El equipo de gobierno de la Vall d'Uixó podría estar incurriendo en un delito de prevaricación
Castellón Información
Un informe de una funcionaria del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, de fecha 29 de julio de 2017, aconseja al equipo de gobierno de PSOE, EU y Compromís la resolución del contrato que el consistorio mantiene con la empresa encargada del servicio de recogida de basura y limpieza viaria.
La portavoz del Partido Popular, Elena Vicente-Ruiz, señala que "en el informe la técnico habla de 14 incumplimientos y, aunque dice que algunos se han subsanado, hace referencia a un número ingente de sentencias que dan la razón a la empresa porque el procedimiento administrativo no se ha hecho siguiendo la normativa vigente".
Para los populares, "los más sorprendente es que venimos preguntando desde el inicio de legislatura qué pensaba hacer el tripartito contrato porque PSOE e IU en la anterior legislatura pedían de forma insistente que resolviéramos el contrato porque la empresa lo estaba incumpliendo".
En el informe al que el PP ha tenido acceso, la funcionaria asegura que hay que iniciar expediente de resolución porque hay incumplimiento esenciales del contrato que hacen que se aboque a esta solución, porque no es posible ninguna otra.
Sin embargo, la única explicación de la alcaldesa socialista Tania Baños a las preguntas del PP en el último pleno es que la empresa "incumple pero menos", por ello Elena Vicente-Ruiz se pregunta si esta es una explicación coherente por parte de una persona licenciada en económicas. "No nos parece una respuesta seria".
Para Elena Vicente-Ruiz que el tripartito podría incurrir en un delito de prevaricación al hacer caso omiso al informe de la técnico municipal que pide que se resuelva el contrato. Por ello, y vista la oposición frontal que hicieron PSOE y EU durante la anterior legislatura, exigiendo al PP que resolviera el contrato, "queremos saber qué opinión tiene ahora el PSOE e Izquierda Unida porque Antoni Llorente ha cambiado de criterio y se ha doblegado a la silla del poder".
Los populares señalan que el problema actual no es solo administrativo sino que "puede ser un problema penal, porque si hay un documento que dice que hay que resolver, se puede incurrir en prevaricación".
Cabe recordar que PSOE e Izquierda Unida presentaron una querella contra Óscar Clavell por firmar unas facturas a esta empresa por los trabajos realizados.
