Ha sido convocado por la alcaldesa con el apoyo de todos los concejales de PP y Vox para aprobar una moción similar a la de Diputación
El pleno extraordinario anunciado por la alcaldesa de Castellón ya tiene fecha. Se celebrará el viernes, a las 11:00 horas de la mañana. Ha sido solicitado con el respaldo de todos los concejales de PP y VOX. Se ampara en la potestad de la alcaldesa y someterá a votación una moción similar a la aprobada por la Diputación, en defensa de la Constitución y contra la amnistía.
El Ayuntamiento de Castellón también celebrará pleno extraordinario para condenar los acuerdos de PSOE y Junts y en contra de la amnistía. Ya se había anunciado, la novedad ahora es que tiene fecha: será el próximo viernes, a las 11:00 horas de la mañana.
Pleno con un único punto en el orden del día y su debate correspondiente.
Lo curioso, en este caso, es que el reglamento municipal es mucho más estricto que el de otros órganos e instituciones.
¿Por qué no esperar al pleno ordinario?
El equipo de gobierno no podía esperar al pleno ordinario de este mes. Por una parte, porque todavía está calentita la movilización convocada el pasado domingo en la plaza de la muralla y la indignación ciudadana. Había que aprovechar el momento.
Por otra, porque el PSOE ya ha inscrito su ley de amnistía para los defensores del ‘Procés’ de Cataluña, en la que básicamente se borra la memoria de todo lo acontecido en el referéndum y declaración de independencia de 2017. Una amnistía, que también se quiere extender a cuantos generaron los desórdenes en la calle y agredieron a las fuerzas de seguridad…
Y aunque no se recoge explícitamente, el cuestionamiento de los jueces también queda implícito en el texto, salvo que se llevará a cabo a través de las comisiones parlamentarias… Como se descuiden, los cuerpos de seguridad que le pararon los pies al ‘procés’ pueden hasta ser imputados por haber defendido el orden público; y los jueces se verán cuestionados y con obligación de defender que hicieron o dejaron de hacer…
Pero, además, esta ha sido la única vía posible para que el equipo de gobierno presente y debata su moción en pleno.
El reglamento municipal impide que se tramite como moción, en un pleno ‘normal’, un acuerdo que no afecte de forma directa al poder de decisión y ejecución municipal. En estos casos se abre la posibilidad de que se presenten declaraciones institucionales… pero para ello, el texto que se quiere llevar a pleno debería estar consensuado por todos los grupos políticos municipales.
Lógicamente, ni PSOE ni Compromís hubieran apoyado un texto que va contra sus propios principios políticos que respaldan a Pedro Sánchez y al ‘procés’ catalán.
Solo quedaba esta vía, la convocatoria de un pleno extraordinario que, según el reglamento municipal, solo puede ser convocado por la alcaldesa, o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
Este ha sido el caso, la solicitud de pleno está firmada por todos los concejales del Partido Popular y de VOX, que suman mayoría absoluta, y ha sido convocado por la alcaldesa.
Luego, la oposición podrá cuestionar, o no, si la fórmula es la más adecuada. O como ha sucedido en Diputación y han denunciado PSOE y Compromís, si se ‘utiliza’ la institución para una declaración política.
Lo cierto, es que la moción que ha aprobado diputación volverá a presentarse de forma similar en el Ayuntamiento de Castelló.
Un texto que hace tan solo unos meses nadie hubiera considerado como urgente y necesario… ¿Quién podría haber imaginado con las promesas electorales realizadas que el PSOE, que exigía la entrega de Puigdemón a la justicia, le ponga ahora una alfombra roja y le ofrezca la amnistía con sus mejores deseos de amistad?
Debate habrá, eso no hay quien lo dude… otra cosa es el tono que se emplee… porque lo cierto es que los ánimos, tanto en la calle como en las instituciones están muy pero que muy alterados.
Si el lector tiene dudas o quiere conocer el texto, aquí lo tiene:
Solicitud convocatoria pleno extraordinario por la igualdad de todos los españoles.
Los concejales del Grupo Municipal Popular, con NIF xxxx, Begoña Carrasco García, Sergio Toledo Llorens, Juan Carlos Redondo Gamero, Noelia Selma Andreu, Francisco Cabañero Catalán, Ester Giner Hidalgo, Vicent Francesc Sales i Mateu, María España Novoa, Cristian Ramírez Martínez, María del Carmen Hurtado Palomo y María Clara Adsuara Pitarch; y los concejales del Grupo Municipal Vox, con NIF xxxxx, Antonio Ortolá Ortolá, Luciano Ferrer Pons, Alberto Vidal Guerrero y Arantxa Miralles Benages,
Exponen
1º.- Que el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local establece que “…Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.”, en el mismo sentido se expresa el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Pleno y de sus Comisiones de este Ayuntamiento.
