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El TSJ traslada al Ministerio Fiscal la querella contra Alfonso Bataller y Alberto Fabra El TSJ traslada al Ministerio Fiscal la querella contra Alfonso Bataller y Alberto Fabra

- 11 septiembre, 2013 -

La Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana reitera la denuncia que ya fuera archivada el 31 de julio  por el Fiscal. El TSJ traslada al Ministerio Fiscal la querella contra Alfonso Bataller y Alberto Fabra

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido hoy dos providencias para trasladar al Ministerio Fiscal las querellas presentadas por la Asociación Contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Una de estas querellas afecta tanto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como a Alfonso Bataller, en calidad, ambos, de ex alcalde y alcalde actual de Castellón, por una contratación municipal de dos asesores. La Asociación reitera la denuncia que ya fuera archivada el 31 de julio  por el Fiscal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado hace apenas dos horas, de dos resoluciones, que afectarían por un lado a Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat Valenciana y Alfonso Bataller, en concepto de ex alcalde y alcalde actual de Castellón; y una segunda providencia por el caso de Serafín Castellano.

Alberto Fabra y Alfonso BatallerAmbas resoluciones se basan en las querellas que ha vuelto a presentar la Asociación Contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que ya fueron archivadas con anterioridad por el Fiscal.

En ambos casos, el Tribunal informa que “se da traslado al Ministerio Fiscal, tal como establece la ley, para que se pronuncie sobre la competencia del TSJ en relación con las querellas presentadas contra Alberto Fabra, Juan Alfonso Bataller y Serafín Castellano”.

El caso de los asesores vuelve a ser motivo de querella

En lo que concierne a la querella contra Fabra y Bataller, el texto de la providencia del TSJ señala textualmente:

“Dada cuenta, vistas las actuaciones y a los fines de admisión de la querella presentada por Dª Rosana Pérez Puchol, Procurador de los Tribunales y de La Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana, frente a D. Alberto Fabra Part, Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Juan Alfonso Bataller Vicent y cualquier otra persona que aparezca responsable a lo largo de las investigaciones y actuaciones a practicar, atribuyéndoles la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental previstos y penados en los artículos 433, 404 y 309 del Código Penal así como de cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación de los hechos que se denuncian.”

Ayuntamiento Castellon 4 23XI12El texto concluye: “Atendido el carácter excepcional atribuido a las normas procesales que regulan la prerrogativa de aforamiento, se acuerda dar audiencia al Ministerio Fiscal a efectos de lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el plazo de cinco días.”

La querella de la Asociación Contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana, rechazada ya anteriormente y vuelta a presentar, acusa al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra de la contratación de varios asesores municipales para el Grupo Popular, pagados con cargo a los fondos municipales del Ayuntamiento de Castellón, que ejercen sus funciones en la sede del Partido Popular y no en los edificios municipales. La misma denuncia alcanzaba también a Alfonso Bataller como actual alcalde de la ciudad al haber mantenido las mismas prácticas que su antecesor.

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La primera querella fue archivada

La Asociación presentó la misma denuncia, el pasado 13 de junio ente la Fiscalía Anticorrupción. A principios de septiembre se daba a conocer que la Fiscalía de la Comunitat Valenciana había archivado la demanda. Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción remitió esa denuncia a la Fiscalía provincial de Valencia y el fiscal jefe de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, dictaminó el archivo de la misma en un escrito el pasado 31 de julio, porque el fiscal Jefe no había considerado  la ilegalidad de las prácticas del PP.

Decreto de nombramiento

Pleno Ayuntamiento Castellón 25VII13 (1)El nombramiento de los asesores municipales  a que se refiere la denuncia de esta Asociación, está regulada por ley y por la normativa municipal de Castellón. Según esta normativa, en base al número de concejales y representación municipal, los distintos partidos políticos tenían asignados un número de asesores, con dedicación exclusiva. El Grupo Municipal Popular, tendría signados cuatro asesores, pagados con cargo a los fondos del Ayuntamiento, mientras el Pspv- Psoe tenía dos, y tanto Bloc- Compromís como Izquierda Unida, uno.

El nombramiento de estas personas se efectuó cuando todavía era Alcalde de Castellón, Alberto Fabra, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 2011,  y Decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de junio de 2011. Conllevaba un total de 16 contrataciones de personal eventual en el Ayuntamiento.

El tema de la discordia que la Asociación considera ilegal, es que de los cuatro asesores que corresponden al Grupo Municipal Popular, dos de ellos desarrollen su trabajo en el Partido Popular y no en el edificio municipal.

El nombramiento referido anteriormente señala los sueldos de las personas designadas, así como tendrán dedicación exclusiva, pero en ningún momento condiciona el puesto al lugar físico donde realizan su trabajo.

Fuentes municipales del Grupo Popular señalaron a Castellón Información, que se trata de la misma denuncia que ya fue archivada el 31 de julio, que ha vuelto a ser presentada por la misma asociación. Como el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, es una persona aforada, el Tribunal tendría que cubrir el trámite de abrir diligencias y trasladarlo al Ministerio Fiscal para que decida en torno a la misma. Si la admite, y en su caso qué tribunal debería hacerse cargo de la misma.

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