Gabriela Bravo anuncia que dedicará todos los recursos de la Conselleria de Justicia e Interior para luchar contra el terrorismo machista
Castellón Información
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves en el pleno de Les Corts que "todos los recursos, proyectos, imaginación y trabajo" de su departamento se dedicará a luchar "contra el terrorismo machista" porque "no podemos consentir que la estadística de la infamia siga aumentando" en referencia a las 1.023 mujeres asesinadas desde el año 2003, 40 de ellas en lo que llevamos de año, de las cuales, seis fueron en la Comunitat Valenciana.
La consellera ha comparecido en el Parlamento valenciano para explicar la hoja de ruta de su departamento para esta X Legislatura en la que la Conselleria de Justicia tiene una responsabilidad esencial en la prevención y protección de las víctimas de la violencia machista "y para ello trabajaremos en mejorar los mecanismos de respuesta institucional en el ámbito judicial".
En este sentido, la consellera ha anunciado que para proteger mejor a las mujeres, la Generalitat desplegará a los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional para que protejan durante las 24 horas a aquellas mujeres con riesgo extremo de sufrir una agresión, si así lo determina la autoridad judicial y ella lo consiente.
Esta medida se complementará con otras como la solicitud al Ministerio del Interior de que se abran otras tres oficinas especializadas en denuncias de violencia de género en Alicante, Castellón y Elche como la que ya funciona en la Ciudad de la Justicia de València. En esta instalación, desde su apertura hace cinco meses, se ha atendido a 257 mujeres, de las que 137 han interpuesto las correspondientes denuncias que no han sido retiradas.
Además, la Generalitat facilitará de manera gratuita el traslado de las víctimas y sus descendientes desde sus domicilios a las dependencias judiciales o a los servicios sociosanitarios, asistenciales o psicológicos.
La consellera también ha recordado que, en el seno de los institutos de medicina legal, "hemos puesto en marcha doce unidades de valoración forense integral del riesgo, desplegadas en todo el territorio, que facilitarán a los juzgados los informes necesarios para adoptar las medidas de protección y cuyo número y dotación material y personal será incrementado atendiendo a las demandas de los juzgados".
Gabriela Bravo ha asegurado que seguirá "en el empeño de que todos los colegios de abogados y de procuradores de la Comunitat Valenciana cuenten no solo con un turno de oficio especializado en Violencia de Género, sino que además tenga carácter exclusivo", es decir, que un mismo letrado no pueda defender a un presunto maltratador tras haber atendido a una víctima de maltrato.
"Desde la Generalitat nos estamos dejando la piel en esta batalla, invirtiendo y dotando de más y mejores recursos públicos. Y esto no es un mero eslogan porque no hay ninguna autonomía que dedique tantos medios para luchar contra el terrorismo machista como la Comunitat Valenciana", ha dicho.
Un gran pacto de Estado y mejoras en la Justicia
Gabriela Bravo ha reivindicado un gran Pacto por la Justicia estatal dado que la democracia española "tiene pendiente una deuda con la Justicia puesto que es el único servicio público esencial en el que no se ha abordado una reforma en profundidad" ya que "seguimos con un modelo judicial obsoleto, que fue diseñado a finales del siglo XIX".
Esta estructura arcaica, según la consellera, "lastra la acción de las siete comunidades autónomas que tenemos competencias en materia de Justicia" con lo que las iniciativas y proyectos de la Conselleria de Justicia que se pondrán en marcha durante los próximos cuatro años "redundarán en una Justicia valenciana mejor, pero no en la mejor".
No obstante, Gabriela Bravo ha anunciado que, pese a esas dificultades, esta legislatura se completará el Plan de Infraestructuras Judiciales que supondrá la construcción de nuevos juzgados en Alicante Villajoyosa, Alzira, Llíria, Gandía, Orihuela, Xàtiva y Torrent, cuyos proyectos de obra están ahora mismo en licitación o redacción. A esto, hay que sumar otros dos nuevos palacios de justicia en Sagunto y Villena, y también se llevará a cabo tanto la rehabilitación integral de los juzgados de Ontinyent, Vinarós y Torrevieja como la del edificio de la Real Casa de la Aduana, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La consellera también ha asegurado que en esta legislatura "exigiré al Ministerio de Justicia la creación de 40 nuevas unidades judiciales, 10 cada año hasta 2022, porque la Comunitat Valenciana necesita ampliar su planta judicial". Y esta reclamación "la hacemos hoy, la haremos mañana y la haremos hasta que la consigamos, gobierne quien gobierne", ha dicho.
Según Gabriela Bravo, "tampoco olvidaremos al Turno de Oficio de Abogados y Procuradores que, una vez que han recuperado unas retribuciones dignas en esta legislatura, verán como en 2020 serán los mejor pagados de todas las comunidades autónomas cuando revisemos los módulos y bases de compensación económica.
Para la consellera Bravo "estas iniciativas, demuestran que este Consell cree en la dimensión social de la justicia". De ahí que haya anunciado que se crearán más unidades de asistencia social para Alicante, Castellón y Elche como la que ya existe en la ciudad de la Justicia de Valencia y que se puso en marcha a iniciativa de la Conselleria.
Función pública
En materia de Administración Pública, la consellera ha anunciado que esta legislatura será la de la transformación digital de la Función Pública valenciana para adecuarla al siglo XXI. En este sentido tendrá especial importancia la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa, que tendrá como objetivo la reducción de los trámites en un 20 por ciento .
Además, Bravo ha defendido la necesidad de contar con una administración eficaz, moderna y profesional "para ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos". Para ello, ha recordado que hay que acabar con el envejecimiento de las plantillas y con la alta interinidad y, para eso "ya están en marcha los procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo de 2016 y 2017 y, cuando se ejecuten las de 2018 y 2019, la Administración contará con 6.023 nuevas plazas". A ellas se añadirán las convocatorias de a partir de 2020 en las cuales se generarán el máximo número de puestos que permitan las tasas de reposición. Todo ello, según la consellera, "se hará con fiel respeto a cuatro principios: diálogo, participación, transparencia y consenso" por lo que "es tan importante la nueva Ley de la Función Pública Valenciana que supondrá la adecuación de la Administración Autonómica al siglo XXI".
Seguridad y Emergencias
En materia de Interior, Gabriela Bravo ha lamentado que hoy en día la Unidad Adscrita cuenta con sólo 392 efectivos pese a que el convenio con el Ministerio del Interior recogía que debían ser 500. Por ello, la consellera ha asegurado que va a exigir al Gobierno central que "en los próximos dos años, aumente la transferencia de personal hasta volver a los 500 estipulados y que se aumente progresivamente a 600 hasta el año 2023".
Este contingente será necesario, según la consellera, para luchar contra la despoblación que amenaza a las comarcas de interior ya que la Generalitat "desplegará a la Unidad Adscrita en aquellas poblaciones que, en situaciones puntuales de aumento de la delincuencia y que carezcan de comisaría de Policía Nacional, Cuartel de la Guardia Civil o Cuerpo de Policía Local insuficiente, precisen de mayor presencia policial".
