Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.
Gracias al trabajo que realizan cada día los docentes, el sistema educativo ha salido a flote a pesar del oleaje que se ha encontrado en su travesía, con diferentes leyes educativas en función del Gobierno entrante. Este año se han tenido que enfrentar a la tan nombrada ‘reválida’ aprobada por la LOMCE y que ha provocado un malestar generalizado a nivel social.
El Real Decreto aprobado el pasado mes de julio para regular las evaluaciones de finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato tiene en vilo a la comunidad educativa por la ambigüedad informativa de cómo y cuándo se va aplicar, al tiempo que genera dudas sobre los beneficios que conlleva la misma al alumnado. Pero lo peor es que tiene en vilo tanto al Gobierno creador como al resto de gobiernos autonómicos no partidarios de la misma, porque no saben cómo proceder, ni cómo articularlo.
El Consell valenciano ha hecho frente a la situación poniéndose unas vendas en los ojos y jugándoselo a la suerte. Una vez más, ha improvisado las medidas para hacer frente a las exigencias de la LOMCE y optó por hacer caso omiso a los expertos en la elaboración del decreto articulado por el Gobierno valenciano para adaptar el currículum de bachiller a la ley vigente.
¿Por qué? Porque el Ejecutivo a la valenciana creía que serían caballo ganador en las elecciones estatales y derogarían la ley vigente. Además, no repararon en proponer la asignatura de Historia de la Filosofía como obligatoria en segundo de Bachillerato como en el resto de autonomías. Esto ha generado una desventaja en el acceso a la universidad respecto a otras Autonomías por tener que examinarse de una materia un año después de haberla cursado.
Es otra pifia más de nuestro Gobierno, que demuestra otra vez su afán de derogar sin proponer soluciones alternativas. Por lo menos, deberían disponer de un plan B por si les falla el A, no poder derogar el Real Decreto.
Desde Ciudadanos entendemos que derogar por derogar no es constructivo y que hay que tener una visión de futuro, conocer hacia dónde queremos dirigir el sistema educativo. Se tiene que trabajar para diseñar una nueva ley educativa y no volver al pasado, sino avanzar hacia una ley basada en principios pedagógicos, consensuada y que ofrezca excelencia educativa erradicando o reduciendo el fracaso y abandono escolar.
Nuestro objetivo final es proponer una moratoria en la aplicación del Real Decreto, aunque estamos a favor de la derogación, creemos que a nivel legal es más adecuado paralizar las reválidas mientras se construye una ley educativa que permita una estabilidad en el tiempo. Ahora vienen tiempos de cambios y no queremos una educación en funciones, sino una educación de soluciones. Se acabó el hacer leyes educativas partidistas. Ahora necesitamos un Plan Nacional para la Educación.