2º.- Que el mismo artículo 46.2 de la LBRRL determina que “ningún concejal podrá solicitar la celebración de más de tres sesiones extraordinarias cada año”.
3º.- Que los solicitantes de la convocatoria de este pleno extraordinario cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa legal y reglamentaria citada.
4º.- Que nuestra Constitución, en su Preámbulo, y para establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos integran la nación española, proclama la voluntad del pueblo español de garantizar la convivencia democrática, dentro de la propia Constitución y conforme a un orden económico y social justo, asegurando el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
5º.- Que en una sociedad democrática avanzada, es la Constitución y su cumplimiento lo que garantiza la convivencia; que todos los ciudadanos compartan una misma atmósfera de libertad e igualdad; el respeto a las reglas de juego previamente acordadas; y la pluralidad, resolviendo mediante el diálogo las diferencias que de ella se derivan.
6º.- Que los partidos democráticos están obligados a trabajar en favor del interés general de la sociedad a la que representan desde su respectiva opción ideológica y a través de los cauces que la Constitución establece. Es decir, si hablamos de convivencia, todos los partidos deben someterse al compromiso cívico de preservar las condiciones políticas que más puedan favorecer la concordia social, que no es otra cosa que la convivencia en libertad e igualdad.
7º.- Que se ha producido un radical giro estratégico del PSOE en materia de pactos, consistente en despreciar aquellos que puedan favorecer políticas de Estado y la convivencia dentro del orden constitucional, para centrarse exclusivamente en los acuerdos de transacción política con cualquier partido dispuesto a proporcionarle apoyos parlamentarios, incluidos aquellos partidos cuyos líderes han sido expresamente condenados por los tribunales por alterar gravemente la convivencia al incumplir el ordenamiento constitucional.
8º.- Que asimismo, esas alianzas han ido, como es comprensible, acompañadas de exigencias cada vez mayores a las que el Gobierno ahora en funciones ha ido sometiéndose por mor de su propia supervivencia política. En la pasada legislatura, modificando el Código Penal para, desprotegiendo a la propia Constitución, eliminar el delito de sedición y rebajar las penas asociadas al de malversación; así como promoviendo y aprobando el indulto -en contra de la opinión del Tribunal Supremo que los condenó- de los líderes independentistas que, de acuerdo con la sentencia de ese Tribunal, trataron de subvertir el orden constitucional.
9º.- Que en la actualidad, tal y como todo parece indicar con el pacto suscrito con Junts, se pretende seguir haciendo nuevas concesiones y dando nuevos privilegios al independentismo con vistas a la obtención de apoyos para su investidura. Ahora, a través de un opaco proceso de negociación política, en que lo que está sobre la mesa es una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.
10º.- Que de manera increíble y desafiante para el sentido común, cada uno de estos pasos dados en manifiesto perjuicio de las condiciones imprescindibles para la convivencia democrática han sido invariablemente justificados por parte del Gobierno. Lo único cierto es que ese recurrente pretexto de la convivencia solo esconde un afán de supervivencia política personal; y que pactar tratos de privilegio con quienes intentaron quebrar el orden constitucional y que, en muchos casos, amenazan con volver a intentarlo- supone un escarnio para la dignidad democrática de los españoles como ciudadanos libres e iguales.
11º.- Que hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Fue un acuerdo histórico, refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a tres siglos de división y enfrentamiento. Un acuerdo que desde su artículo primero reconocía la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo 9 obligaba a los poderes públicos a que las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas y que era necesario remover los obstáculos que la dificultaban.
12º- Que no solo eso, en el artículo 14 se estableció como el primero de los derechos y libertades el que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
13º- Que la igualdad de y entre los españoles es uno de los principios que informan nuestro ordenamiento democrático y unos de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca con el acuerdo de gobierno alcanzado entre los independentistas y el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez.
14º.- Que una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.
15º.- Que las asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de que el pacto alcanzado entre PSOE y Junts per Catalunya supone una evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia recuerdan que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley y critican las referencias del acuerdo a una supuesta "judicialización de la política" que puede dar lugar a acciones de responsabilidad.
