El Juzgado mantiene las medidas cautelares contra la partida económica prevista por el Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha rechazado la alegación del Ayuntamiento y ha reiterado las medidas cautelares contra ‘la partida’ presupuestaria, para retirar la Cruz del Parque Ribalta. La concejal de Cultura ha indicado, que la medida judicial no afecta al Decreto que quiere dejar firmado antes de elecciones, porque no tiene que ser ratificado por ningún pleno. Con el decreto firmado, la ejecución del derribo ya será cosa de la próxima Corporación
Esperanza Molina/ Castellón Información
La retirada o no de la Cruz del Parque Ribalta, mantiene dos frentes abiertos en Castellón:
Por una parte, el procedimiento para el decreto municipal que, en cumplimiento ‘de la interpretación’ de la Ley de Memoria Histórica, determine su retirada del Parque
Y por otro, los importes consignados en el presupuesto del Ayuntamiento de Castellón, para ejecutar este decreto: demolición o desmontaje, por un lado, y creación de un proyecto arbóreo en su lugar. Partida valorada inicialmente en torno a los 80.000 euros.
Esta distinción es importante, porque son dos vías paralelas que podrían tener el mismo objetivo (la retirada o no de la Cruz), pero que, según la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, no se contradicen una con otra y, por tanto, su departamento seguirá adelante con el procedimiento administrativo que publicó el BOP el pasado 23 de marzo.
El Decreto:
Para poder retirar o demoler la Cruz del Parque Ribalta, el primer paso es determinar si, como defienden algunos colectivos (entre ellos la Concejalía de Cultura), se trata de un monumento franquista, que podría ser objeto de las medidas recogidas en la Ley de Memoria Histórica. O como defienden otros colectivos, la Cruz modificó su significado en la transición, cuando se retiraron los emblemas franquistas y se constituye como un monumento a todas las víctimas, y como símbolo religioso, en cuyo caso, no sería objeto de la Ley de Memoria Histórica.
En lo que concierne a este expediente, una vez publicado el pasado 23 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrió un plazo que concluirá el próximo 15 de abril para que puedan presentarse alegaciones a favor o en contra. A partir del 16 de abril el Ayuntamiento tendrá un plazo máximo de 3 meses para responder a las alegaciones y aprobar del decreto.
En este sentido, la concejal de Cultura, Verónica Ruiz, ha afirmado esta mañana, que su objetivo personal, es el de firmar este decreto antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Y además ha señalado, que tras el pasado de competencias que le dio el pleno a finales de 2018, ni las alegaciones ni el decreto deben pasar por Junta de gobierno o por el Pleno del Ayuntamiento.
Así pues, hoy por hoy, Verónica Ruiz tiene la intención de acabar la legislatura con un decreto de retirada de la Cruz del Parque Ribalta, y que sea la próxima Corporación que se constituya tras las elecciones, la que ejecute ese decreto.
La partida presupuestaria y las medidas cautelares del Juzgado
Independientemente del Decreto sobre la Cruz, el equipo de Gobierno municipal ha desarrollado ya diversos estudios y valoraciones, para la ejecución de la retirada de este símbolo. Ambos dependen ya también de otras concejalías: la de Urbanismo y Parques y Jardines.
Para poder desmontar o demoler la Cruz, hay que presentar un proyecto que estime como se debe hacer, y tenga asignado un presupuesto; y para poder actuar sobre la zona donde ahora se encuentra la Cruz, también hay que redactar otro proyecto, que además debe contar con la aprobación de la Conselleria de Cultura, porque el Parque está calificado como BIC, y también deberá estar valorado económicamente.
Esa previsión económica estaba recogida en el presupuesto municipal de 2019. Contra ella se presento una alegación, que fue desestimada por el Ayuntamiento, pero que forma parte de un recurso que si fue admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
En base a este recurso, el Juzgado dictó la semana pasada una medida cautelar, en contra de la partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos de la demolición o sustitución de la Cruz. Tras la alegación presentada por el equipo de Gobierno, esta mañana se recibía la nueva notificación del Juzgado, que se mantiene en las medidas cautelares.
Según la concejal de Cultura, las cautelares del juzgado no afectan para nada a la decisión de retirar o no la Cruz del Ribalta. Y, además, son incomprensibles porque, partida como tal, para el derribo de la Cruz, no existe…
En resumen, el Ayuntamiento volverá a recurrir, la tramitación judicial seguirá su curso y la Cruz se mantendrá, de momento, hasta las elecciones. ¿Después?: A verlas venir.
