Los casos Goliat y la urbanización de El corte Inglés intentaron poner ante la justicia a alcaldes y concejales
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La imputación de Alfonso Bataller ha generado una avalancha de reacciones políticas y sociales, a la espera de su declaración ante el juez por el caso Gurtel. Pero no es la primera vez que alcaldes y concejales de Castellón son acusados ante los tribunales y se ven obligados a declarar ante un juez. Los casos más sonados por lo farragoso de ambos y los litigios presentados, fueron el caso Goliat, donde el propietario del solar intentó denunciar a Antonio Tirado y Daniel Gozalbo en la década de los 80; o la querella criminal por la urbanización de los terrenos de la vía que actualmente ocupa el Corte Inglés, entre el 2002 y 2003, donde José Luís Gimeno y Alberto Fabra tuvieron que declarar ante el juez. Ninguno de ellos prosperó.
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, presidía ayer por la mañana el pleno del ayuntamiento de Castellón, que se prolongaba hasta entrado el mediodía. Durante la sesión, el alcalde de Castellón estuvo visiblemente nervioso. Se ausentó varias veces de su puesto, que fue ocupado por la primera teniente alcalde Marta Gallén.
Es presumible que para entonces Alfonso Bataller hubiera recibido ya la notificación de su imputación, ya que el Juzgado no comunica estas providencias hasta que ha informado previamente a todas las partes afectadas.
Otros alcaldes se vieron envueltos también en casos judiciales
Esta no es la primera vez que un miembro de la corporación municipal de Castellón se ve envuelto en temas de tribunales, ni la primera vez que un alcalde es acusado, ante el juez, durante su mandato. Los casos más sonados fueron el del edificio Goliat y al querella de los terrenos de la vía de El Corte inglés.
El litigio interminable de edificio Goliat
Durante los primeros ayuntamientos democráticos, en la década de los 80, hubo un tema que mantuvo de cabeza a los ediles y los alcaldes. Fue el caso conocido como del Edificio Goliat.
Originalmente era un gran solar delimitado por lo que hoy son las calles Pablo Iglesias, Obispo Salinas, la avenida del Mar, y la posterior Ronda Este. El desarrollo urbanístico de la ciudad conllevó la reparcelación del solar y la partición del mismo de sur a norte, para trazar la calle Músico Perfecto Artola.
El propietario del solar construyó un edificio de gran altura, que denominó edificio Goliat y con novedosas técnicas de construcción para la época, que se asentaba sobre y junto a una gran nave transversal que quedó partida por la mitad con la apertura de la calle.
El propietario siempre aseguró que ‘lo habían engañado’ que le habrían prometido que podría crear un gran centro comercial con el que pretendía ganar mucho dinero. Aun así, creó una discoteca en los bajos del edificio Goliat sobre la primera parte de la nave. E intentó vender o desarrollar su centro en el resto de la nave, que quedaba dentro del recinto de Ferias junto a la avenida del Mar.
Los litigios del propietario contra el ayuntamiento duraron años y empeoraron cuando los vecinos se quejaron de los defectos de construcción y cuando se incendió la discoteca, en los bajos del edificio.
El propietario intentó llevar a los tribunales a Antonio Tirado, primer alcalde democrático de Castellón, y posteriormente a su sucesor, Daniel Gozalbo, a los que consideraba directamente responsables de su desdicha, porque aseguró, que le habían prometido cosas que no cumplieron. También intentó responsabilizar a Daniel Gozalbo y a su concejal de Seguridad Ciudadana, por lo que él consideró como ‘mala intervención’ en la extinción del incendio de la discoteca. No prosperó.
Durante el mandato de Daniel Gozalbo, los tribunales sacudieron también al ayuntamiento de Castellón con una imputación contra el entonces concejal del CDS, Fernando Guigó, y llegaron a poner también los ojos sobre el que fue concejal de Urbanismo del CDS, en este caso, por temas que no tenían que ver con el Ayuntamiento.
