El grupo socialista denuncia el rechazo a unas medidas avaladas por informes jurídicos y dirigidas a reducir el impacto de la subida de la tasa de basura y aliviar la presión fiscal sobre las familias
El Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno de Castelló de rechazar en bloque sus propuestas a las ordenanzas fiscales de 2026, un paquete de medidas con el que el PSPV pretendía frenar el impacto del denominado 'Basurazo de Carrasco' y ampliar las bonificaciones para las familias. Los socialistas sostienen que los informes jurídicos avalaban la legalidad de todas sus alegaciones y señalan que el PP y Vox han optado por mantener sin cambios unos tributos que, según denuncian, vuelven a cargar sobre los hogares castellonenses.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha explicado que el gobierno municipal justificó el rechazo alegando “un problema de fechas”, ya que aceptar las propuestas obligaría a modificar las ordenanzas, volver a exponerlas al público y aprobarlas en un nuevo pleno. Puerta considera que esta explicación evidencia “el caos organizativo” del ejecutivo local y su falta de voluntad para negociar con la oposición.
Según ha trasladado, el PSPV interpreta esta actitud como “un desprecio a los vecinos y vecinas”, afectados por la incapacidad del PP y Vox para gestionar la tasa de basura. Puerta sostiene que la alcaldesa rehuye cualquier enmienda “que la deje en evidencia”, pese a que el soporte jurídico avala todas las iniciativas socialistas.
El grupo socialista presentó la pasada semana unas alegaciones orientadas a ampliar bonificaciones y mitigar el impacto económico del incremento de la tasa previsto para el próximo año. Entre las medidas destacaba la propuesta de vincular la cuota al consumo de agua y al número de residentes en cada vivienda, un criterio que, según el PSPV, se ajusta a la Ley 7/2022 de Residuos, que obliga a implantar un sistema de pago por generación real de residuos. El partido critica que la implantación en Castelló no sea progresiva y que se haya aplicado de forma generalizada, lo que ha provocado una de las subidas más elevadas del Estado.
En materia de bonificaciones, el PSPV planteaba reforzar las reducciones a personas arrendatarias, incluir a familias numerosas en alquiler en la bonificación del 60 %, y extender los beneficios para quienes utilizan los ecoparques a hogares monoparentales, monomarentales y personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad.
Las alegaciones también incorporaban propuestas fiscales en el IBI y el ICIO. En el IBI urbano, los socialistas sugerían reducir el tipo en una proporción equivalente al incremento de recaudación derivado del “Basurazo”, mientras que en el IBI rústico reclamaban una rebaja del 0,60% al 0,58%. Para el ICIO, planteaban reducir el gravamen del 3% al 2,6%, una rebaja del 13,33%, respaldada por la estabilidad jurídica del Plan General de Castelló y orientada a dinamizar la economía local.
Puerta ha insistido en que todas estas propuestas se ajustan plenamente a derecho y benefician directamente a la ciudadanía, pero lamenta que el gobierno local prefiera “pasar el rodillo” antes que negociar unas ordenanzas fiscales más justas.