16º.- Que además de la ley de la amnistía, el PSOE se ha comprometido a poner en marcha "Comisiones de investigación parlamentarias para examinar causas que vinculan con el "lawfare", es decir, con una supuesta guerra jurídica contra el independentismo. Las asociaciones consideran que esta medida "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales”.
17º.- Que las asociaciones recuerdan el artículo 117.1 de la Constitución, que estable- ce que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales.
18º.- Que una vez más los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Al igual que sucedió en 1978, con generosidad y altura de miras, los partidos mayoritarios debemos poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural.
19º.- Que lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada.
20º.- Que a la vista de todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que los pactos y acuerdos alcanzados afecten a las inversiones y compromisos asumidos por la Administración Central con esta ciudad y el conjunto de nuestra provincia, y ello por la necesidad de destinar mayores recursos a cumplir con los acuerdos alcanzados para propiciar la investidura. Los representantes políticos de este Ayuntamiento, elegidos por todos los castellonenses, queremos mostrar nuestro rechazo a la aprobación de una medida que consagraría la desigualdad ante la ley de los españoles, suponiendo un agravio comparativo entre territorios y, lo que es más grave, entre ciudadanos.
Por todo, ello las y los concejales que suscriben
Solicitan
- La convocatoria de un Pleno Extraordinario. en los términos legales anteriormente expuestos.
- La inclusión en el orden del día de esta sesión extraordinaria de la siguiente propuesta del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Vox, que asumiendo los antecedentes antes expuestos incluya los siguientes Acuerdos:
Primero. - El Ayuntamiento de Castellón organizará actos en conmemoración del 6 de diciembre, Día de la Constitución, para manifestar que la convivencia democrática dentro de la Constitución y la aspiración de la sociedad española en su conjunto que impulsó el pacto de 1978, debe seguir siendo el fin último de la actividad de todos los partidos políticos, tanto como la defensa de la libertad y la igualdad que le son inherentes y del principio de legalidad que la hace posible.
Segundo. - El Ayuntamiento de Castellón dará apoyo a las concentraciones manifestaciones públicas por la convivencia democrática y la consecución de un orden económico y social justo, que sólo son posibles desde el respeto a la Constitución, por lo que no se podrán nunca alcanzar mediante negociaciones políticas para la consecución de una mayoría coyuntural en el Congreso de los Diputados cuando dichas negociaciones afectan a los fundamentos de la Constitución, que es nuestra Norma Suprema de convivencia; sobre todo si los interlocutores de esa negociación son personas acusadas y huidas de la justicia o condenadas por actos de extrema gravedad contra el orden constitucional que, lejos demostrar el mínimo atisbo de arrepentimiento, no dejan de reiterar su intención de volver a repetir sus acciones contrarias a la Constitución.
Tercero. - El Ayuntamiento de Castellón declara su firme voluntad de proteger a aquellos ciudadanos que sean agredidos por la violencia política ejercida por los partidarios de la intentona secesionista en Cataluña de 2017, que no solo supuso un golpe directo contra las aspiraciones de convivencia democrática de los catalanes en particular y de los españoles en general, sino que supuso también el asalto al Palacio Municipal de Castellón, alterando nuestra propia convivencia.
Cuarto. – El Ayuntamiento de Castellón se adhiere al comunicado suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (Ajfv), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) y Foro Judicial Independiente, que considera que el pacto de investidura alcanzado entre PSOE y Junts supone una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Quinto. – El Ayuntamiento de Castellón condena rotundamente cualquier forma de violencia que se pueda producir contra las sedes de cualquier formación política y rechaza cualquier tipo de amnistía posterior que otorgue impunidad frente a dicha violencia. En el supuesto eventual de que se produjeran actos de violencia contra las sedes de cualquier formación política de la ciudad, el Ayuntamiento de Castellón colaborará con las autoridades y administraciones competentes para identificar y perseguir a las personas responsables y exigir la reparación de los daños causados.
Sexto. – El Ayuntamiento de Castellón se compromete a no financiar actos de entidades que pongan en riesgo los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Los castellonenses somos iguales en oportunidades al resto del conjunto de la ciudadanía española.
Séptimo. – El Ayuntamiento de Castellón se compromete a seguir trabajando para reclamar al Gobierno que garantice un marco de financiación de Ayuntamientos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad entre los diferentes territorios.
Octavo. - Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.
