José Benlloch ha anunciado la posibilidad de recurso, pero ha reconocido que los técnicos estudian la modificación de las bases
El Grupo Socialista en la Diputación de Castellón amenaza con presentar recurso y llevar los Planes de Obras y Servicios a los tribunales si no se contemplan los municipios de más de 20.000 habitantes. En la actualidad, ha reconocido su portavoz, Jose Benlloch, los técnicos reestudian las bases para su modificación después de haber comprobado la existencia de defectos de forma.
Esperanza Molina/Castellón Información
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincia, José Benlloch, ha denunciado en rueda de prensa la arbitrariedad del Gobierno de la institución provincial a la hora de planificar las inversiones previstas en los Planes de Obras y Servicios, que en esta ocasión incrementarán su cantidad y estarán dotados con 7,8 millones de euros.
Benlloch ha calificado de arbitraria y manipuladora la actitud del Gobierno de la Diputación, que se basa, para lo que quiere, en la Ley de Reforma de las Administraciones, para condicionar las subvenciones regladas de la Diputación.
Las bases, que se aprobaron en el pasado pleno, manifestó José Benlloch, adolecen de numerosos defectos de forma. Entre ellos, se remiten a los datos de población del año 2014, que se habrían modificado sustancialmente en el 2015.
El equipo de Gobierno de la Diputación, añade, ha condicionado las ayudas a los municipios con una población por debajo de los 20.000 habitantes. Esta posición, lejos de poder ser considerada como solidaria, lo que hará es fomentar enfrentamientos y críticas entre los municipios.
Baste poner como ejemplo, apuntaba, que el Ayuntamiento de Vila-real, que él preside, aporta más de 1,5 millones a los fondos de la Diputación. Esto es desde un sentido de solidaridad con los municipios más pequeños. Pero si las inversiones de Diputación en su colaboración con estos municipios, que son los que más aportan, no contemplan algún tipo de compensación, haciéndolos partícipes de los planes de Obras Y Servicios, a medio plazo estos municipios de mayor volumen protestarán y acabarán enfrentándose al resto de la provincia, al considerar injusta su participación tal y cómo los contempla la Diputación.
José Benlloch ha señalado, en este sentido, que la mayor parte de la inversión de la Diputación es arbitraria y no se ajusta a datos objetivos. Curiosamente, añade Benlloch, y aunque la Ley de Reforma Local lleva ya dos años en vigor, no ha sido sino hasta este año, cuando los populares la han utilizado para justificar la falta de inversiones en los municipios más grandes.
Y esta actitud, manifiesta Belloch, alcanza su lógica después de las pasadas elecciones, porque esos municipios, que hasta ahora si eran dignos de recibir ayuda por parte de Diputación, cuando eran gobernados por el Partido Popular, ahora, que tienen gobiernos de izquierda, ya no tienen derecho a ellas.
La protesta de los municipios se ha puesto sobre la mesa tras conocer el listado de la inversión e los Poys en la provincia de Castellón.
Los números apuntados por el portavoz socialista señalan, que el PP en la Diputación destina 1,9 millones de euros, el 80% de sus fondos, a través de convenios singulares a los municipios gobernados por el PP; y reduce el resto, el 20% al resto de los municipios donde no gobierna.
La Diputación provincial, afirmaba Benlloch, “se encuentra secuestrada por el Partido Popular”. Con las reglas que hoy quiere aplicar el PP de Moliner, en la Diputación, matizó Benlloch, sobrarían todos los representantes de los municipios con mayor población, incluido el cargo de presidente de Javier Moliner, concejal por el Ayuntamiento de Castellón.
En la actualidad, ha reconocido Jose Benlloch, los técnicos de Diputación están reestudiando las bases de los Poys que se aprobaron en el pasado pleno. Su aplicación sobre la población el 2014, registrada por el Instituto Nacional de Estadística, sería contraria a derecho y plantearía un defecto de forma, que propiciaría por sí solo, que el recurso del PSOE salga adelante.
La modificación de las bases de los Poys deberá ser aprobada de nuevo en pleno de diputación. Después llegará su exposición pública y periodo de alegaciones.
El PSPV-PSOE de Castellón lo tiene claro, si en la modificación no se tiene en cuenta también a los municipios de más de 20.000 habitantes, seguirán adelante con el procedimiento: alegaciones, recurso e incluso tribunales.
Eso no significaría un retraso en la ejecución de las obras de los municipios que tengan concedidas las ayudas, porque el PSOE no pedirá la suspensión cautelar de los Poys, pero si podría suponer un duro revés para la Diputación, y sin lugar a dudas, pondrá en evidencia la política partidista del Partido Popular.
Benlloch ha hecho una llamada al sentido común y al concepto de unidad de la provincia. El peso de Castellón en el ámbito nacional es muy pequeño, la única forma de poder conseguir reivindicaciones, es estar unida, y la política del PP no contribuye a esa unidad, enfrentando a los municipios grandes y pequeños.
