“No queremos una ciudad muerta, sin comercios ni restauración, que serán las consecuencias directo de la ZBE"
El Grupo Municipal Popular de Castelló ha respaldado con sus firmas la oposición de vecinos y comerciantes al Proyecto de Bajas emisiones de la manzana central de Castelló. “No queremos una ciudad muerta, sin comercios ni restauración, que serán las consecuencias directo de la ZBE
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, muestra su apoyo y el de su grupo a los comerciantes y a los hosteleros que han iniciado una campaña de recogida de firmas para paralizar el proyecto del gobierno de Amparo Marco, que persigue cerrar más calles de acceso al centro de la ciudad. Una medida que conlleva la instalación de más cámaras como las que ya multan, a razón de 80 euros, en el centro.
“No queremos una ciudad muerta, sin comercios ni restauración. Por eso, hemos firmado, junto a un millar de personas que lo han hecho ya, contra el proyecto del gobierno municipal conocido como ‘Castellón Central’, que va a cerrar al tráfico más calles del centro en el peor momento de crisis, justo cuando los establecimientos y empresas de servicios tratan de coger aire. Si Europa exige reducir emisiones de CO2, hay que analizar todas las opciones, el ‘Castellón Central’ no es la mejor a la vista de la pérdidas que augura el comercio local”, explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco.
Este ‘proyecto estrella’ del tripartito, indicaban los populares, se suma a los problemas que arrastran los establecimientos ubicados en el corazón de la ciudad, como la dificultad, cada vez más, para acceder a él, la falta de iluminación o la falta de limpieza. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) rebautizada como ‘Castellón Central’, contempla 745.000 metros cuadrados de superficie perimetrada por las rondas Mijares y Magdalena, por el Oeste; Cerdán de Tallada, por el Norte; por Sant Roc, Sant Félix, Gobernador y Casalduch, por el Este y por Orfebres Santalínea, por el Sur.
“En lugar de impulsar proyectos que faciliten la movilidad y el acceso al centro, como venimos proponiendo desde el PP, el gobierno de Castellón apuesta por cerrar al tráfico un 75% del núcleo urbano, algo que va en contra de las necesidades que en este momento de crisis tiene el comercio local”, insistía Carrasco.
Y añadía la portavoz: “No es momento de más cierres de calles, como ya han hecho en la avda. de Lidón, con un coste de 3,3 millones y en contra de una mayoría social. Recordemos, además, que Europa está revisando con lupa esta reforma que cuenta con financiación europea. Y como el equipo de gobierno hará con las obras de la plaza la Paz, cercanas a los 900.000 euros. Lo que toca es escuchar a los castellonenses, respetar la participación ciudadana y ayudarles a superar la crisis”.
Carrasco recuerda que ya propuso en el mes de enero destinar los casi 900.000 euros que cuesta la obra de la plaza la Paz a elaborar un plan de movilidad que mejore y facilite el acceso al centro; a poner en marcha un transporte ecológico y gratuito que permita acercar a la gente al centro; a campañas de aparcamiento gratis en parkings; a aumentar los bonos comerciales; a eliminar el sistema sancionador de cámaras; a la mejora de la iluminación y limpieza; a un plan de embellecimiento con ayudas para la restauración de fachadas, entre otras medidas que revitalicen el casco antiguo, “haciéndolo más accesible y atractivo”.
El pasado 21 de junio, durante la celebración del Consejo de Comercio, órgano consultivo del que forman parte las asociaciones de comerciantes, entre otros representantes del sector, ya quedó clara la oposición de éstos al ‘Castellón Central’. Allí manifestaron que las necesidades prioritarias y urgentes del comercio local son otras muy diferentes. El sector demandó ayudas para no echar el cierre, recuperar clientes, reactivar la economía y no dejar morir al centro.
