El estafador preside la Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a un abogado de Madrid, que estafó al hijo de una mujer asesinada por su marido en castelló. El letrado, que preside la Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género, ofreció sus servicios al hijo de la víctima, para garantizarle que pudiera percibir las ayudas públicas y privadas que le correspondían, pero el estafador se quedó con el dinero, aún a sabiendas, de que ‘su defendido’ vivía de las ‘ayudas. La sentencia es firma. No cabe recurso.
Castellón Información
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Castelló, en 2019, por la cual condena al ‘abogado’ madrileño, JJ.S.P, por un delito de estafa y apropiación indebida de las ayudas que correspondían al hijo de una mujer asesinada por su marido.
Se da la circunstancia, de que JJ.S.P, también es el presidente de la Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género.
Según ‘los hechos probados’ que ha respaldado el Supremo, el 22 de marzo de 2009 fue asesinada una mujer, a manos de su marido, en un delito de violencia de género. Esta mujer, FSPQ, tenía un único hijo, EDPQ.
El abogado, inscrito en el Colegio de Madrid, se trasladó a la capital de la Plana, para ofrecer sus servicios y los de su asociación, (Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género) de forma altruista y sin ánimo de lucro, para que el joven huérfano pudiera beneficiarse de las ayudas públicas y privadas a las que pudiera tener derecho por el fallecimiento de su madre. Entre ellas, un seguro de vida.
El tribunal considera que el joven no se encontraba ni con los conocimientos ni con las facultades necesarias para cuestionar los documentos que el abogado le pasó para su firma. Siempre pensó que se trataba de una ayuda gratuita, desinteresada. El letrado JJ.S.P. quedaba reconocido para actuar en nombre del joven en todos los sentidos. Es más, también figuraba su despacho como el destinatario de todas las comunicaciones que se recibieran. El estafador convenció al joven de abrir una cuenta conjunta, en la que ambos estaban autorizados para canalizar dichas ayudas. La dirección de la cuenta a la que habrían de comunicarse los movimientos también era el despacho de Madrid.
Tras la apertura de la cuenta, en julio de 2010, el joven no volvió a saber nada de su abogado.
El joven percibió una pensión de orfandad hasta que cumplió los 25 años, pero después quedó reducido a una penuria extrema, hasta el punto, de que necesitaba la ayuda municipal para vivir y comer.
A finales de 2013, una amiga de su madre, viendo la situación en que se encontraba, se interesó por él y movió los hilos para tramitar ayudas. La mujer también sabía que a fallecida tenía un seguir de vida y lo ayudó a gestionarlo. El joven necesitaba una copia testimonial del informe forense que, en teoría debería tener ‘su abogado', el letrado de Madrid. Con el que resultó imposible contactar, por lo que hubieron de comunicarse con a la procuradora.
Y fue entonces cuando comenzaron las sospechas. Al comentar la procuradora que el joven vivía en la indigencia, las diferentes instituciones mostraron su extrañeza, porque se le habían reconocido y pagado al joven diferentes ayudas como víctima indirecta de la muerte de su madre. Concretamente, una cantidad que, en su totalidad ascendía a 53.778 euros. De todo eso, no se había comunicado nada al joven y éste no había visto un euro.
A partir de entonces comenzaron las investigaciones y la instrucción de una causa, contra el abogado de Madrid, presidente de la Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género, que culminaría con una condena de la Audiencia Provincial de Castellón en enero de 2019.
Tanto el abogado, SS.JP como la asociación que qué presidía, recurrieron esta sentencia condenatoria. Los argumentos utilizados por el abogado y ‘su asociación’ eran, entre otros, que los abogados cobran por sus servicios, que toda su participación en este tema, la realizaron a demanda del joven, que era el que había contactado con ellos, y que el dinero desviado era parte del pago por sus servicios jurídicos.
Pero el Supremo, como la Audiencia Provincial en su día, han rechazado tales argumentos en base, entre otras cosas, a que fue el citado abogado, el que se desplazó de una ciudad a otra (Madrid a Castelló), cuando fue sabedor de los sucesos del asesinato de FSPQ,y que esta tenia un único hijo, EDPQ. También se ha considerado probado, que el abogado contactó con allegados al joven, a los que instó a que le pasasen su tarjeta, para poder ‘ayudarlo’. Tampoco se entiende que el joven no fuera informado en ningún momento de las ayudas que se habían concedido y de los importes que por ellas debía recibir.
Por todo ello, el Supremo rechaza el recurso presentado por JJ.SP y la Asociación Española de Víctimas de Delitos Violentos, Terrorismo y Violencia de Género; y avala la sentencia de la Audiencia Provincial de Castelló que condena al abogado estafador a pena de dos años de prisión, una multa de 2700 euros, así como el pago de una indemnización de 53.778 euros al hijo de la víctima.
