Los senadores populares defienden una iniciativa para reactivar en el Congreso una modificación legal aprobada por la Cámara Alta en 2024 y paralizada desde entonces
El Partido Popular de Castellón (PPCS) ha defendido este miércoles en el Senado una iniciativa para reclamar el desbloqueo de la modificación de la Ley de Costas de 1988, una propuesta aprobada por la Cámara Alta el 12 de marzo de 2024 y que, según denuncian los populares, permanece paralizada en la Mesa del Congreso.
La iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección de las viviendas históricas y singulares situadas en el litoral castellonense, especialmente en municipios como Moncofa, Xilxes, Oropesa y Cabanes, donde existen núcleos tradicionales afectados por la normativa de costas.
El vicesecretario provincial del PPCS y alcalde de Moncofa, Wences Alós, participó en la sesión junto a los alcaldes de Xilxes y Oropesa, Ismael Minguet y Rafael Albert, así como la concejala de Cabanes Ana Obiol. Todos ellos acudieron al Senado para respaldar una propuesta que, según defendieron, busca garantizar la conservación de viviendas que forman parte del patrimonio histórico de estos municipios.
Una reivindicación que se remonta a 2022
La protección de estas construcciones no es una cuestión nueva en el debate político. El PP recordó que en abril de 2022 ya se presentó una iniciativa similar en el Senado para modificar la legislación vigente, aunque aquella propuesta no prosperó al no obtener los apoyos suficientes.
Dos años después, en marzo de 2024, los populares volvieron a llevar la propuesta a la Cámara Alta, donde fue aprobada gracias a su mayoría parlamentaria. Sin embargo, según sostiene el PPCS, la tramitación continúa pendiente en el Congreso de los Diputados.
Los representantes populares criticaron la falta de avances en la tramitación y reclamaron al Gobierno central que permita continuar el debate parlamentario sobre la modificación legislativa.
Críticas al Reglamento General de Costas
Durante el debate, el PP también mostró su rechazo a la reforma del Reglamento General de Costas, al considerar que incorpora cambios normativos relevantes sin el suficiente consenso entre administraciones, propietarios y sectores económicos vinculados al litoral.
Wences Alós defendió la apertura de espacios de diálogo para abordar las modificaciones normativas que afectan a la costa y pidió una mayor participación de los agentes implicados antes de aprobar cambios regulatorios.
Según el dirigente popular, la incertidumbre generada por estas reformas afecta tanto a los ayuntamientos como a los propietarios y actividades económicas relacionadas con el litoral.
Debate abierto sobre la protección del litoral
La situación de las viviendas tradicionales ubicadas en dominio público marítimo-terrestre continúa siendo objeto de debate entre administraciones, propietarios y organizaciones medioambientales. Mientras los afectados reclaman mecanismos que permitan preservar construcciones históricas, las administraciones competentes deben compatibilizar esta protección con la normativa estatal de conservación y recuperación del litoral.
