El pleno de Castelló también revela que PP y Vox superan ya los 30 millones de euros en facturas sin consignación desde el inicio de la legislatura
El concejal socialista Jorge Ribes ha denunciado este miércoles en el pleno municipal que cerca del 80% del contenido de la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible presentada por el concejal Cristian Ramírez es idéntico al texto aprobado en 2022 por el anterior gobierno progresista. La acusación contrasta con las declaraciones del actual edil de Movilidad, quien afirmó haber tenido que “iniciar el proyecto desde cero”.
Ribes ha explicado que un simple análisis comparativo entre ambos documentos confirma un grado de coincidencia cercano al 80%, lo que, en su opinión, desmiente por completo el relato del actual equipo de gobierno. “Han tardado dos años para presentar un documento prácticamente calcado al que nosotros ya dejamos redactado y aprobado”, ha señalado el concejal socialista.
En cuanto a la principal novedad de la ordenanza, la regulación del uso de patinetes eléctricos, Ribes ha recordado que ya estaba contemplada en la norma de 2022. A su juicio, el nuevo texto representa una “cobardía política absoluta”, ya que evita tomar decisiones importantes para no generar conflictos, lo que, según afirma, está llevando a una ciudad más colapsada y un centro histórico desprotegido.
Reconocimientos extrajudiciales: más de 30 millones en facturas sin consignación
Por otro lado, el pleno también ha aprobado un nuevo expediente de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) por valor de casi dos millones de euros, lo que eleva el total acumulado desde el inicio de la legislatura a 30.445.512,48 euros.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha recordado que el PP se comprometió en campaña a reducir este tipo de procedimientos, que ahora, según denuncia, utiliza de manera habitual. “Una figura que era ‘maligna’ cuando gobernábamos nosotros, ahora la utilizan sin reparos”, ha reprochado.
Además, el portavoz adjunto, José Luis López, ha criticado el abandono del convenio Xaloc para la creación de oficinas integradas en la Red de Oficinas de Vivienda. La paralización del proyecto ha obligado a iniciar un nuevo expedientetras la caducidad del anterior. López ha subrayado la contradicción del equipo de gobierno, que “votó en contra en su momento y ahora retoma un proyecto que ellos mismos frenaron”.
