La Constitución Española de 1978 fue el intento histórico para lograr una España que aspiraba a la igualdad de derechos y libertades pero que, visto lo visto, debía ser mejorada. Tras varios retoques, hoy sigue siendo discriminatoria para los ciudadanos valencianos porque, a diferencia de otras comunidades, no hemos recuperado plenamente el derecho civil propio que en nuestros fueros se contemplaba, ni tenemos la financiación al mismo nivel que la mayoría de las comunidades.
Ahora estamos ante una nueva oportunidad, quizás la última. La reforma constitucional avanza a velocidad de crucero para que la isla de Formentera disponga de un senador propio, lo que abre una ventana para que nuestros gobernantes se suban al barco y aprovechen la misma tramitación en recuperar el derecho civil valenciano. De hecho, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió una carta a les Corts Valencianes el pasado 21 de octubre solicitando la designación de la delegación valenciana. Nos preocupa que, cuatro meses después, aún no se haya tomado la iniciativa de someter a votación del pleno de les Corts la elección de los defensores de nuestra capacidad legislativa civil ante el Congreso, pese a existir una propuesta en firme de tres diputados.
Sería una decisión de justicia reparadora ver restaurada una competencia que conecta directamente con nuestra historia jurídica. La recuperación del derecho civil valenciano no supondría darnos un privilegio, sino igualarnos a otros ciudadanos que sí tienen el derecho a legislar según sus costumbres y normas históricas. Para el sector agrario, sería especialmente beneficioso en materia de sucesiones, mediante normas hereditarias modernas y adaptadas a nuestra realidad que faciliten la pervivencia y transmisión de empresas familiares, entre otras cosas.
Los valencianos siempre hemos actuado dentro del marco constitucional de buena fe, con diálogo y sin chantajes. Es necesario que nuestros políticos intenten reparar este agravio histórico. Si la Constitución quiere ser fruto del consenso y la justicia, ha de recuperar el derecho civil valenciano que, además, proporcionaría una normativa práctica orientada a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra contribución al desarrollo económico de todos los españoles.