Los tribunales han estado muy presentes en el desarrollo municipal de Castellón, aunque en la mayoría de los casos se ha tratado de temas de gestión municipal que acabaron tocando más a la gestión municipal que a las personas.
Querella por la urbanización de los terrenos de El Corte Inglés
Pero el caso más reciente y más contundente, fue el que se generó a finales del 2002, a raíz de la urbanización de los terrenos de El Corte Inglés, en el antiguo solar de la vía.
En diciembre de 2002 el Grupo Municipal Socialista, que lideraba Ignacio Subías, presentó una querella criminal por presuntas irregularidades en la urbanización de los terrenos de El Corte Inglés.
La querella afectaba personalmente al entonces alcalde de Castellón, José Luís Gimeno, dos de sus concejales, entre ellos el de Urbanismo, Alberto Fabra (posteriormente alcalde de Castellón y actualmente presidente de la Generalitat Valenciana); la empresa Calviga, 4 funcionarios municipales y la Caja Rural San Isidro de Castellón.
Los socialistas acusaban a estas personas y entidades de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, que según indicaron, se cometió en el desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua Estación para propiciar la llegada de El Corte Inglés y adjudicar la obra a la filial de Lubasa, Calviga.
Los presuntos delitos, que motivaban esta querella se fundamentaban, según los socialistas, en la forma en que se recalificaron los terrenos que ahora albergan el edificio de El Corte Inglés. Los ediles del PSOE señalaron que Calviga (Filial de Lubasa), disponía de información privilegiada para poder acudir al concurso público; que Calviga no podía presentarse a esta licitación porque no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social; que Calviga solucionó este problema con un documento respaldado por la Caja Rural, cuya fecha no era la que tocaba; y calificaron de “irregular”, la forma en que la “Mesa de Contratación” rechazó la propuesta de la Asociación de Comerciantes “Edificio Singular”, sin llegar a estudiar el contenido, aunque dicen que había un documento firmado por el abogado municipal que respaldaba su legitimidad.
Todos los acusados, entre ellos el alcalde y sus concejales, llegaron a verse ante el juez, en un litigio donde no faltaron las demandas socialistas para que se admitiera ‘un testigo secreto’. Al cabo de los meses el juez, que había admitido a trámite la querella, optó por archivarla. Los socialistas todavía intentaron reabrir el caso con una nueva acusación, por manipulación para modificar el precio de los terrenos. Pero esta nueva demanda ya no prosperó.
El caso de ‘los trajes’ impulsa a Alberto Fabra a la Generalitat
Alberto Fabra tomó el relevo de José Luís Gimeno como alcalde de Castellón, en el 2005. En julio del 2011, El conocido como ‘caso de los trajes’, llegaba a juicio. Francisco Camps se vio obligado a dimitir y el hasta entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, dimitía en el ayuntamiento para asumir el cargo de presidente de la Generalitat. Tomaba el relevo Alfonso Bataller.
Alfonso Bataller, médico anestesista de profesión, fue director médico del Hospital Gran Vía y director gerente del Hospital de la Plana. Su introducción en la política fue progresiva. Ocupó la Dirección General de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Consejería de Sanidad en 2003 y la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Generalidad Valenciana entre 2004 y 2007, cuando fue nombrado Subsecretario de Sanidad en la Comunidad Valenciana hasta 2011.
Providencia por el caso Gurtel
Durante la jornada de ayer, el juez José Ceres, que instruye la pieza separada nº 5 del Caso Gurtel, sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, emitía una providencia por la que imputa al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y lo cita a declarar el próximo 6 de junio. El juez imputa a Alfonso Bataller, en relación con las contrataciones realizadas por dicha Conselleria de “Acto premios salud y sociedad 2007”.
Desde ayer se han sucedido numerosas reacciones de los grupos políticos Psoe, Bloc Compromís e Izquierda Unida, que ya han pedido la dimisión de Bataller. el alcalde ha contado con el respaldo del Partido Popular. Aunque el alcalde ha manifestado su inocencia.
