOE la nueva Ordenanza de Movilidad.
Uno de los puntos más interesantes de esta nueva normativa afectará a la circulación de los patinetes. Deberán estar homologados y registrados. No podrán trucarse para que alcancen mayor velocidad de la permitida. Y los usuarios deberán estar equipados con casco y tener un Seguro de Responsabilidad Civil.
Dado que tendrán que conocer y respetar el Reglamento de Circulación de Tráfico, el ayuntamiento no descarta organizar cursos gratuitos de formación de asistencia voluntaria.
Aprobadas dos modificaciones del PGOU
Posteriormente se abordaron dos modificaciones de Plan General para cumplir dos sentencias del juzgado. La primera de ellas devuelve a los vecinos del Rincón de la Natora la calificación original del suelo donde se encontraban sus viviendas, como Suelo Urbano. La segunda también ratifica que el Mas Navarro no contaba con ningún elemento de protección en el Plan General.
Hubo debate, y como era predecible, los concejales de izquierda defendieron lo maravilloso de su Plan de Ordenación Urbana, que ha permitido desarrollar Castellón, mientras que los del equipo de Gobierno, de PP y VOX recordaron que, pese al Plan, a los vecinos de La Natora se les pagaron las indemnizaciones que tocaban como Suelo Urbano en la expropiación de sus terrenos para la Ronda Oeste. Se dijeron mucho, pero los temas no dieron para más y se fueron por los cerros de Úbeda para intercambiar acusaciones sobre los sueldos que cobraban antes y que cobran ahora los dirigentes municipales.
Ambas modificaciones se aprobaron por unanimidad.
El contrato del agua
Ya en Despacho Extraordinario se abordaron las numerosas mociones presentadas por Compromís y PSOE.
La primera de ellas tenía ‘tela’ porque se centraba en el contrato de suministro de agua potable en Castellón. No ha sido la primera vez que este tema sale a colación. Para ser honestos, esta polémica aparece de forma periódica cuando se entra en el periodo de denunciar el contrato suscrito con Facsa que se remonta a 1983, con una vigencia de 20 años renovable por periodos de cinco años. Si el contrato no se denuncia con una antelación e dos años a su prórroga se entiende que la misma empresa mantendrá el servicio.
La primera vez que surgieron dudas al respecto, fue ya tras las elecciones de 2015, cuando las coaliciones de izquierda llegaron al gobierno. Pero entonces, recién estrenados, la cosa no fue muy lejos.
En marzo del 2021, con la corporación del Acord de Fadrell, el concejal delegado en esta materia, Fernando Navarro, de Podem, solicitó la revisión del contrato. Su objetivo era que el servicio municipal de suministro de agua pasara a manos municipales.
Aquel planteamiento produjo muchas dudas. ¿Tenía el Ayuntamiento capacidad para gestionar aquel super contrato? ¿Estaba preparada la entidad municipal y su personalidad para poner los medios y el personal para ello?
Lo cierto es que la municipalización del contrato del agua llegó como una propuesta de Podemos al pleno del ayuntamiento del 25 de marzo de 2021. Y solo fue votado a favor por Podem y por Compromis. El PSOE no consistió en hacer experimentos y la oposición de PP, Ciudadanos y VOX se negaron en redondo. Así las cosas, el pleno rechazó la propuesta y el contrato con Facsa se renovó por cinco años más.
Pero transcurridos los años. Hoy era Compromís quien volvía a llevar a pleno la propuesta, y los inconvenientes son los mismos de entonces. ¿Está preparado el ayuntamiento para abonar a Facsa las inversiones realizadas en la red de suministro de agua? Además, como comentó el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, la gestión de Facsa ha resultado tan positiva que Castellón, aparte de no tener problemas de suministro, ha incorporado nuevas tecnologías para su control. Y si todo esto no fuera bastante, Facsa y el Ayuntamiento desarrollan un Perte con Fondos Europeos para racionalizar el ciclo del agua; por no hablar de que la tarifa de agua de la capital de la Plana es una de las más baratas de España.
La moción de Compromis se rechazó con los votos de PSOE, PP y VOX.
Tampoco salió adelante la moción del PSOE para la reapertura del consultorio de la Marjalería, entre otras cosas, porque, aunque las instalaciones están convenientemente dotadas, el Ayuntamiento no tiene competencias para designar a los sanitarios que lo deberían sostener y pone en marcha.
Mucho más juego dio la moción socialista que cuestiona la prohibición para que una misma asociación no pueda presentarse a varios concursos de subvenciones.
El equipo de gobierno entiende, en este sentido, que si todas las asociaciones pueden presentarse a todos los concursos se puede cometer el error de dar mucho a unas sin reconocer a las otras. Además, entienden que al tramitarse esas ayudas por sectores y temáticas, se favorece el reparto para proyectos que pueden ser de interés para la sociedad castellonense.
