La Comisión Europea mantiene el recorte máximo del 34% en las asignaciones gratuitas de CO2, poniendo en jaque la competitividad y el empleo del sector en España
La industria cerámica española se enfrenta a un escenario crítico. Tras la publicación por parte de la Comisión Europea del proyecto de reglamento para el periodo 2026-2030, el sector ha recibido un jarro de agua fría: Bruselas mantiene el recorte máximo previsto del 34% en las asignaciones gratuitas de derechos de emisión.
Esta decisión, que la industria tilda de "negativa" y alejada de su realidad técnica, supone un impacto económico directo demoledor. Según las primeras estimaciones, el sobrecoste para los fabricantes de baldosas en España oscilará entre los 109 y 163 millones de euros anuales, asumiendo un precio del CO2 de entre 100 y 150 euros por tonelada.
Una metodología que "castiga" al azulejo
El nudo del conflicto reside en los denominados benchmarks (parámetros de referencia). Actualmente, el sector cerámico se rige por un baremo genérico de "combustible" que incluye a industrias que pueden usar biomasa. Sin embargo, para la cerámica, esta alternativa no es viable hoy por hoy debido a limitaciones tecnológicas insalvables.
"La actualización mantiene un nivel de exigencia que genera una elevada preocupación en términos de competitividad y empleo", advierte Ismael García Peris, presidente de la patronal Ascer. La industria europea había solicitado un benchmark específico que permitiera una transición "justa y realista", propuesta que, de momento, ha sido ignorada en el texto técnico.
La "puerta abierta" de la Comisión: un hilo de esperanza
No todo es pesimismo. La intensa presión diplomática ejercida por las regiones de la Comunidad Valenciana (España) y Emilia Romagna (Italia), sumada al apoyo de ministerios de ambos países, ha logrado un avance político significativo: Bruselas ha incluido una mención para revisar el sistema antes de julio de 2026.
Este compromiso abre la posibilidad de estudiar mecanismos sectoriales específicos que sí tengan en cuenta la tecnología actual del azulejo. Desde el sector valoran que su lucha haya logrado entrar en la agenda europea, aunque recalcan que la urgencia es máxima para evitar el cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo.
Próximos pasos
El proyecto estará en consulta pública hasta el 8 de junio de 2026. Durante este periodo, la industria cerámica —apoyada por representantes políticos de todos los colores— redoblará sus esfuerzos para que esa "vía de revisión" se convierta en medidas concretas. El objetivo es claro: cumplir con el clima, pero sin desmantelar el corazón industrial de provincias como Castellón.
