La fiscalía no solo archiva las querellas sino que indica que Sanidad mantiene las mismas prácticas que denunció
El presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, ha solicitado esta mañana el cese inmediato de la consellera Carmen Montón, después de que la Fiscalía haya archivado las denuncias de Sanidad sobre las facturas del Hospital Provincial. Según el auto de Fiscalía, no existen indicios de prevaricación y no consta apropiación o distracción de caudales públicos. Además Fiscalía señala que las practicas denunciadas siguen produciéndose al día de hoy. Moliner ha pedido a la Consellera que pida perdón y ha solicitado que no se desmantele el Hospital Provincial
Castellón Información/Esperanza Molina
La Fiscalía de Castellón ha archivado las querellas presentadas por el gerente del Consorcio Provincial en representación de la Conselleria de Sanidad por presuntas irregularidades en las facturas del Hospital Provincial de Castellón entre los años 2003 y 2015.
La querella por presuntas facturas y contratos irregulares fue presentada por la Conselleria en junio de 2016. En ella se acusaba a los equipos anteriores que gobernaban el hospital Provincial, de haber pagado por servicios que no se habían prestado, de abonar facturas sin justificar e, incluso, de contratación irregular de algunas de las empresas que prestaron los servicios al centro Hospitalario.
El importe global de las facturase supuestamente no cumplían la legalidad, fue primero de 25 y luego de más de 30 millones de euros.
Dado lo complejo del tema, la Fiscalía de Castellón trasladó el caso a la Fiscalía de Valencia y luego solicitó la ayuda de expertos para poder revisar la documentación aportada por la Conselleria, y que el departamento de Carmen Montón, se negó a facilitar a los representantes de Diputación, titulares del otro 50% del Consorcio.
Esta mañana, el fiscal Jefe de Castellón, José Luis Cuesta, comunicaba el resultado de la investigación realizada por la Sección Especializada de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción y Delincuencia Organizada.
Según indica el documento, la fiscal encargada del caso "propone el archivo de las diligencias al considerar que, del resultado de la investigación practicada, los hechos denunciados pudieran constituir irregularidades administrativas y contables, pero no delitos de prevaricación o malversación por las que inicialmente se incoaron las presentes diligencias". Y concluye que: "en el presente supuesto, no consta ninguna apropiación o distracción de caudales públicos, que únicamente podía haberse producido en el supuesto de que las facturas fuesen ficticias y no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados, circunstancia que no resulta acreditada en el presente caso".
Pero además, el auto del Fiscal añade en otro apartado que: "En el informe de auditoria relativo al año 2016 (en el que ya se había producido un cambio de Gobierno en la Generalitat, al frente de Sanidad y del Consorcio hospitalario), realizado por la Intervención e la Generalitat... se pone de manifiesto que alguna de aquellas prácticas irregulares que se denunciaron, continúan produciéndose y, por esta razón, realiza una serie de recomendaciones que, como ahora, debían haberse seguido en el periodo de tiempo denunciado".
Cese de la Conselleria de Sanidad
El presidente de la Diputación Provincial de Castellón, titular del 50% del Consorcio Provincial, Javier Moliner, ha manifestado esta mañana, que el fiscal ha dado la razón a la Diputación, al archivar estas diligencia. Con este documento, ha dicho Moliner, se certifica lo que Diputación dijo en todo momento, que la denuncia era política y falsa, utilizada por la consellera Carmen Montón como una estrategia electoral en la campaña electoral a las elecciones nacionales convocadas el pasado mes de junio de 2016.
Moliner ha acusado a la consellera de irresponsabilidad y de mala fe manifiesta. Sobre este particular ha recordado que tanto Carmen Montón como los dirigentes socialistas se pasearon por los medios de comunicación de todos los ámbitos, con estas denuncias que hoy han resultado ser oficialmente falsas. El objetivo final de la consellera, ha indicado, no era otro que crear una pantalla de humo para que no se viera lo que realmente estaban haciendo: desmantelar el Hospital Provincial de Castellón.
Moliner pide que cese esta campaña de acoso y derribo del Hospital Provincial, denuncia cómo se han multiplicado las listas de espera, la renuncia de sus profesionales, los servicios que no se prestan y la fuga de talentos.
El presidente de Diputación ha indicado que Carmen Montón debería pedir perdón por toda su campaña, llena de denuncias, calumnias y falsedades, por utilizar su cargo público con fines políticos Y en base a todo esto, ha solicitado el cese inmediato de la consellera Carmen Montón, porque ni la sanidad de Castellón ni la de la Comunitat Valenciana se merecen esto.
El gerente del Consorcio se justifica
Las declaraciones del gerente del centro hospitalario no se han hecho esperar, Ximo Sanchís señala al respecto que "El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló detectó irregularidades relacionadas con la facturación emitida al Consorci por parte de, entre otras, las empresas PIAF y TELECSO durante los años 2003 y 2015. La facturación irregular alcanzó en total los 33 millones de euros."
Apuntando que "ante estos hechos, que suponen una transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública, entre otras normas, y que podrían ser constitutivos de delito, el Consorci, como es su obligación ante la sospecha del mal uso de dinero público, remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón.
A ello se suma que PIAF está implicada en el caso Gürtel de financiación irregular del PP. De hecho, el que fuera su consejero ha admitido financiar irregularmente al partido a cambio de la concesión de obras".
Por todo ello, desde el Consorci se insiste en que "en nuestra obligación de control del dinero público y en la gestión, y nuestro compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el buen uso del dinero público, tal y como se ha procedido en este caso".