Frente a estas reflexiones, la oposición insistió porque afirmaban, que las más perjudicadas son las asociaciones del Tercer Sector, es decir, las que se dedican a temas sociales.
No era posible llegar a acuerdos. Para el PP y VOX, si hay entidades que desarrollan proyectos de alto impacto en la sociedad, se pueden suscribir convenios nominales que respalden su actividad. Así ocurre con Cáritas, Cruz Roja o el Banco de alimentos, por poner un ejemplo. Pero para la oposición estos convenios singulares, benefician a asociaciones concretas y no siempre a las que tienen más que ofrecer.
Y aquí ya la cosa entró en las acusaciones de unos y otros. La oposición por las preferencias del equipo de gobierno, y el equipo de gobierno, por la ‘red clientelar’ de la izquierda, que quieren mantener pese a quien pese.
La propuesta fue rechazada con la mayoría de PP y VOX.
Los bajos comerciales que se convierten en viviendas
La cuarta propuesta, esta vez avalada por Compromís y PSOE se centraba en la protesta por la proliferación de bajos comerciales que se transforman en viviendas.
Opinan Compromís y PSOE, que esta actividad va en contra del tejido comercial, y expulsa al comercio de muchos barrios. Además cuestionan que locales comerciales sin condiciones se conviertan en viviendas sin condiciones de habitabilidad.
Y ya puestos, salieron a relucir los problemas del alquiler y de la vivienda en el término municipal de la capital de la Plana.
En parte es cierto lo que afirman PSOE y Compromís, aunque el fondo de la cuestión es un poco más complicado. Cierran muchos comercios, los locales se quedan vacíos y hay propietarios o inquilinos que obran para convertirlos en viviendas. Aquí la pregunta es ¿Todos los bajos comerciales pueden transformarse en viviendas?
PSOE y Compromís lo niegan de forma tajante. Muchos locales no tienen luz, ni superficie adecuada, ni salida de humos, y los hay que conectan aguas negras a la red de aguas o al alcantarillado sin contar con nadie…
Pero claro, como afirmaba el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. Ni todos los bajos sirven para ser una vivienda, ni el Ayuntamiento puede negarles ese derecho cuando si que cumplen las condiciones. Toda esta temática está regulada por las ordenanzas municipales. Si un particular pide licencia para transformar un local comercial está obligado a declararlo y demostrar que cumple con las condiciones que se le pongan. En caso contrario incurrirá en una ilegalidad por la que podrá ser sancionado, aparte de que se le paralicen las obras.
En este contexto, la oposición insistió y pidió más inspectores, más controles urbanísticos, más vigilancia para evitar estafas con la vivienda y velar porque se cumpla la ley.
En conclusión, la moción fue rechazada por PP y VOX, porque se supone que estas actividades están regladas.
La quinta moción presentada por Compromís, para ‘Mejorar la convivencia vecinal en las fiestas de la Magdalena’ fue retirada porque ya existía un principio de acuerdo entre Compromís y el equipo de Gobierno par abordar este tema.
En lo que comentaron a este periódico, la moción denunciaba el estado en que queda la ciudad durante la semana de fiestas, y en la necesidad de que algunos de los organizadores de actividades asuman responsabilidades para mantener la ciudad en condiciones.
Declaraciones Institucionales aprobadas por unanimidad
Tras las mociones llegaron las declaraciones institucionales que salieron adelante por unanimidad:
La primera, presentada por VOX y respaldada por todos los partidos solicitaba la declaración de las Islas Columbretes como Reserva de la biosfera.
También salió adelante la declaración Institucional del PP para el conocimiento del belenismo como Bien de Interés Cultural (BIC).
La Corporación vitó la Declaración Institucional presentada por el PSOE para instar a la Conselleria de Sanidad a restablecer la Unidad de Patología Quirúrgica Vertebral Compleja del Hospital Universitario de Castellón.
Y la última de ellas, firmada por todos los grupos políticos: El inicio de la tramitación para que el Ayuntamiento de Castellón solicite a la Unesco la declaración de la Romeria de les Canyes como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Los vecinos intervienen en el pleno
Hubo turno de pregunta ciudadana. Fue una vecina de la zona centro la que solicitó la intervención el Ayuntamiento para conciliar la fiesta con el descanso y la vida vecinal en la semana de las fiestas de la Magdalena.
La representante de los vecinos comentó lo mal que lo pasan en zonas como la calle Cervantes donde se dan cita dos collas y un bar que compiten por ver cada quien pone la música más alta y se saltan a la torera los horarios de cierre en las ordenanzas durante las fiestas.
“No estamos contra las fiestas” afirmaron, pero pedían a la alcaldesa que hiciera lo posible por solucionar temas como este que convierten la semana en un infierno para los vecinos.
La alcaldesa, Begoña Carrasco, manifestó a los vecinos que podía entenderles perfectamente y que se intentará controlar una situación, aunque también reconoció que es una tarea muy difícil.
