Se basan en la premisa de que la caza es motor económico y social de la provincia y ejerce una función de equilibrio en la naturaleza
Castellón Información
El Partido Popular de Castellón elevará este martes al pleno de la Diputación la defensa de la caza con una iniciativa que es fruto de la reunión mantenida por la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, con el presidente de la junta directiva autonómica de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Raúl Esteban Cano, y el delegado de Organización en Castellón, Pablo Molina Camaño.
Sus reivindicaciones “cobran vida en esta propuesta que reivindica la defensa de esta práctica frente a las políticas que la criminalizan”. “La caza es motor económico y social de nuestra provincia y ejerce una función de equilibrio en la naturaleza fundamental, por lo que exigimos que los agentes afectados sean tenidos en cuenta en la redacción del anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales”.
Asimismo, la propuesta también incorpora la demanda “de todos los aficionados al 'parany' para reclamar del Consell la autorización del cesto malla que el TSJ avala y que Ximo Puig veta”. “Reclamamos la sensibilidad que los aficionados a esta modalidad tradicional de caza reivindican y que el presidente del Consell bloquea para que Compromís no le mueva la silla. Antes que su presidencia está la justicia”, ha manifestado David Vicente.
El diputado provincial del PPCS confía en que la iniciativa prospere “sobre todo después de que el PSOE la apoyara en Almassora. Deseamos que el voto favorable del diputado provincial del PSOE, Santiago Agustí, se replique este martes 23 en pleno como lo hizo el pasado lunes 15 en Almassora”.
En todo caso, desde el PPCS, advierte David Vicente, “vamos a seguir ejerciendo de altavoz de los 12.000 cazadores federados de la provincia de Castellón”. “Reclamando su actividad como garante de equilibrio y vector de desarrollo y prosperidad solo criticado por aquellos que ignoran su esencia y practican un ecologismo de salón”. Y reivindicando “la intercesión de la Diputación como el gobierno que debe ejercer de altavoz de las demandas del territorio, al que reclamamos se escuche y atienda y no se silencie”.
