La vicesecretaria de Bienestar Social, Elena Vicente-Ruíz, ha valorado que “es justo que los que tienen mayor capacidad económica aporten a la financiación de los centros y los que no tienen no paguen”.
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reunido hoy en la sede del partido a la consellera de Bienestar, Asunción Sánchez Zaplana, con alcaldes y portavoces para explicar la nueva norma puesta en marcha, en aplicación de la normativa estatal sobre las aportaciones de los usuarios al coste de los servicios públicos de discapacidad y dependencia. La reunión ha contado con el apoyo del presidente provincial del Partido Popular de la provincia de Castellón, Javier Moliner, y de la secretaria general, Isabel Bonig.
Durante la cita se ha puesto de relevancia que los usuarios de los centros de atención a personas con discapacidad, sean o no dependientes, participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica individual, tal y como establece la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno Socialista, en su artículo 33. Asimismo, la consellera ha reiterado que “ningún usuario quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos”.
La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará de forma progresiva, mediante la aplicación de fórmulas acordadas por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Dependencia y publicadas en Resolución de la Secretaría de Estado en julio de 2012.
La vicesecretaria de Bienestar Social, Elena Vicente-Ruíz, que también ha participado en el cónclave, ha defendido que “es un principio de justicia distributiva que los que tienen mayor capacidad económica aporten en mayor medida, y los que menos tienen paguen menos, así como que los que no tengan capacidad económica puedan recibir los mismos servicios sin realizar aportaciones. El sistema de bienestar debe defender siempre a las personas que menos recursos tienen y esta norma así lo contempla, garantizando así la sostenibilidad y eficacia del sistema de atención. Es lamentable que se utilicen temas tan delicados para la generación de bulos inciertos”.
Asimismo, durante la reunión se ha explicado que la Generalitat ha incrementado en sus presupuestos para 2014 la partida destinada a la subvención de centros de atención a la discapacidad en un 3’6% respecto al año anterior, pasando de 65 millones en 2013 a más de 68 este año.
Por último, se ha destacado que de los 7.100 usuarios de centros que han recibido resolución de la Conselleria, el 30% queda exento de realizar aportación al coste del servicio. A ellos se suman los 1.800 menores usuarios de Centros de Atención Temprana, que tampoco aportarán al no tener capacidad económica individual. En total, cerca de 4.000 usuarios de centros queda exento de hacer aportaciones económicas.
